Barcelona, 28 jun (EFECOM).- La junta de accionistas de Cementos Molins ha decidido mantener la sede social de la compañía en Madrid, donde la trasladó en octubre de 2017, días después del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán, y no regresar por tanto a Cataluña.

La cementera, que cotiza en la Bolsa española y está controlada por la familia Molins, fue una del centenar de empresas catalanas que en octubre de 2017 sacaron su sede social de Cataluña por la situación política y social que se vivía en la comunidad, con el objetivo de "salvaguardar" los intereses del grupo y garantizar su normal operativa.

Un año y nueve meses después, la junta de Cementos Molins, celebrada ayer en Madrid, votó una propuesta de acuerdo formulada por un accionista para trasladar de nuevo la sede a Sant Vicenç del Horts (Barcelona), donde la empresa tenía su domicilio social antes del acuerdo adoptado por el consejo de administración el 20 de octubre de 2017.

Según ha informado este viernes la empresa a la CNMV, el supervisor bursátil, en la junta participaron accionistas que representaban el 93,03 % del capital social y la amplia mayoría -el 76,4 % del capital asistente- rechazó la propuesta de traslado.

De esta manera, Cementos Molins seguirá manteniendo su sede social en Madrid, concretamente en la calle Espronceda, número 38.

La junta, por otro lado, acordó reelegir como miembros del consejo de administración a Julio Rodríguez, que seguirá como consejero delegado, y Andrea Kathrin en la categoría de consejera independiente.

Los accionistas aprobaron asimismo el pago de un dividendo a cuenta del ejercicio 2019 por importe de 0,15 euros por acción y uno complementario de 0,01 euros por título.