Madrid, 18 dic (EFECOM).- El Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) ha dictado un laudo arbitral que obliga a España a pagar cerca de 60 millones de euros a RREEF (fondo de infraestructuras de Deutsche Bank) por los daños sufridos por el recorte de las primas a las renovables.
El Ciadi, que en noviembre de 2018 reconoció que con los cambios introducidos por el Gobierno en 2013 se había vulnerado el Tratado de la Carta de la Energía, ha establecido ahora esa indemnización de cerca de 60 millones para RREEF, que reclamaba 250 millones en el laudo con fecha de 11 de diciembre y que aparece en la página web del organismo.
RREEF, que ha tenido como abogados a letrados de Allen & Overy, solicitó el arbitraje del Ciadi en octubre de 2013.
En noviembre de 2018, el tribunal, integrado por un juez francés, otro canadiense y otro venezolano, resolvió sobre el fondo del asunto y luego pidió información a las partes implicadas en el arbitraje para ver las implicaciones en el reconocimiento de daños, tras lo que el 11 de diciembre de 2019 ya puso cifras exactas a la indemnización.
El tribunal había reconocido en noviembre del año anterior que España había vulnerado en el caso de RREEF el Tratado de la Carta de la Energía en la medida en que las plantas no obtenían una rentabilidad razonable, que el Ciadi cuantificó en un 6,91 %.
Asimismo, señaló que el sistema que puso en marcha España con el real decreto 9/2013 detraía de las rentabilidades futuras la remuneración percibida desde la puesta en marcha de las plantas en 2002 hasta 2013, lo que también el tribunal consideró una infracción del Tratado de la Carta de la Energía.
Frente a este nuevo laudo del Ciadi, España sólo puede pedir la aclaración del mismo y su rectificación, aunque también puede solicitar su anulación dentro de los 120 días siguientes a la emisión del laudo.
Las reclamaciones contra España en tribunales y cortes de arbitraje internacionales suman casi 10.000 millones de euros, según los últimos datos facilitados por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dijo que están abiertos 45 procesos contra el Reino de España.
En diez casos, tribunales y cortes han dado la razón a reclamantes que pedían 1.700 millones de euros a España, aunque sólo les han reconocido 821 millones, que no han sido abonados por el Estado español, que ha presentado procedimientos de rectificación en esos arbitrajes presentados por inversores internacionales.