La sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) se han reivindicado este martes en la III Iberian REIT Conference, frente a los miembros del Gobierno que las consideran paraísos fiscales, y han cuantificado en más de 1.000 millones de euros los impuestos que pagan anualmente.

El cálculo lo ha hecho la multinacional británica de abogados Clifford Chance, que ha querido lanzar un mensaje tranquilizador respecto a las modificaciones fiscales y legislativas que el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos prevé hacer durante esta legislatura sobre el régimen de estas sociedades.

"Las socimis tienen un superávit de ingresos fiscales de varios cientos de miles de euros y eso el Gobierno lo sabe", ha aseverado Pablo Serrano, socio de Clifford Chance, indignado por que el borrador de Presupuestos para 2019 pactado el año pasado por los partidos que hoy gobiernan recogiera que Hacienda ha dejado de ingresar 230 millones desde 2018 debido a estas empresas.

Según ha explicado, esa cifra se deriva de que las socimis no pagan el impuesto de sociedades, pero ha recordado que contribuyen a través de los tributos de transmisiones, actos jurídicos documentados, el IBA por adquisiciones, el IBI, el 10 % garantizado en el dividendo y la plusvalía municipal.

Convencido de que la única modificación que introducirá el Gobierno será la de gravar al 15 % la parte de beneficios que estas sociedades no están obligadas a repartir (20 %), Serrano entiende que apenas tendrá incidencia, porque casi todas distribuyen el 100 %. 

En esa línea, el consejero delegado de la asociación de inmobiliarias cotizadas de Europa (EPRA), Dominique Moerenhout, ha señalado que los "grupos políticos tienen que entender" que estas empresas "no son paraísos fiscales" y sí pagan impuestos, al tiemp que ha minimizado su impacto sobre el mercado residencial, dado que el porcentaje que invierten en ese segmento es "muy, muy bajo".

Igualmente, los directivos de las principales socimis en España han coincidido en reclamar al Ejecutivo que no toque lo que funciona y han asegurado que, aunque finalmente la reforma sobre su régimen fiscal sea mínima, las declaraciones que hacen en su contra son "nubarrones que provocan miedos en el futuro".

Así, el consejero delegado del Grupo Lar, Miguel Pereda, ha advertido al Ejecutivo de que "amagar no es gratis" y de que es "importante lo que se hace, pero también lo que se dice, en un mercado donde el sentimiento del consumidor y del inversor es tan volátil".

En nombre de Colonial, el director de Negocio, Albert Alcober, ha opinado que "un país funciona bien cuando los políticos influyen cero en la economía" y ha deseado que los nuevos gobernantes "no la fastidien".

El consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, ha opinado que la alternancia entre gobiernos liberales y socialdemócratas es consustancial a las economías avanzadas y que es "buenísimo" y "sanísimo", porque "unos tienden más a elevar la riqueza y otros a redistribuirla, y un país necesita las dos cosas, si no deja de ser un país serio".