Las claves
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La investigación del accidente de Adamuz descarta el bogie del tren como causa y apunta a un fallo en la vía.
Adif y el Ministerio de Fomento asumen la responsabilidad patrimonial y se preparan para afrontar posibles indemnizaciones.
Vox ha presentado la primera querella penal contra Adif por "homicidio imprudente", mientras la Fiscalía estudia el caso.
El ministro Óscar Puente asegura que el mantenimiento de la vía estaba al día, aunque persisten dudas sobre posibles negligencias técnicas.
Los últimos datos de la investigación del accidente de Adamuz han dado por hecho que el bogie (conjunto de dos pares de ruedas) del tren de Iryo no fue la causa. Todas las conclusiones preliminares apuntan a la vía como origen de la tragedia.
Más allá de las implicaciones técnicas a solventar, ese hecho carga sobre Adif y el Ministerio de Fomento toda la responsabilidad patrimonial que pueda derivarse de un más que probable proceso judicial. Es decir, a pagar indemnizaciones.
Fuentes cercanas al organismo aseguran que dentro de la propia institución ya cuentan con que habrá que armar la defensa jurídica del organismo para afrontar las consecuencias administrativas y penales que puedan derivarse.
"Si hay mordisco en los rodamientos hay responsabilidad patrimonial de Adif, de libro", aseguran varios especialistas en derecho administrativo consultados.
Los primeros datos de la investigación ya han llegado a la sede judicial de la zona. Y desde Vox se ha anunciado la primera querella (vía penal) contra Adif por "homicidio imprudente".
La Fiscalía puede tomar cartas en el asunto y ser quien abra un proceso penal, cuando se sepan las causas concretas del accidente y se pueda demostrar que hay un responsable.
Pero de forma paralela se puede poner en marcha la vía administrativa y exigir a Adif y al Estado la responsabilidad patrimonial derivada de un mal funcionamiento de las vías por las que discurría el tren.
En principio, un proceso patrimonial debería estar resuelto en poco más de un año. Pero si la indemnización no se considera suficiente, se puede alargar mucho más.
El proceso del accidente de Angrois se prolongó una década. En julio del año pasado se obtuvo una sentencia con 25 millones para las víctimas, que todavía se considera insuficiente.
En aquel caso, la responsabilidad de Adif por mala señalización de la fatídica curva se compartió con la condena al conductor del tren, que entró a una velocidad fuera de lugar.
Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que en este caso va a ser más complicado buscar un segundo "título de imputación de responsabilidad".
La única opción sería implicar a Iryo. Pero, a falta de saber más datos concretos, todo apunta a que la compañía ha cumplido con todos los protocolos de seguridad establecidos.
La resolución de una acusación penal es más complicada, porque necesita una persona (física o jurídica) a la que achacarle los hechos. Eso sí, siempre puede suponer una responsabilidad civil subsidiaria.
Causas "extrañas"
El ministro Óscar Puente ha dejado muy claro desde la misma madrugada del siniestro que la vía había sido reparada en mayo del año pasado. Incluso revisada cuatro veces después.
Pero eso no obsta para que pueda haberse deteriorado y se genere algún tipo de negligencia desde el punto de vista jurídico.
En la rueda de prensa de tres horas del miércoles señaló que no había sido culpa del mantenimiento ni de la falta de controles o la obsolescencia. Ni falta de inversión.
"Estamos ante otro problema mucho más complejo, que nunca se ha vivido en nuestra red. Algo muy extraño y singular", aseveró.
Será la publicación de nuevos datos sobre el interrogatorio al conductor del Iryo, el estado de las vías o las labores de mantenimiento contratadas (o subcontratadas) lo que revele hasta dónde llega la responsabilidad jurídica del caso.
A nadie se le escapa además que, tras ese proceso, puede haber también una responsabilidad política a tener en cuenta.