España ya tiene Gobierno. En plenitud de funciones. Pedro Sánchez recibió este martes los 167 votos favorables que, sumados a las 18 abstenciones obtenidas, le abren de par en par las puertas de La Moncloa. Tras dos Elecciones Generales y casi un año en funciones, el Ejecutivo comandado por el líder socialista ya es una realidad. Será, además, el primero en coalición, formada con Unidas Podemos (UP), en el actual ciclo democrático.
Por delante, a priori, cuatro años que en lo económico, y con permiso de las cuestiones territoriales, promete emociones fuertes. La reforma laboral, las pensiones o los impuestos acaparan todos los focos, pero existe otro ‘asunto’ que queda en un segundo plano cuando no debería ser así: el de la deuda pública.
Al abrigo de los bajos tipos de interés, incluso inferiores al 0%, impuestos por el Banco Central Europeo (BCE) en los últimos años, las subastas de letras, bonos y obligaciones que realiza el Tesoro Público han dejado de ser el ‘potro de tortura’ que fueron. Y han dejado de recibir tanta atención. Pero se siguen produciendo mes tras mes, porque España tiene que renovar la deuda emitida en el pasado y porque continúa cargando con un déficit público que hay que financiar, además de que el Tesoro también está prestando dinero a la Seguridad Social para atender el pago de las pensiones.
El BCE facilita mucho la vida del Tesoro. Pero la deuda pública, por su alto volumen y por el coste de intereses que conlleva, persiste como un importante foco de vulnerabilidad para la economía española.
Como consecuencia, el nuevo Ejecutivo afronta un calendario de vencimientos que sería de lo más exigente si no fuera por la ‘mano visible’ del BCE. Con los tipos oficiales en el 0%, con los de la facilidad de depósito, los importantes ahora, en el -0,50%, y con el BCE de vuelta al mercado y dedicando 20.000 millones de euros al mes a la compra de activos, entre ellos deuda pública, la vida es más fácil para el Tesoro. De ahí que no suene tan desafiante que el Gobierno de Sánchez y sus socios tenga que refinanciar durante esta legislatura -si dura lo cuatro años previstos- 305.000 millones de euros en bonos y obligaciones. Es decir, en deuda a medio y largo plazo. También encarará un importante vencimiento anual de letras, que solo en 2020 rondará los 70.000 millones de euros, un importe que prácticamente se replicará durante toda la legislatura, pero será en los plazos más largos donde se producirá un mayor volumen de vencimientos y una mayor exigencia.
UNA FACTURA DE 30.000 MILLONES
Ahora bien, que el BCE facilite la vida al Tesoro y al conjunto del Estado no resta importancia a lo que supone renovar toda esa deuda. Primero, por el coste en intereses que lleva asociada. Actualmente, y aunque los bajos tipos del BCE abaratan la financiación, toda la deuda pública existente, superior al billón de euros, conduce a una 'factura' anual en intereses que ronda los 30.000 millones de euros -según el criterio de contabilidad de caja-, cuando en 2007 no llegaba a los 15.000 millones. O dicho de otro modo, aunque la deuda es mucho más barata, su refinanciación no deja de ser exigente para las arcas del Estado por todo el volumen acumulado y pendiente de renovar.
Segundo, por la vulnerabilidad que supone. Aunque no se esperan subidas de los tipos de interés por parte del BCE hasta, al menos, 2022, la existencia cierta de esos vencimientos representa un riesgo en caso de que los costes de financiación suban o las dudas vuelvan a los mercados. En este sentido, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya reclamaron hace un año la necesidad de reducir la deuda pública para evitar riesgos en el futuro en forma de mayores intereses o de problemas para renovar los vencimientos.
Y tercero, por la influencia del nuevo Gobierno. Las refinanciaciones que ya esperan, junto a las de mayor plazo, como los más de 200.000 millones de euros con caducidad más allá de 2030, estarán pendientes de las políticas del Ejecutivo de coalición entre PSOE y UP, que ya ha proyectado en su acuerdo de Gobierno un mayor gasto público, y de la evolución del déficit público. Todo indica que España incumplió en 2019 el objetivo de reducir al déficit al 2% y las previsiones apuntan en la misma dirección en 2020, en el que la meta pasa por bajarlo al 1,1%. Las desviaciones sobre los compromisos de déficit adquiridos, sobre todo si son de una magnitud importante, repercutirían en el coste de renovar toda esa deuda y restarían efectividad a la 'ayuda' del BCE.