Economía

ICF no prevé un bloqueo político a su conversión en banco público inversión

29 mayo, 2019 13:41

Barcelona, 29 may (EFECOM).- El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad financiera pública de la Generalitat, no contempla un bloqueo "puramente político" por parte del Banco de España a su aspiración de convertirse en un banco público de inversión.

Así lo ha dicho el consejero delegado de esta entidad financiera pública catalana, Josep-Ramon Sanromà, en una rueda de prensa para hacer balance de la actividad de 2018.

Sanromà ha destacado que el Parlamento europeo ya ha dado luz verde a la nueva regulación que afecta a los llamados "promotional bank" o bancos públicos de inversiones, pero que ahora esa legislación debe "trasponerse y adaptarse a la normativa española".

En cualquier caso, Sanromà ha dejado claro que el ICF está preparado para solicitar esta autorización cuando la normativa europea se haya adaptado a la legislación española. "Si esto se traspone, tendremos que ver si llega el último trimestre de año o a principios de 2020", ha dicho.

Preguntado por si el Banco de España (BdE) puede vetar la conversión del ICF en banco público de inversiones dada la desconfianza existente entre Gobierno y Generalitat por el proceso soberanista, ha señalado que es "muy difícil un bloqueo puramente político".

Ha admitido que los argumentos políticos pueden "subyacer" en la decisión, pero que hasta ahora "los debates con el Banco de España han sido técnicos y no políticos", y cree que permanecerán en este terreno.

El gobierno catalán se había marcado 2015 como fecha para que el ICF tuviera ficha bancaria y pudiera convertirse así en un banco público catalán, una de las "estructuras de Estado" contemplada en los acuerdos de estabilidad que sellaron CiU y ERC a finales de 2012.

Cuando el ICF solicite esta autorización, el Banco de España tendría que redactar primero un informe valorando la solicitud y luego correspondería al BdE hacer la propuesta de su conversión en banco público de inversión al BCE.

Con esta autorización, el ICF dispondría de un mejor trato fiscal y mayor acceso a los mercados, según ha argumentado Sanromà en otras ocasiones.