Madrid, 22 nov (EFECOM).- Las grandes y medianas empresas comienzan a preparase para proteger a sus "whistleblowers" o denunciantes de actividades fraudulentas, estableciendo mecanismos para recibir las denuncias, blindando su actividad y sancionando las conductas represivas.

En una jornada sobre la directiva de "whistleblowing", recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, el director de Legal de la CEOE, José María Campos, ha explicado junto a varios socios del despacho Pérez-Llorca las implicaciones que tendrá para las empresas españolas y administraciones su aplicación en el país.

Aunque los Estados miembros tienen aún dos años para trasponer la directiva a su ordenamiento jurídico, el socio de Laboral del despacho Pérez-Llorca, Luis Enrique Fernández, ha explicado que hay multinacionales en las que ya se están creando divisiones de investigación interna.

No obstante, hay otras que, por su tamaño o por el contenido específico de la denuncia, podrán utilizar servicios externos para recibir y tramitar las denuncias.

Esta directiva obliga a proporcionar canales de denuncia a todas las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores y a todas las administraciones (con la excepción de los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes) y a proteger a los denunciantes.

El objetivo es el cumplimiento de la Ley mediante la confidencialidad del denunciante, ha asegurado la socia de Penal económico e investigaciones de Pérez-Llorca, Adriana de Buerba, ya que actualmente, la persona que denuncia vive con un "estigma social" dado que no hay "cultura del premio".

"Tiene miedo a represalias, la sensación de que denunciar es inútil y difícil, ya que no hay canales para hacerlo, al tiempo que no goza de inmunidad frente a posibles acciones en su contra" son algunos de los impedimentos actuales, ha explicado.

Esta directiva protege a empleados, socios, becarios, autónomos, proveedores o clientes actuales o pasados de una empresa o institución que denuncien un hecho fraudulento y estarán protegidos y blindados ante una suspensión, despido, destitución, degradación o denegación de ascenso.

Tampoco se les podrá modificar condiciones de trabajo como lugar, puesto, horario o salario, denegar formación, evaluar negativamente, imponer medidas disciplinarias, coaccionar, intimidar, acosar o discriminar.

Incluso, en el caso de tener un contrato temporal, se entenderá como protección la obligatoriedad de convertirlo en indefinido, prohibiendo la no renovación o finalización anticipada de la relación laboral.

En el caso de ser cliente o proveedor, la protección del denunciante prohíbe los daños, incluidos reputacionales, o pérdidas económicas, de negocio o de ingresos, así como la inclusión en "listas negras", la cancelación de contrato, licencia o permiso y la divulgación de datos médicos o psiquiátricos.

La directiva se aplicará cuando se denuncien infracciones en la contratación pública, servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, seguridad del producto, alimentaria o del transporte.

También sobre la protección del medio ambiente, frente a las radiaciones y seguridad nuclear, salud pública, protección del consumidor y de la privacidad y datos personales, han explicado.

"Esta directiva responde a un comportamiento ético de las empresas", que ya han venido aplicando en muchos casos a través de iniciativas de responsabilidad social corporativa, ha asegurado Campos.

Actualmente, sólo 15 Estados miembros tienen sistemas de protección a los denunciantes de fraude, entre los que no se incluye España, ha detallado De Buerba, quien ha abogado por la necesidad de regularlo, porque "el 81 % de los europeos que presenciaron corrupción no lo denunciaron, según el Eurobarómetro de 2017".