Las claves
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La Unión Europea aprobó la Digital Services Act (DSA) prometiendo más control y vigilancia sobre las grandes plataformas y su actividad en el Viejo Continente. Dos años después, la norma empieza a arrojar resultados cuantificables sobre la libertad (o libertinaje) con el que operaban estas compañías.
Desde su entrada en vigor, las 'big tech' han tenido que revertir casi 50 millones de decisiones de moderación tras reclamaciones de usuarios europeos. Hablamos tanto de contenidos eliminados que reaparecen, cuentas suspendidas que se restauran o publicaciones que dejan de estar invisibilizadas, como de sus contrapartes. El dato no es solo volumétrico: de 165 millones de decisiones recurridas mediante los mecanismos internos de las propias plataformas, el 30% terminó anulándose.
Es decir, aproximadamente una de cada tres decisiones de moderación no superó su propia revisión.
El elemento más revelador aparece al observar la naturaleza de esas decisiones. Durante el primer semestre de 2025, el 99% de la moderación no respondió a contenidos ilegales, sino a la aplicación de términos y condiciones privados. En otras palabras, el conflicto central de la moderación online no estaba, por tanto, en la legalidad penal, sino en la gobernanza interna de cada servicio.
Ese es precisamente uno de los pilares novedosos de la DSA, el de convertir normas corporativas unilaterales en decisiones recurribles conforme al derecho comunitario.
El reglamento también introduce una segunda capa de resolución de conflictos fuera de los tribunales. En la primera mitad de 2025, organismos extrajudiciales revisaron más de 1.800 disputas sobre contenidos en Facebook, Instagram y TikTok dentro de la UE, revocando las decisiones en el 52% de los casos cerrados.
Más allá de la moderación, la normativa ha desplegado efectos concretos en seguridad digital. Desde 2024 está prohibida la publicidad dirigida a menores en plataformas online dentro de la Unión Europea. Los marketplaces deben además identificar a sus vendedores, rastrear productos ilegales y avisar a los compradores cuando detecten que han adquirido uno.
La historia de la DSA
La DSA es una ley que tiene como objetivo principal obligar a las plataformas online (entre las que se incluyen las redes sociales, marketplaces, etc.) a moderar sus contenidos, retirar los que sean ilegales y hacer los algoritmos más transparentes.
Este trabajo, que en su concepción allá por finales de 2020 parecía más bien utópico, es una realidad desde febrero de 2024, cuando se cumplió la fecha límite para que todas las entidades adscritas a la DSA cumpliesen sus requisitos.
En concreto, la ley se aplica a todas las plataformas online e intermediarios que operan en la UE (marketplaces, redes sociales, tiendas de aplicaciones, sitios de reserva de viajes o alojamientos…), independientemente de su tamaño. Sin embargo, las pymes están exentas de gran parte de las normas definidas en esta regulación, por lo que el reglamento afecta, principalmente, a las más grandes, es decir, aquellas cuya media de usuarios supera el 10% de ciudadanos de la UE (alrededor de 45 millones o más).
A fecha de hoy, las compañías que se encuentran bajo dicha regulación son: AliExpress, Amazon, Apple (con su App Store), Aylo Freesites (Porhub), Booking, Google (con Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping y Youtube), Infinitive Styles Services (Shein), LinkedIn, Microsoft (Bing), NKL Associates (XNXX), Pinterest, Snap B.V. (Snapchat), Technius (Stripchat), Whaleco Technology Limited (Temu), WebGroup Czech Republic (XVideos), Wikimedia Foundation (Wikipedia) o Zalando. También, redes sociales como TikTok Technology Limited (TikTok), Meta (Facebook e Instagram), Twitter International Unlimited Company (X).
