El Gobierno sólo ha ejecutado una cuarta parte de los 401 millones de fondos europeos destinados a la prevención de incendios y gestión forestal desde 2022.
De los más de 310 proyectos previstos, sólo se han realizado actuaciones en unos 120, quedando pendientes 190 planes que suponen 295 millones de euros por invertir.
Las comunidades autónomas han gestionado el 58% de los fondos ejecutados, mientras que el Estado sólo ha gestionado directamente 28 millones.
La AIReF alerta de la falta de datos fiables para evaluar el verdadero coste fiscal de los incendios, que entre 2005 y 2025 ha sido de 615 millones de euros.
Todo es poco a la hora de asignar medios a la extinción de los terribles incendios que asolan España. Pero eso no obsta para que haya datos que aún sorprendan más en plena tragedia: España apenas ha gastado una cuarta parte de los 401 millones de fondos UE destinados a extinción de incendios y gestión forestal desde 2022.
Tanto los datos de la AIReF como los de la Intervención General del Estado (IGAE) hasta junio dejaban ver una ejecución de entre 103 y 106 millones de euros en estos años, entre los ministerios de Defensa y Transición Ecológica. Es decir, que en plena ola de incendios, apenas se había gastado uno de cada cuatro euros de las ayudas de la UE para gestionar montes y evitar incendios.
Un repaso del Observatorio del Plan de Recuperación que ofrece la AIReF, recién actualizado al primer semestre del año, deja ver que apenas se han ejecutado los fondos asignados a unos 120 de los más de 310 proyectos que incluyen las actuaciones. Esos 190 planes restantes suponen una inversión de otros 295 millones, pendiente de realizar.
Modernización de aviones anfibios, camiones autobomba, todoterrenos, pistas, cortafuegos, limpieza de montes, sistemas de detección y hasta la recuperación del hábitat del urogallo y la plantación de alcornoques. A un mes del fin de los Fondos, no han llegado a las dos terceras partes de los proyectos.
Este capítulo se incluye dentro del componente cuarto del Plan de Recuperación (Ecosistemas y Biodiversidad), dotado con 1.643 millones, que se subdivide en cuatro líneas de inversión, una de las cuales es prevención de incendios y gestión forestal.
No se puede colegir de este retraso en la ejecución de las inversiones en prevención de incendios que se hubieran evitado los siniestros que azotan nuestro país. Ni siquiera los que pueden venir detrás. Pero sí que hubieran servido para frenar o paliar sus efectos devastadores.
También es cierto, tal y como ha denunciado la oposición del PP en algunas ocasiones, que el hito del componente cuarto se suavizó mucho al renegociar la adenda de los Fondos Next Generation en 2023.
De hecho, en el inicio se apostaba sobre todo por los medios aéreos (aviones y helicópteros) para luchar contra el fuego. Ese hito se cambió por cuestiones más genéricas y fáciles de justificar, centradas en la digitalización, la cartografía y la recuperación de la biodiversidad marina y terrestre.
En el punto concreto de los incendios, se estipula como hito la “finalización de actuaciones de gestión forestal sostenible, incluida la renovación de al menos 100 medios de extinción de incendios con fines especiales y bases de brigadas contra incendios, y la finalización de actuaciones de mejora de los bosques, incluida la planificación de prácticas adaptativas de gestión forestal sostenible y el enriquecimiento de especies".
Si resulta llamativo, con los datos de la IGAE, que las dos mayores cantidades invertidas fueran en 2022 (con un verano devastador) y en 2025, con entre 40 y 50 millones gastados en cada ejercicio. Frente a los seis millones de 2024 o los poco más de tres millones que se llevan ejecutados este año.
De hecho, el mayor de los proyectos eran los 22 millones para la renovación de los diez aviones canadienses, que siguen luchando cada día frente al fuego con cuarenta años de antigüedad. Ese proyecto se mantiene vivo, a pesar de que el concurso, que se abrió en 2022, se ha cancelado cuatro años después por un error de Transición Ecológica al convocarlo.
Fuentes cercanas al caso aseguran que nadie sabe qué va a hacer el Ministerio tras ese fiasco. Lo normal sería que esos 22 millones se reasignaran a otros proyectos dentro del mismo componente y con una finalidad similar.
A partir de ese proyecto fallido de los aviones, hay otro para comprar 40 camiones autobomba por doce millones. El resto son ya actuaciones menores, de entre seis millones y menos de 500.000 euros que se reparten, sobre todo, en las CCAA.
De hecho hasta ahora han sido las autonomías las que se han gastado la mayor parte (58%) de los 106 millones ejecutados en esta línea de inversión, con algo más de 61 millones. El Estado apenas ha gestionado de forma directa 28 millones y el resto han sido entes instrumentales y, en menor medida, las corporaciones locales.
Faltan datos
Desde la AIReF advierten que los datos de su Observatorio sólo recogen licitaciones y subvenciones, y puede haber más inversiones en este capítulo realizadas con otros instrumentos financieros.
Aun así, una de las cuestiones que desde la institución que preside Inés Olóndriz se ha denunciado recientemente es la falta de datos fiables para poder evaluar el coste que para las arcas públicas tienen los incendios.
Es evidente que no hay dinero para pagar a quien lo ha perdido todo con un incendio. Es imposible calcular el valor intangible de las pérdidas que sufren la naturaleza con el fuego.
Pero la única forma de calcular el impacto fiscal de este tipo de catástrofes es seguir las ayudas y compensaciones que otorga el Consejo de Ministros tras declarar zonas catastróficas o como líneas de financiación especiales para la recuperación.
En la opinión que emitió el mes pasado, la AIReF advertía que faltan datos reales para conocer el coste fiscal de los incendios, más allá de lo que el Gobierno instrumenta como ayudas a la reforestación y indemnizaciones.
Entre 2005 y 2025, ese coste fiscal apenas ha sido de 615 millones de euros, muy marcado por grandes incendios como el de Guadalajara de 2005 (con 11 muertos y 12.000 hectáreas quemadas) y el de Galicia de un año más tarde, que se llevó por delante 81.000 hectáreas en quince días.
La superficie quemada este año, cuando no ha llegado todavía el mes de agosto, apunta a que va a ser el año récord en montes devastados. El coste fiscal será mayor, pero el coste humano e intangible será, como siempre, incalculable.