Bruselas, 7 may (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) revisó este martes dos décimas al alza su previsión de déficit público para España en 2019 hasta el 2,3 % del PIB, tres décimas más de lo que proyecta el Gobierno, pero por debajo del 2,5 % con que cerró 2018.

Bruselas cree que España seguirá reduciendo su desvío presupuestario apoyada en el "fuerte" crecimiento de la economía, pero advierte de que lo hará a un ritmo más lento y de que algunas medidas aumentarán el déficit.

Para 2020 prevé que cierre en el 2 %, también una décima por encima de lo que preveía en noviembre.

El Ejecutivo comunitario es más pesimista que el Gobierno, que espera rebajar el déficit al 2 % este año y al 1,3 % el próximo, según el programa de estabilidad que remitió a Bruselas el 30 de abril.

Mejores noticias llegan por el lado del crecimiento, ya que la economía española avanzará por encima de la media de la eurozona en 2019 (1,2 %), pese a no escapar a la ralentización.

Tras aumentar un 2,6 % en 2018, Bruselas calcula que el PIB español crecerá este año un 2,1 % y el próximo un 1,9 %, lo mismo que en su última estimación y en línea con los cálculos del Gobierno (2,2 % en 2019 y 1,9 % en 2020)

"Se prevé que el crecimiento se reduzca ligeramente a lo largo de 2019 y después se estabilice, conforme la ralentización del consumo privado se ve parcialmente compensada por un aumento gradual de las contribuciones de las exportaciones", señala su informe.

Este "fuerte" crecimiento, unido a la reducción de los costes por los intereses de la deuda, serán los factores que impulsarán la reducción del déficit, según explicó en rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario advierte de que ciertas medidas, algunas temporales, compensarán parcialmente este efecto.

En sus nuevas previsiones el Ejecutivo comunitario asume ya que no habrá un nuevo presupuesto de 2019 tras el rechazo parlamentario y basa su análisis en una prórroga de las de 2018 y el efecto de las medidas adoptadas por decreto ley.

Estas incluyen acciones por el lado de los ingresos, como el incremento de las bases de cotización a la seguridad social, pero "sobre todo" por el lado del gasto, como la subida de pensiones o ciertas medidas sociales, lo que explica en parte el empeoramiento de la previsión, según fuentes comunitarias.

El informe de la Comisión recuerda además que algunas medidas del presupuesto de 2018 tendrán efecto este año, como la reducción del IRPF para las rentas bajas o el aumento del sueldo de los funcionarios.

Además, la compensación por las autopistas de peaje quebradas, que el Gobierno cifra en 1.800 millones de euros, podrían engrosar el déficit si llegan a materializarse este año, avisan.

En todo caso, estas cifras permitirán a España salir del procedimiento por déficit excesivo en que lleva inmersa desde 2009, tras constatar que en 2018 dejó atrás el máximo del 3 % del PIB que fijan las normas.

"La CE estará en posición para recomendar al Consejo (los países) el próximo mes la salida de España del procedimiento por déficit excesivo después de diez años", dijo Moscovici en referencia a un proceso por el que Bruselas ha vigilado las cuentas españolas y pedido ajustes en los últimos años.

Una vez fuera, la CE pondrá el foco en reconducir el déficit estructural -que no tiene en cuenta el ciclo económico-, dónde su previsión es menos halagüeña: aumentará del 2,7 % al 2,9 % del PIB en 2019 y al 3,2 % en 2020.

Bruselas prevé además que la deuda pública se reduzca hasta el 96,3 % del PIB este año y al 95,7 % el próximo.

Por otra parte, proyecta que la creación de empleo "siga siendo robusta, pero se ralentice" y que el paro se reduzca al 13,5 % en 2019 y al 12,2 % en 2020.

La CE espera que el aumento de los sueldos alcance máximos en 2019 debido al aumento del salario mínimo y que se modere en 2020.

La inflación caería al 1,1 % este año y repuntaría al 1,4 % en 2020.

La Comisión no ha tenido en cuenta para hacer estas previsiones el plan de estabilidad ni el plan nacional de reformas que le envió España el 30 de abril, cuya evaluación se conocerá a principios de junio cuando Bruselas publique sus recomendaciones específicas para cada país.

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