Roma, 17 abr (EFECOM).- El Fondo Interbancario de Garantía de Depósitos italiano (FITD) confirmó hoy que estudia convertir en acciones los 320 millones de euros en bonos del banco Carige, intervenido por el Banco Central Europeo (BCE), que suscribió de forma voluntaria en noviembre del pasado año.

"La conversión completa en acciones de los 320 millones de euros en bonos suscritos en noviembre por el FITD a través de un plan voluntario es una hipótesis probable y concreta", afirmó el presidente de este fondo de garantía, Salvatore Maccarone, a los medios en Milán.

Cuando FITD aprobó esta suscripción, el banco se disponía a lanzar una ampliación de capital de 400 millones de euros, pero la operación fracasó y los tres administradores extraordinarios que gestionan actualmente la entidad, por orden del BCE, han estimado que ahora se necesitan 630 millones de euros.

Maccarone subrayó que "las necesidades de capital (del banco italiano) son mayores ahora que los que requería en el momento de la suscripción" y matizó que esta posible conversión no es una operación que por el momento esté detallada, "porque todo depende del resto de compañeros de viaje".

Explicó que el banco y FITD están dialogando con la gestora de fondos estadounidense BlackRock para una posible operación que impulse la competitividad del banco, pero insistió en que no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Si se produce esta hipótesis, FITD propone mantener una participación inferior al 50 % en el capital de Carige, ya que el fondo no tiene interés en controlar la entidad, sino en "resolver los problemas" y acompañar su reorganización.

El pasado noviembre, el FITD aprobó una intervención de hasta 320 millones de euros para garantizar la suscripción de los bonos subordinados de Banca Carige.

El objetivo era facilitar "la rápida finalización" de una ampliación de capital de 400 millones de euros que sin embargo la junta de accionistas no autorizó.

El BCE intervino el banco italiano a principios de enero y nombró a tres administradores extraordinarios temporales que gestionan la entidad y que han elaborado un plan estratégico para 2019-2023, en el que prevén una ampliación de capital de 630 millones de euros y una reducción de la plantilla en más de 1.000 personas.

Tras la intervención del BCE, el Gobierno italiano aprobó un decreto ley con el que ofreció la garantía estatal ante futuras emisiones de obligaciones o una posible recapitalización cautelar con dinero público.