La que es la medida estrella del Ministerio de Agricultura para intentar poner freno a los altibajos de precios en la nueva temporada del aceite de oliva, que arranca este miércoles 1 de octubre, acaba de darse un contundente traspié ante Competencia.

Se trata de una orden impulsada por el departamento que dirige Luis Planas que prevé retirar aceite del mercado si la cosecha viene tan abundante que se produce una sobreoferta. Nunca se había dado un paso de esta naturaleza en España, pero la enorme tensión en el sector ha llevado a actuar.

Porque las últimas campañas han sido casi de infarto. La sequía llevó a precios récord el oro líquido durante dos campañas, en las que se pagó a los productores una media de 9 euros por kilo, y la normalidad vista este año, en el que volvieron a producirse más de 1,4 millones de toneladas, los ha tirado al suelo.

El virgen extra, la variedad de mayor valor, se ha pagado de media a 3,6 euros el kilo; el virgen, a poco más de 3 euros, y el lampante, que debe refinarse, a 2,8 euros el kilo. Demasiada oscilación de un año para otro, incluso para un sector que sabe que vive sometido a los vaivenes del clima.

Así las cosas, la solución de Planas busca precisamente evitar un nuevo bajón de precios al retirar del mercado un máximo del 20% de la producción de aceite estimada, pero Competencia ve algunos problemas, al menos tal y como está redactada actualmente.

Subida de precios y riesgo de cártel

El proyecto de orden, que ha analizado en un extenso informe, tiene a su juicio agujeros a revisar. La CNMC remarca, por ejemplo, que una medida como esta "produciría efectos especialmente negativos sobre la competencia, en detrimento de los consumidores".

A saber, "elevación del precio, reducción de incentivos a mejorar la calidad y variedad de la oferta y aumento del riesgo de comportamientos coordinados entre operadores".

Competencia incide en que, mientras Agricultura insiste en que la sobreoferta podría comprometer la viabilidad económica de los productores, no alude al consumidor.

Y es importante, porque hay que tener en cuenta que "la retirada del producto tiene como finalidad el mantenimiento artificial de los precios que, en caso de no activarse la medida de intervención, se verían minorados por el natural funcionamiento del mercado ante una cosecha abundante".

O sea, se evitan de facto rebajas de precios que podrían producirse en lineales por la propia oferta y demanda. Además, la CNMC da de lleno en otra cuestión sensible, la Ley de la cadena alimentaria.

Porque, apunta, Agricultura tendrá que acreditar por qué para proteger a los agricultores no son suficientes los instrumentos recogidos en esta normativa, que prohíbe pagar por debajo de los costes en los que haya incurrido el productor agrario.

"Es decir, de darse una situación de desajuste del mercado (el precio de venta en origen por debajo de los costes de producción) ya existen mecanismos legales para poder afrontarlos sin tener que acudir a esta medida de retirada de producto. De no ser así, debe quedar convenientemente acreditado", advierte Competencia.

Por tanto, concluye, hay que reforzar la justificación de la medida y de la metodología utilizada para llegar a la fórmula y porcentajes empleados para la activación de la medida de retirada.