Las claves
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Los seis meses que quedan hasta que se acabe el plazo para reclamar los últimos 31.000 millones de fondos Next Generation que faltan por llegar a España no van a ser el paseo triunfal que el Gobierno preveía hace cuatro años.
Aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegure que la nueva adenda final negociada no deteriora la ambición inicial, el recorte de compromisos de inversión que supone y la renuncia a reformas básicas que se ha hecho dejan claro que su alcance es menor de lo que se planteaba.
El PP se ha preocupado de escudriñar una a una las medidas retiradas para las llegadas de dinero a fondo perdido y las reducciones en los préstamos, para aflorar un déficit inversor de 10.000 millones.
La compensación a ese recorte de hasta 60.000 millones en préstamos se queda en un supuesto fondo soberano en manos del ICO de 10.450 millones de euros, para el que se esperan unas expectativas demasiado altas. Pero vayamos por pasos.
Cuánto dinero queda por llegar: la renuncia a la mayor parte de los créditos se justificó porque era más barato conseguirlos en el mercado. Pero eso no oculta que se convocaran hace apenas dos años, sin tiempo de reaccionar.
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Lo que iban a ser 163.000 millones en total (80.000 en ayudas y 83.000 en préstamos), se han quedado en 102.600 millones: aguantan las ayudas a fondo perdido con 79.900 millones y se reducen los préstamos a 22.700 millones.
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Se han recibido desde 2021, en cinco pagos, casi 55.000 millones en fondos no reembolsables y 16.200 en créditos. Faltan por llegar 25.000 millones en ayudas y casi 7.000 en préstamos.
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Los cuatro pagos pendientes se han reducido a dos: uno de 6.000 millones que está a punto de pedirse y otro final de los más de 25.000 restantes para agosto.
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Hay un periodo de dos meses más para cumplir las condiciones estipuladas (octubre) y de cuatro para recibir el dinero (diciembre).
Guerra de cifras. Las diferentes formas de contabilizar la ejecución de los fondos ha generado cierta ceremonia de la confusión. A falta de seis meses para que se cierre el programa, pocos saben a qué atenerse.
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El Gobierno (programa Elisa) contabiliza todo de forma conjunta las partidas y cuenta con casi 87.000 millones "convocados" y cerca de 80.000 "asignados". De ello se deriva una "tasa de resolución" del 72%.
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Pero desde la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se analiza año a año y los resultados son diferentes. La ejecución real de los fondos que se pagaron en cuatro años apenas fue del 30% del total comprometido. Y ha ido a menos desde 2021 hasta ahora.
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La oposición denuncia que ministerios como Economía, Industria, Transición Ecológica y Transportes, que son fundamentales para el reparto de fondos a través de sus organismos adyacentes, tienen pendiente de ejecutar más del 65% de sus fondos UE.
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El 60% de los fondos convocados hasta ahora los promueve el Estado, frente a un 30% de las CCAA y un 10% de las Corporaciones Locales.
Las renuncias de la adenda. La adenda negociada en diciembre pasado conlleva un recorte tanto de las reformas comprometidas como de los compromisos como del dinero que se iba a invertir en la mayor parte de ellos.
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Los hitos a cumplir por el Estado español se reducen a unas 160 medidas, tras un recorte de más de un centenar que ha dejado los grandes cambios estructurales y legislativos en meras reformas.
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Se retira la obligación de cumplir con 17 leyes, tan importantes como la Ley de Industria, toda la nueva regulación del sector sanitario ahora en conflicto o las leyes del suelo, pesca, cine, diversidad familiar o deporte, entre otras.
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Según los cálculos del PP, se renuncia a inversiones previstas por 10.000 millones de euros, que dejan cercenados proyectos en vivienda, sanidad, transporte, I+D, renovables, formación y diversas reformas sociales.
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También se queda fuera de los compromisos la autoridad de defensa del cliente financiero, la modernización del SEPE y reformas como la extensión real de banda ancha rápida o el sandbox de la movilidad.
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Se compensa esa inversión con siete iniciativas: nuevas ayudas a la transición ecológica (2.500M), deducciones fiscales a la vivienda (700M), la contribución a la Agencia Espacial Europea (1.500M), la construcción de la Gigafactoría de IA (300 M€) o la inyección de capital al ICO, con 10.450 millones para el para el fondo soberano España Crece.
El cuento del fondo soberano. El nuevo fondo que se crea en el seno del ICO era solo una inyección de dinero en diciembre, pero se le bautizó como "soberano" para suplir con ello la falla que dejaba el recorte de los préstamos.
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Un fondo soberano lo crea un país a partir del dinero que recibe de alguno de sus recursos naturales, que exporta a todo el mundo. El petróleo y el gas en Oriente Medio o en Noruega son los dos mejores ejemplos. Bajo esa premisa, el español no lo es.
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Este mal llamado fondo soberano (en Alemania lo llaman programa paraguas) nace a partir de un dinero prestado que habrá que devolver cuando en Europa se empiece con el programa conjunto de deuda pública, como todos los fondos UE.
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Se parte de una aportación de 10.450 millones de la parte de los préstamos de la UE, para que se pueda pedir al ICO dinero, avales o capital riesgo para los proyectos que se queden a medias o faltos de apoyo.
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Sobre el papel y en condiciones de mercado óptimas, se estima que el ICO es capaz de convertir cada euro que recibe en seis euros prestados. Eso hace concluir al Gobierno que el nuevo fondo va a ser capaz de hacer operaciones, de entrada, por 60.000 millones de euros.
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Los creadores del fondo estiman que puede haber otros 60.000 millones de aportaciones privadas de otros fondos, al calor de la buena marcha de la economía y la inversión en España. Por eso apuntan a un fondo de hasta 120.000 millones.
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El Gobierno ha empezado por plantear para el fondo el desarrollo de su plan de vivienda social. Frente a ello, un mal augurio: desde el ICO hasta ahora apenas se han dado la décima parte de los avales a la entrada para jóvenes.
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Desde el PP se recuerda que si no se hubiera creado este fondo, el Gobierno tendría que haber devuelto los 10.000 millones que aporta con los 60.000 de préstamos que no se van a utilizar.
Las grandes dudas. Tanto la evolución de los fondos UE desde 2021, como los recortes de las adendas y de los pagos, además de la incertidumbre del fondo España Crece, han generado cierto escepticismo sobre la efectividad y la gestión en España de los Next Generation.
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Se deja para agosto la petición de 25.000 millones, de los que 20.930 millones son ayudas no reembolsables. Es más de la cuarta parte del total que se queda para el último mes tras cuatro años de cambios.
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Existen dudas si el Gobierno será capaz de cumplir con lo previsto o habrá que renunciar a más inversiones, como hasta ahora. Quedan pendientes de recuperar 1.100 millones por compromisos no cumplidos, que muchos dan ya por perdidos.
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No se descarta que el fondo soberano del ICO entre a financiar y controlar la gestión de empresas estratégicas (caso Telefónica). Nada le impide competir contra el resto de entidades del sector financiero, lo que generaría un conflicto con la banca.
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El ratio de apalancamiento que se consigue con los fondos UE en Europa es de uno a cuatro euros, en el mejor de los casos. Las previsiones del ICO con su fondo para generar de uno a seis, más otros seis del sector privado, pueden convertirse muy pronto en el cuento de la lechera.
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Se han retirado todos los compromisos que supongan algún cambio legislativo o tengan que pasar por el Parlamento para su aprobación, de forma que la falta de control de las cifras y las ayudas, con un Gobierno de coalición bajo mínimos, genera más incertidumbre.
De una forma o de otra, el Gobierno va a tener que gestionar en seis meses la tercera parte de los 102.600 millones (ya reducidos) que debería tener desde que se inició el programa, hace casi cuatro años.
Todo ello sin Presupuestos, con dos elecciones autonómicas pendientes, otras dos que han sido una debacle para el PSOE y una minoría en el Congreso que no le permite margen de maniobra para hacer grandes reformas.
