Economía

Alcoa recuerda que nueva subasta de interrumpibilidad no está aún convocada

21 marzo, 2019 18:03

Alcoa, cuyas plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña perdieron la retribución por interrumpibilidad que percibían tras parar sus grupos de electrolisis antes de marzo, no se ha pronunciado sobre su exclusión de la próxima subasta para adjudicarse la prestación del servicio porque aún no se ha convocado.

Fuentes de la compañía, que mantendrá hasta el 30 de junio en condiciones de poder volver a ser arrancados los grupos de electrolisis de ambas factorías a la espera de que aparezca un comprador antes de esa fecha, han indicado a Efe que la subasta no se ha convocado y no se pueden "poner en una situación que no se ha dado".

Miguel Duvison, director general de Operación de Red Eléctrica de España (REE) -gestor del sistema eléctrico que organiza la subasta que convoca el Ministerio para la Transición Ecológica-, ha señalado este jueves que cuando un proveedor del servicio renuncia a prestarlo en el año en que le fue asignado, no puede presentarse a la siguiente subasta.

Por ello, las dos factorías de Alcoa que renunciaron a la prestación durante el primer semestre de este año no podrán hacerlo.

El fabricante de aluminio se adjudicó para sus tres plantas -Avilés, A Coruña y San Ciprián (Lugo)- alrededor de 400 megavatios (MW) de los 2.600 MW de potencia interrumpible adjudicados en la última subasta para cubrir el servicio en el primer semestre del año, aunque a un precio muy inferior a los de anteriores subastas, en las que también fue decreciendo.

Las subastas de interrumpibilidad bonifican los precios de la electricidad a las empresas dispuestas a desconectarse del sistema en caso de necesidad.

Desde 2014, el servicio de interrumpibilidad se gestiona mediante un mecanismo de subasta competitiva, es decir, que se organiza en una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor.

Alcoa llegó a un acuerdo con las administraciones y sindicatos para mantener los grupos de electrolisis en condiciones de que vuelvan a entrar en operación en caso de que aparezca un comprador y, además, aportaría 20 millones de euros por planta para que sean rearrancados.