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AIReF advierte que el Estado tiene escaso margen para financiar un nuevo modelo de financiación autonómica que beneficie a todas las CCAA.
El gasto público del Estado se destina en un 58% a las autonomías, y tras descontar clases pasivas, Seguridad Social y funcionarios, queda un 15% para repartir.
La AIReF señala que el gasto del Gobierno central aumentará un 5,7% entre 2025 y 2027, superando las referencias de la regla fiscal nacional.
El gasto en defensa y la falta de datos concretos sobre los Presupuestos generan incertidumbre en las cuentas públicas, según AIReF.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado este miércoles una alerta sobre la intención del Gobierno de establecer un nuevo modelo de financiación autonómica que reparta más dinero para todas las CCAA.
Dar más margen a las autonomías para tener déficit, establecer una quita de deuda a medida y aplicar un nuevo modelo de financiación es, a juicio de la AIReF, una amalgama de cuestiones que habría que ver en su conjunto y ver hasta qué punto el Estado tiene margen para ello.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, fue muy clara durante la presentación del informe sobre los Presupuestos de las Administraciones Públicas: "Hay que ver la manta que tenemos y cómo nos la repartimos; si hacemos caso a los datos, el Estado lo tiene difícil para dar más dinero a todas las CCAA".
Este organismo no se pronuncia nunca sobre la conveniencia o no de modificar el modelo o los criterios políticos que debe seguir. Pero sí realiza un análisis de los datos y su impacto en las cuentas públicas, que ofrecen un escaso margen de maniobra al Estado para contentar a todo el mundo todo el tiempo.
Esas cifras demuestran que un 58% del gasto público del Estado va a parar a las autonomías. Si se descuenta el coste de las clases pasivas, se queda en un 30%. Y teniendo en cuenta el gasto de la Seguridad Social y el coste de los funcionarios, al Estado le queda apenas un 15% de su gasto para repartir.
Si a esa ecuación, le añadimos el retraso del Gobierno en establecer el techo de gasto público y la senda de déficit y deuda del año que viene y siguientes, la incertidumbre que se genera sobre las cuentas del Ejecutivo es aún mayor.
A pesar de no tener esos datos todavía, el análisis que hace la AIReF con "políticas constantes" demuestra que la Administración Central es la que presenta un riesgo más alto de incumplimiento de las reglas fiscales (nacional y europea), frente a CCAA y corporaciones locales.
Según sus estimaciones, el gasto del Gobierno central aumentará un 5,7% entre 2025 y 2027 y superará todas las referencias de la regla nacional, con un déficit en 2030 del 2,6% del PIB, mayor que el de este año.
Frente a ello, las autonomías podrán cerrar con un déficit cero en ese periodo de tiempo y los ayuntamientos lograrán un superávit de tres décimas.
Gasto en defensa
A esa incertidumbre que genera la falta de datos disponibles sobre los Presupuestos para el año que viene, los técnicos de la AIReF alertan de otros riesgos que hacen que el análisis de las cuentas públicas se resienta a medio plazo.
Desde el organismo se advierte que uno de los gastos principales que maneja el Gobierno y que trastocan los créditos concedidos de forma directa y el importe ejecutado, es el gasto en defensa.
Hay varias formas de contabilizarlo, pero al no existir datos ciertos, lo único que surge en el análisis es un montante de más de 6.000 millones en créditos de adjudicación directa, a cubrir en los próximos cuatro años y sin saber si se verán aumentados o no.
Tampoco es posible fiscalizar por parte de AIReF el coste potencial que pueden tener los litigios que pesan sobre algunos sectores de la economía española, como la energía, dado que no hay unos Presupuestos que lo contemplen.
A nivel más general, sobre una nueva financiación en la que el Estado reparta más dinero a las CCAA pesará el coste público asociado al envejecimiento de la población, que amenaza con elevar el déficit en plena jubilación del baby boom.
Por último, el organismo fiscalizador de las cuentas públicas alerta de que no hay datos desagregados del impacto del Plan de Recuperación en la economía.
Más aún, aunque el porcentaje de deuda sobre PIB pueda bajar al 95% dentro de cinco años, el mayor valor absoluto que acumula y el pago de intereses que supone son también una amenaza para el reparto futuro de dinero público a tener en cuenta.