Madrid, 7 nov (EFECOM).- Varias acusaciones personadas en la causa que actualmente investiga supuestas irregularidades en las dos últimas etapas del Banco Popular se han enzarzado en un supuesto caso de plagio de documentos que una de estas partes ha denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el representante legal de la mercantil Invafi advierte de que otras dos acusaciones "prácticamente" han plagiado algún punto de sus recursos, lo que supone "un patente engaño a su cliente y al resto", e insta al magistrado a que estudie si les deduce testimonio y, por ende, envía los hechos a la Fiscalía de Madrid.

Para esta parte, dicho plagio, que "insólitamente se ha producido ante el ilustrísimo juzgado en presencia del Ministerio Fiscal", incurre en una conducta castigada por el artículo 270 del Código Penal, sobre delitos relativos a la propiedad intelectual.

Asimismo, incide en que vulnera tanto el Código Deontológico de la Abogacía como el propio Estatuto de la profesión, en virtud del cual el letrado debe realizar "diligentemente" su actividad "ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas".

En este sentido, Invafi asegura que ya ha informado al propio Colegio de Abogados, que ha indicado que "se debe presentar escrito ante dicha comisión exponiendo estos hechos".

Dentro de las actuaciones sobre el Popular, la compañía, dedicada principalmente a las inversiones inmobiliarias y que adquirió 20.000 acciones del banco en marzo de 2017, interpuso una querella por diversos delitos, entre ellos falsedad contable, estafa a inversores, apropiación indebida e insolvencia punible.

En su relato, sostiene que el Popular "se encontraba en una situación de insolvencia relacionada íntimamente con las prácticas financieras irregulares que sus administradores y directivos desarrollaron durante muchos años", al menos "desde 2015", aún durante la presidente de Ángel Ron.

Una realidad que, sin embargo, fue ocultada de forma "persistente" a los compradores cuando éstos habían condicionado su decisión a la información suministrada por el banco en marzo de 2017, ya con Emilio Saracho al frente.

Invafi fue además una de las acusaciones que la pasada primavera se mostró contraria a levantar la imputación heredada por el Santander tras la integración, al entender que el grupo que preside Ana Botín asumió "libre y voluntariamente" la "responsabilidad personal y penal del Popular (...) pagando un euro por las acciones".

Argumentos que, sin embargo, desatendería tiempo después la sección cuarta de la sala de lo Penal, que aunque mantuvo al Santander como posible responsable civil, descartó que se le pudiera atribuir cualquier reproche de otro tipo en tanto que no hay "dato alguno" que indique su participación "ni siquiera indiciaria" en los aspectos bajo investigación.

Tras la resolución y posterior venta del Popular en junio de 2017, el entonces titular del juzgado central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas -posteriormente, superarían el centenar- contra Ron y Saracho, sus respectivos consejos de administración, la firma PwC y su socio auditor, por presunta falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.