La Audiencia Nacional juzgará desde este martes al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al exdirectivo Daniel Gil por los negocios inmobiliarios entre la extinta entidad y Valfensal en el Caribe, que habrían ocasionado un perjuicio de 28 millones.

La sección primera de la sala de lo Penal celebrará la vista, suspendida el pasado julio, después de que la Fiscalía Anticorrupción modificara sus conclusiones provisionales, una vez ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado con los administradores de Valfensal, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

En virtud del pacto, al que se adhirió el Fondo de Garantía de Depósito (FGD), ambos empresarios aceptaron seis meses de prisión por administración desleal y otros 18 meses por la comisión de tres delitos fiscales por importe de 6,5 millones de euros, condenas muy inferiores a los 22 años que inicialmente solicitaba el Ministerio Público.

Con el objetivo de reparar el daño causado, los dos abonaron además 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al FGD, representado por el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con las costas del proceso.

El cambio de la Fiscalía y la consiguiente adhesión del fondo, que por primera vez es resarcido en vía penal, supuso el sobreseimiento automático de la causa respecto al ex director general de la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) Vicente Sánchez, al ex director de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, y a los miembros de la comisión de control de la CAM.

Tampoco se sentará mañana en el banquillo el ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 de años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales y al que la fiscal Belén Dorremochea retiró su acusación.

La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que "con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó en una provisión de 28 millones de euros".

El fondo denuncia que los órganos de control tanto de la caja como de TIP "infringieron sus deberes" al avalar tales operaciones, gracias a las cuales los empresarios "se beneficiaron" de importes millonarios transferidos desde Valfensal "a cuentas en Andorra de sociedades radicadas en paraísos fiscales".

Irregularidades que contrastan con el estado "crítico" en el que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando "por instrucción expresa" de López Abad y Gil, para los que Fiscalía pide cuatro años de prisión en su escrito inicial, se llegaron a refinanciar tales inversiones.

La de Valfensal es la tercera pieza de la que se pronuncia la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López Abad, su sucesora María Dolores Amorós y otros dos antiguos miembros de la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011.

Casi un año después, suspendía el juicio por las preferentes de la entidad, tras la retirada de las acusaciones particulares.