Cynthia de Benito

Lisboa, 29 may (EFECOM).- Junto al control de alcoholemia y de velocidad, los portugueses han tropezado ahora con otra inspección inesperada: el alto en carretera a los conductores que no pagan al fisco, una polémica medida cancelada en pocas horas y por la que el Gobierno se ha visto obligado a dar explicaciones.

El control se descubrió este martes por la mañana en Valongo, en el norte del país, donde al menos una decena de conductores fueron obligados a parar en el arcén por agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y de la Autoridad Tributaria (AT).

Los ciudadanos, identificados como morosos del fisco al haber cruzado las autoridades los datos tributarios con las matrículas, fueron entonces instados a saldar su deuda.

"Si no estaban en condiciones de pagar en ese momento, podíamos embargar los vehículos", ha dicho una fuente del fisco en esa zona a medios portugueses, una circunstancia que levantó ampollas en pocas horas y que llevó a que, desde el Ministerio de Finanzas, se cancelase la operación de recaudo.

Hay baile de cifras sobre el número de coches que se ha visto involucrado en esta peculiar iniciativa, aunque hay medios que llegar a asegurar que más de 4.500 vehículos han pasado por la lupa de las autoridades, de los cuales 93 "dieron positivo" en deudas.

Parar la llamada "Acción sobre ruedas", como fue bautizado el dispositivo, no ha calmado las aguas. La polémica escaló en las siguientes horas, en las que se acusó a la autoridad de "abuso de poder" y de ejercer una actitud "intimidatoria" para con los ciudadanos, mientras crecía el nerviosismo en el Gobierno central.

Prueba de ello fue la entrevista que la noche del martes, en horario de máxima audiencia, dio en la cadena de televisión SIC el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, António Mendoça Mendes, el primero en hablar de "desproporción".

"Este tipo de acciones son un error porque son desproporcionadas", dijo, aunque el objetivo fuese "benigno".

Pero ante la cascada de críticas, ha sido hoy su jefe, el todopoderoso ministro de Finanzas, Mário Centeno, quien ha salido a dar la cara y condenar de nuevo lo ocurrido.

"No fue una decisión afortunada", ha dicho rotundo Centeno, quien se ha apresurado a aclarar que la medida -también usó el término "desproporcionada"-, fue iniciativa de autoridades locales y no del Gobierno central.

"Ha sido abierta una investigación para saber si todos los derechos de los contribuyentes fueron preservados", remachó.

Medios locales apuntan a que ésta es la quinta vez que se produce un control semejante, siempre en el norte del país, aunque ninguno ha tenido la repercusión que ha conseguido la operación de este martes.

Entre las numerosas reacciones airadas destaca la del Colegio de Abogados de Portugal, que en un comunicado subrayó que una deuda con el fisco es "sólo eso: una deuda, un asunto que debe ser tratado por los Servicios de Finanzas y en los Tribunales".

"Su cobro no puede ser realizado bajo amenaza de, por la fuerza, despojar sumariamente a los ciudadanos de sus bienes".

También se ha mostrado sorprendido el Sindicato de los Trabajadores de Impuestos, cuyo representante, Paulo Ralha, ha apuntado que esta operación "es en cierta forma ridícula" por lo ínfimo del valor que estos conductores debían a la Hacienda lusa.