Las claves
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El nuevo fondo soberano 'España Crece', gestionado por el ICO, deberá enviar cada año su estrategia de inversión a Bruselas para su aprobación.
La Comisión Europea fiscalizará tanto la gobernanza como las prioridades inversoras del fondo, ya que está financiado con préstamos Next Generation.
El fondo movilizará 10.500 millones en préstamos y 2.800 millones en ayudas, con foco en vivienda, digitalización, tecnologías avanzadas, infraestructuras y transición ecológica.
El Gobierno espera atraer hasta 60.000 millones en cofinanciación y aportaciones privadas para complementar los recursos públicos gestionados por el ICO.
El nuevo fondo soberano España Crece que el Gobierno ha puesto en marcha, gestionado por el ICO, deberá elaborar cada año una estrategia de inversión y enviarla a Bruselas para su visto bueno, por tratarse de un fondo creado a partir de los préstamos del Next Generation.
Fuentes conocedoras de ese proceso aseguran que el funcionamiento definitivo del plan está pendiente de algunos flecos que negociar con la Comisión Europea, pero la previsión es que todo pueda entrar en funcionamiento en el segundo trimestre de este año.
La asignación prevista de los 10.500 millones de préstamos y otros 2.800 millones más de ayudas a fondo perdido es inmediata, porque están ya en manos del Estado y no van en los dos pagos que quedan pendientes hasta agosto.
Toda la estructura de gobernanza del fondo deberá tener también la aprobación de Bruselas, que ha avalado la creación de este tipo de programas en varios países de la UE, aunque no les hayan llamado fondos soberanos.
El ICO se convierte en un agente financiador e inversor en empresas estratégicas y huecos de mercado a los que no llega la iniciativa privada. Pero deberá poner cada año sus prioridades inversoras en un plan, que será revisado y actualizado desde la propia UE.
"En España no tenemos petróleo, pero tenemos creatividad, voluntad y capacidad de innovación", explicó este lunes Pedro Sánchez en la presentación del fondo, denominado como soberano pese a no proceder del dinero que generan las materias primas básicas, como otros fondos estatales de este tipo.
Vivienda, digitalización, tecnologías avanzadas (IA y computación cuántica), infraestructuras (gestión del agua), seguridad y transición ecológica a todos los niveles son las bases iniciales que se han marcado para el funcionamiento del fondo.
Pero eso exige una mayor concreción en el tipo de operaciones a realizar (préstamos, avales o capital riesgo, entre otras), tamaño de las empresas a las que se dirige, cuantías máximas a arriesgar, etc...
El ICO ya gestiona varias líneas de financiación en alguna de esas materias, como la vivienda y la defensa. Sólo en el área internacional se mueven más de 4.000 millones en operaciones realizadas y la entidad llega a los 11.000 millones en préstamos.
Reto para Illueca
El Gobierno español no oculta que el fondo soberano va a dedicar una parte importante de actividad a la generación de vivienda asequible. Los 23.000 millones que pretende mover cada año son más de la tercera parte de los 60.000 que esperan alcanzar en operaciones de préstamo, inversión y aval.
El presidente del ICO, Manuel Illueca, se ha empleado en primera persona en este proyecto. Fuentes conocedoras de su actividad aseguran que ha analizado y revisado cada detalle de la iniciativa.
Sobre él ha puesto Sánchez la doble responsabilidad que supone el proyecto: mover los 60.000 millones en cofinanciación y aportaciones privadas, a partir de los fondos que ya tiene el ICO. Y lograr que otros fondos internacionales pongan 60.000 millones más.
A vivienda se va a aportar desde el ICO un capital fijo de 2.000 millones de euros. Confiados en multiplicar por siete ese dinero para apalancar proyectos inmobiliarios, la parte pública llegaría a los 14.000 millones.
Hasta los 23.000 previstos cada año para esta parte, los promotores e inversores privados deben poner sobre la mesa 9.000 millones más.
Para animar a Illueca, Sánchez asegura que "los inversores saben que estamos haciendo las cosas bien y se fijan en nosotros. El stock de inversión extranjera directa productiva no ha dejado de crecer y es ya el 41% del PIB, más de 650.000 millones de euros. Eso representa la confianza de los inversores en la economía".
Además de facilitar la inversión en vivienda en "las condiciones más ventajosas de la historia", el Gobierno ha abierto conversaciones con otros fondos soberanos interesados para que acudan a invertir a España.
Una de las claves de esas primeras tomas de contacto es, precisamente, la gobernanza de ese fondo, que nace vinculado al poder político. La revisión anual que haga Bruselas de la estrategia inversora va a ser un aval, sobre todo si las expectativas están tan elevadas como se ha previsto.