Buenos Aires, 31 dic (EFECOM).- El presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, fijó este martes el 31 de marzo como la fecha tope en la que su gobierno tendrá definido el funcionamiento de la economía del país, al tiempo que indicó que hacerlo ahora no es posible "porque el peso de la deuda es muy grande y condiciona mucho".

"Nos hemos puesto un deadline (fecha límite) como para tener claro el funcionamiento de la economía, que es el 31 de marzo. Para entonces ya sabremos cómo está la situación con los acreedores. Vamos a tener datos que hoy no tenemos. A partir de ese momento estamos en condiciones de proyectar todo", dijo Fernández en declaraciones a Radio Continental.

Fernández, que asumió la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre en medio de una ya larga recesión y tras ganar en octubre las elecciones al conservador Mauricio Macri (presidente entre 2015 y 2019), aseguró que la economía argentina está "llena de sorpresas".

"En todos lados me aparecen deudas impagas, en todos los sectores de la Administración. Acreedores que reclaman que el Estado no ha pagado (...). Quiero saber a ciencia cierta cuál es exactamente la deuda que el Estado tiene", insistió, a la vez que pidió "paciencia" hasta el último día de marzo.

NEGOCIACIONES CON LOS ACREEDORES

Según datos del anterior Ejecutivo, Argentina acumula una deuda pública total de 314.315 millones de dólares -frente a los 240.000 millones de finales de 2015-, de los que casi 44.000 corresponden al préstamo de 56.300 millones pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, tras desatarse una abrupta devaluación del peso que derivó en la actual crisis.

"La gente tiene que entender que estamos trabajando en tranquilizar la economía, sacarla de esa sensación que todos teníamos de que no sabíamos qué iba a pasar mañana", enfatizó el político peronista, cuyo Gobierno ya estudia cómo pagar el alto endeudamiento, que debe renegociar ante los acreedores aunque declinó dar detalles de esas conversaciones.

"No me pidas que adelante porque eso es una negociación y nadie va a jugar a las cartas contando las cartas que tiene", reconoció, al tiempo que reiteró que todo lo que está haciendo su equipo "está planificado" y no tiene "nada de improvisación".

EL AJUSTE EN MEDIO DE LA EMERGENCIA

Tras asumir la presidencia argentina, Fernández estableció por decreto la doble indemnización por despido durante seis meses y ha impulsado una ley de "emergencia pública", que incluye un amplio paquete de medidas e impuestos con el que el su gobierno busca enfrentar la crisis y que sectores de la oposición ha calificado de "ajuste".

"¿El ajuste qué es?, ¿poner en orden las cuentas publicas? Sí. Y si es así hicimos un ajuste. El problema es quién pagó el ajuste. El ajuste no lo pagaron los que menos tienen, lo pagaron los que están en mejor situación, los que pueden exportar, los que tienen más bienes que el resto. No lo está pagando la gente", dijo.

Entre las medidas que incluye la nueva ley está el denominado impuesto "para una Argentina inclusiva y solidaria", que grava con una tasa del 30 % la compra de divisas extranjeras y los gastos que no sean en pesos dentro y fuera del país, lo que endurece el "cepo" cambiario ya impuesto por Macri en sus últimos meses de Gobierno.

Fernández reconoció el "enojo de la gente" por el impuesto al dólar, una divisa que señaló que en "Argentina es un bien (...) El dolar es un bien y no hay. ¿Qué pasa cuando los bienes faltan? Son muy caros".

"El cepo tiene que seguir porque en Argentina no hay dólares. No lo pusimos nosotros, lo puso Macri, después de dejar que se fueran 70.000 millones de dólares. Siempre he criticado el cepo. Estamos viendo con Martín (Guzmán, el ministro de Economía) a ver qué alternativas tenemos para que no afecte a las inversiones", añadió.

LA INFLACIÓN QUE NO CESA

Sobre la alta inflación (que sobrepasa el 50 % interanual), Fernández asumió que uno de los grandes problemas es la "inflación autoconstruida", es decir, "que en verdad no existe pero que algunos para prevenir aumentan los precios ante la duda".

"Y ese aumento de precios lo pagamos todos y eso es realmente insoportable, no puede admitirse", criticó Fernández, que admitió que "Argentina es un país con un historial inflacionario tremendo".

Fernández recalcó que "no se trata de andar fijando precios", sino de "ver que las ganancias y las utilidades sean razonables", a la vez que confió en que el Senado sancione definitivamente la llamada "Ley de Góndolas", que permitirá a los argentinos "acceder a productos que los grandes supermercados ocultan para beneficiar a otros productos más caros".

También pidió a los empresarios que no incrementen precios "por encima de lo razonable" y asuman "responsabilidades sociales", ya que lo contrario es que el Estado "intervenga (...) Y cuando el Estado interviene, se quejan".