Madrid, 28 oct (EFECOM).- UGT insta al Gobierno a que revise todas las pensiones de jubilación percibidas en, al menos, los últimos cuatro años por personas que hayan trabajado a tiempo parcial, una petición que, según sus cálculos, podría beneficiar a 120.000 pensionistas.

En la presentación de la campaña "Pensionista ¡Reclama!", la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha explicado que los nuevos criterios del cálculo de las pensiones de trabajadores a tiempo parcial que está llevando a cabo el Gobierno "debe aplicarse sin efecto retroactivo".

De esta forma, han animado a todos los actuales pensionistas que trabajaron a tiempo parcial a denunciar ante los tribunales para que se les revisen las cuantías de sus pensiones de, al menos, los últimos cuatro años.

Según sus cálculos, a un pensionista actual que haya trabajado 20 años, con una jornada a tiempo parcial del 50 % y una base media de cotización de 700 euros, la aplicación de una revisión de su pensión sin coeficiente reductor implicaría pasar de cobrar 350 euros mensuales a 429,8 euros.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el coeficiente reductor por parcialidad por su efecto discriminatorio, el Gobierno comenzó el pasado mes de agosto a revisar 8.500 casos de pensiones ya reconocidas pero sin resolución firme.

Sin embargo, sólo 2.200 de ellas se beneficiarán de un incremento de su cuantía de hasta un 4 %, porque quedan sin impacto aquellas derivadas de una jornada parcial igual o superior al 67 % y a las que se les aplica un complemento a mínimos, que será absorbido por la subida.

Barrera ha señalado que, según las previsiones de la Seguridad Social, son ya 34.000 las pensiones a revisar por el Gobierno, porque a las que estaban pendientes de una resolución firme se han ido incorporando nuevos pensionistas.

Según Barrera, la Seguridad Social contempla un impacto económico de esta medida en la actualidad de unos 268 millones de euros anuales, que irán aumentando con las jubilaciones de los nuevos pensionistas a tiempo parcial hasta llegar a alcanzar unos 500 millones en el plazo de 10 años.

Barrera ha considerado necesaria una reforma en profundidad del sistema de protección social y ha instado al Gobierno que surja tras las elecciones a llevarla a cabo en el marco del diálogo social.

La sentencia del Constitucional considera injustificada la doble penalización que suponía en el derecho a la jubilación de quienes han trabajado a tiempo parcial la anterior fórmula de cálculo, vigente desde 1998 y adaptada en 2014.

La forma de computar los días cotizados era doblemente discriminatoria, según recoge el texto, ya que las bases de cotización que se toman para calcular la pensión de los empleados a tiempo parcial ya son inferiores a las de alguien que trabaja a tiempo completo.