Madrid, 21 ene (EFECOM).- El colaborador de Fedea Miguel Ángel García ve difícil que se puedan mantener las actuales tasas de reposición (porcentaje del último salario que queda como pensión) si las pensiones se revalorizan cada año con la inflación, ya que se limitaría la renta disponible de las generaciones futuras.

En su estudio publicado este lunes "Las pensiones públicas: mitos y realidades", García defiende que solo es factible mantener las cosas como están si se considera que un gasto en pensiones que llegue al 15 o al 16 % del PBI constituye una distribución equilibrada de los esfuerzos entre generaciones.

Por ello, alerta de que "incrementar desmesuradamente" el actual gasto en pensiones exigirá un esfuerzo tan grande que "atentará contra la equidad entre generaciones", además de dificultar el acceso al mercado laboral si ese gasto se financia con mayores cotizaciones.

El autor explica que las pensiones españolas están entre las más altas de la UE en relación a los salarios y que ofrecen retornos muy generosos en relación a las aportaciones realizadas por trabajadores y empresarios, "lo que está en el origen de los problemas de sostenibilidad que tan visibles se han hecho en los últimos años".

Añade que los datos no justifican la visión tan negativa que la sociedad tienen acerca de la suficiencia de las pensiones públicas.

En su opinión, la ciudadanía no es consciente de la magnitud de las cifras del sistema público de pensiones, como las que tienen que ver con el volumen de déficit que acarrea, que "exige un gran esfuerzo de todos para su resolución".

García expone que el déficit "no se va a solucionar solamente subiéndole los impuestos a los ricos" y pone como ejemplo que todo el patrimonio del empresario Amancio Ortega solo permitiría pagar las pensiones durante medio año.

En este sentido, expone que el reto es conseguir un equilibrio que combine suficiencia con equidad individual e intergeneracional y concluye que "aunque no existen soluciones mágicas e indoloras para el problema", el sistema público de pensiones puede ser financieramente viable con prestaciones similares, en términos relativos, a las de otros países europeos.

García, que ha dirigido el Gabinete Económico de CCOO (1990-2011) y es analista senior en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), formó parte del grupo de expertos en cuyas conclusiones se basó la reforma de las pensiones que llevó a cabo el PP en 2013.

Asegura que la reforma de 2013 tuvo como objetivo "trasladar de forma permanente a la sociedad la situación real del sistema de pensiones con los ingresos y gastos elegidos, para que adoptara las decisiones que considerara oportunas".

El investigador defiende que el índice de revalorización de pensiones (IRP) que se introdujo con aquella reforma -que ligó la subida de las pensiones a la situación financiera del sistema en lugar de la IPC- no condenaba a una subida mínima del 0,25 % "sine die".

Según dice, la norma permitía que en el ámbito de la política se decidieran subidas mayores, "pero con la obligación de explicar a la ciudadanía los esfuerzos a realizar mediante más ingresos o con peores pensiones".

Del factor de sostenibilidad, el otro pilar de la reforma de 2013, destaca que estaba destinado a adecuar el crecimiento de las pensiones en un contexto de mayor esperanza de vida, sin recortar la pensión cobrada durante la vida del pensionista.