Las elecciones municipales, autonómicas y generales van a hacer que 2023 sea un año muy marcado por la política en España. Sin embargo, la economía tendrá una gran relevancia y de cómo evolucione dependerán muchas cosas, pues tendrá impacto en el resultado de las urnas y configurará el legado económico de Pedro Sánchez como presidente del primer Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
Cuando esta legislatura inició su andadura, nadie imaginaba que una pandemia -que ya se estaba expandiendo por China- iba a impactar con tanta fuerza en la vida de los españoles y el planeta en su conjunto. En el terreno económico, el desplome del PIB del 11,3% en 2020 por los cierres de actividad decretados por el confinamiento ha condicionado todo este ciclo político.
Tres años después, España y el mundo afrontan un 2023 repleto de incertidumbres. Es difícil hacer una proyección certera sobre cómo estará la economía española cuando se despida el nuevo año. Entre otros motivos, porque en buena medida depende de lo que ocurra con la guerra en Ucrania. Sin embargo, ya hay algunos datos que se pueden manejar con cierta precisión.
El primero es que sería una sorpresa que España logre llegar a enero de 2024 con un PIB similar al de la pandemia, algo que ya han conseguido prácticamente todas las economías de la Unión Europea.
También se da por seguro que cuando se despida 2023, el consumo de los hogares seguirá siendo inferior al de enero de 2020, fecha en la que Sánchez fue investido presidente del Gobierno por segunda vez desde la moción de censura. Y esta caída del consumo está muy ligada al gran lastre económico del momento: la inflación.
La pérdida del poder adquisitivo que desde hace más de un año vienen padeciendo los ciudadanos no va a cesar en 2023, con el matiz de que los pensionistas sí verán actualizado su poder de compra con la revalorización de las pensiones aprobada en los Presupuestos.
Aunque el avance de la inflación se modere en el próximo año, la subida que han experimentado los precios es acumulativa y a esto se une que las previsiones indican que incluso en 2024, el IPC seguirá moviéndose lejos del 2% -umbral que se considera como saludable para el ciclo económico-.
La OCDE espera que la inflación cierre 2023 con una media del 4,8%, el Instituto de Estudios Económico (IEE) del 4%, y el Banco de España del 4,9%.
Sin embargo, dentro de estas subidas del IPC, el componente de la energía ha comenzado a moderarse gracias a las ayudas del Gobierno y el esfuerzo de los consumidores con el 'tope al gas', con lo que el cómo evolucionen los precios de los alimentos de aquí a finales de año, será clave para ver hasta qué punto, la inflación golpea a los españoles en los bienes de primera necesidad.
Será un dato importante para el análisis del legado de un Gobierno que llegó al poder con el famoso lema de "no dejar a nadie atrás" y proteger a los más vulnerables. Sin embargo, el Banco de España ya ha puesto un 'pero' a la respuesta que el Ejecutivo de Sánchez ha dado a esta crisis inflacionaria: las medidas funcionan a corto plazo, pero cuando se retiren, a medio plazo, provocarán una nueva subida de los precios.
Además de estos apuntes, también será interesante seguir el próximo año el mercado laboral que ante el frenazo de la economía no traerá muchas alegrías. De hecho, si se cumplen los pronósticos y hay elecciones el próximo 10 de diciembre, el presidente irá a las urnas con un ligero incremento de la tasa de paro que rondará el 13% a finales de 2023, frente al 12,9% en el que se espera que acabe este año.
El Gobierno dejaría así el paro ligeramente por debajo del 13,7% que registraba en diciembre de 2019, justo antes de su llegada al poder. El comodín con el que cuentan los asesores del Ejecutivo es que entremedias se ha producido un shock económico sin precedentes en la democracia que llevó la tasa de paro al 16,2%. Esto significa que en la peor crisis de nuestra historia reciente el empleo aguantó mejor que en el pasado y también, que la recuperación del empleo ha sido más fuerte que en otros momentos de recesión.
¿Hasta qué punto ayudó la flexibilidad introducida por la reforma laboral de 2012? Lo cierto es que la legislatura comenzó con la promesa de una derogación total de esta reforma que finalmente, se tradujo en una 'mini reforma' de menos calado y pactada con los empresarios, manteniendo el espíritu de 'flexiseguridad' que introdujo el Gobierno del PP en la última crisis.
De ahí que no contentara a todos los socios del Ejecutivo que de aquí a que termine la legislatura seguirán presionando para lograr más cambios laborales, como se ha visto en la enmienda introducida por EH Bildu para reforzar los controles de los despidos restando poder a la empresa.
En todo caso, fruto de los cambios introducidos en las estadísticas por la nueva legislación laboral, el Gobierno sí ha conseguido reducir la brecha en temporalidad que separa a España de otros países europeos, aunque parte en 2023 de una tasa superior al 22%, frente al 14% de la media de la UE.
Además, ha elevado el empleo público y ha conseguido que la afiliación supere los 20 millones de afiliados, un dato del que hará gala en campaña electoral y al que la oposición responderá con la falta de transparencia que hay en los datos de contratos fijos discontinuos con trabajadores inactivos.
Subida del SMI
Si hay una cifra de la que sacará pecho el Gobierno -y en especial, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz- será la de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que partió en esta legislatura de 900 euros, aunque cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 estaba en 735,9 euros en 12 pagas. Cuando acabe 2023, el SMI estará por encima del 60% del salario medio, con lo que se habrá cumplido así una promesa electoral clave para esta coalición.
Sin embargo, al incremento del SMI se suman las subidas de las cotizaciones sociales. Así que es importante ver la contrapartida de todas estas decisiones.
La cruz se ve en las empresas que terminaron 2022 soportando unos costes laborales un 8,8% (dato del tercer trimestre) superiores a los de finales de 2019. Todo ello, en un país en el que la productividad por ocupado sigue un 4,9% por debajo del nivel previo a la pandemia, según datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
De ahí que si se mantiene esta pérdida de competitividad de las empresas españolas vaya a ser un revés para el legado de este Gobierno.
Recaudación y gasto público
Hay más datos relevantes de los que se hablará en 2023. Acorde con los objetivos de este Gobierno, uno es el de la evolución de la recaudación fiscal. Frente a la crisis de 2008, en la que se produjo un desplome de los ingresos de Hacienda, en esta ocasión, la recaudación no solo ha aguantado, sino que ha alcanzado cifras históricas.
De este modo, el Ejecutivo de coalición ha logrado acercar la presión fiscal en España a la media de la UE, tal y como incorporó en su programa económico. En concreto, se situará en el 42,3% del PIB, según estimaciones del Banco de España.
Las críticas a este logro se deben a que lo ha hecho ignorando el ciclo económico -lo que ha dejado a las empresas en una posición más débil que en otros países europeos y ha influido en la pérdida de poder de compra de los ciudadanos que pagan más por el IVA y no ven deflactar su tarifa del IRPF-.
Será importante seguir de cerca lo que ocurra con la reforma fiscal y los primeros anuncios del plan de consolidación fiscal que de cara a 2024 habrá que ir articulando.
En el terreno de las cuentas públicas, el legado de la deuda pública no ayudará al Gobierno. Según estimaciones del Banco de España, acabará 2023 en el 113,1%, frente al 98,20% en el que arrancó la legislatura. Y el déficit, cerrará por encima del 4%, cuando en 2019 era del 3,06% (y en 2018, último año del PP en el Gobierno, cerró en el 2,59%.
Gracias a este aumento de la deuda ha sido posible poner en marcha ayudas como el Ingreso Mínimo Vital -aunque no ha logrado llegar a todas las personas que el Gobierno había estimado inicialmente-. Es decir, se ha podido articular el llamado "escudo social".
Entorno europeo
También han ayudado los fondos Next Generation EU, impulsados por Pedro Sánchez en Bruselas, pero repartidos con poca agilidad en España. Sin embargo, para saber cuál será el legado de estas ayudas europeas habrá que esperar a conocer los datos de ejecución de 2023. Si siguen como en la despedida de 2022, el balance no será muy positivo, pese a que se aprobaron en Bruselas con el impulso de España.
Estos datos son un punto de partida. Pero de cómo se muevan estas expectativas del cierre de 2022 sobre la economía, dependerá el tono en el que se desenvuelva a finales de año el debate electoral. Para entonces, España presidirá la Unión Europea, pero contará con menos viento de cola impulsando la economía.
En primer lugar, porque si se cumple el pronóstico que espera que Alemania entre en recesión, España notará la gripe de la primera economía europea. Y también porque en 2023 se reforzará el debate de las reglas fiscales que deberían entrar en vigor en 2024.
En estos próximos 12 meses, los fondos Next Generation EU seguirán disponibles y ayudarán al Gobierno a pasar el año. Pero, la política monetaria cerrará 2023 en un tono muy distinto al de 2020. El motivo es que aunque la economía está débil, la inflación es todavía fuerte, lo que supondrá un endurecimiento de la política monetaria que afectará a las economías domésticas, a la financiación de las empresas y a la deuda pública.
Por no hablar del temor a que se prolongue la guerra y en el invierno de 2023, el norte de Europa sufra problemas de suministro. Así que no hay nada aún escrito sobre cómo terminará uno de los años que con más incertidumbre se abre para el mundo económico.