Las claves

nuevo Generado con IA

La Comisión Europea (CE) proponía ayer una moratoria hasta diciembre de 2027 de los artículos más conflictivos de su pionera Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), entre otros preceptos troncales de su nutrida legislación digital. Para los más críticos, entre ellos políticos de calado como Thierry Breton, excomisario de Mercado Interior, estos son los que entran en conflicto con los intereses de las big tech norteamericanas y de la administración Trump.

Bajo el pretexto de aplicar "simplicidad" y sostener la competitividad del Viejo Continente, el organismo dirigido por Ursula Von der Leyen llevará a debate y votación un paquete de medidas conocido como ‘ómnibus digital’, para rebajar las obligaciones y sanciones en IA, ciberseguridad y protección de datos (GDPR).

De llevarse a cabo las pretensiones, se permitiría a estos gigantes utilizar los datos personales de los ciudadanos europeos para entrenar sus modelos de IA. Además, se relajaría la política de 'cookies' y se concentraría el sistema de notificaciones de incidentes de seguridad en un único punto central.

En lo que a esta primera regulación mundial de la IA se refiere en particular, Bruselas quiere retrasar la entrada en vigor, de agosto de 2026 a diciembre de 2027, de los párrafos que contemplan las actividades consideradas de "alto riesgo", destinados a la identificación biométrica en espacios públicos, selección automatizada de personal, infraestructuras críticas o evaluación de créditos o seguros.

Este amago de cesión fue denunciado el pasado mes de abril por los autores de la ley -el acuerdo en la redacción del texto se fraguó en diciembre de 2023-, entre los que se encuentran la española Carme Artigas, entonces secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España. En una carta dirigida a la vicepresidenta de Tecnología de la CE, Henna Virkunnen, pedían que estas obligaciones no fueran degradadas a la categoría de ‘recomendaciones’ a riesgo de caer en una espiral "peligrosa y antidemocrática".

No obstante, fuentes de los órganos comunitarios insisten en que el planteamiento no trata de "desregular", sino de realizar una revisión crítica de las leyes para facilitar la innovación y reducir las cargas burocráticas de las empresas.

Además, y a pesar de las citadas valoraciones negativas de los redactores del documento, los expertos españoles muestran confianza en el 'ómnibus digital', y consensúan que puede ser un pistoletazo de salida al desarrollo de la innovación y de la competitividad.

Reacciones de las patronales españolas

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL ha testado la valoración de este paquete de medidas entre las asociaciones más destacadas de la industria tecnológica en España.

Desde DigitalES, su director general, Miguel Sánchez Galindo, se muestra en consonancia con la CE y ve en este paquete de medidas "un primer paso positivo para avanzar hacia una regulación digital más simple y coherente". Sin embargo, estima que este esfuerzo no es suficiente y pide al regulador que “continúe en su actividad. […] Sobre todo en aquellos sectores que tradicionalmente tienen una mayor carga normativa”.

En concreto, y en lo concerniente al AI Act, el directivo valora que se busquen marcos realistas para su implementación. Pero exige, a la vez que se facilita la innovación y la competitividad, que se mantenga la transparencia y las garantías de derecho asociadas a los valores europeos.

"Somos conscientes de que las empresas necesitan un entorno regulatorio claro y razonable para competir en esta era de forma eficiente. Aunque una revisión de plazos o requisitos de los sistemas de ‘alto riesgo’ debe mantener intactos los estándares de seguridad, protección de derechos y confianza que distinguen nuestro modelo".

Por otra parte, añade, "cualquier impulso relacionado con la simplificación de notificaciones de incidentes de seguridad parece bien enfocado, a la espera de ver cómo se traslada en los estados miembro".

Otra de las patronales del país, Adigital, ya elaboró una propuesta de 11 puntos, pocos días antes de que se debatiese el ‘Ómnibus Digital’, encaminada también a avanzar hacia la "agilidad, interoperabilidad" y a la atracción de inversión.

En ella, afirmaba, "hay que posicionar a España como uno de los hubs digitales de referencia en un momento en el que la Unión Europea (UE) cuenta con más de 34.000 normas". En este sentido, su directora de Asuntos Europeos y de la oficina en Bruselas, Raquel Jorge, hacía extensible que “la fragmentación normativa, las cargas administrativas y las duplicidades que hemos encontrado están afectando de forma directa a la operativa de las empresas”.

Ahora, tras la noticia, desde la asociación defienden que la simplificación regulatoria "no es únicamente una cuestión técnica, sino una palanca estratégica para reforzar la confianza de los inversores, garantizar la protección de los consumidores, asegurar la sostenibilidad de nuestra economía y, en última instancia, del propio estado del bienestar".

Los emprendedores también aprueban la revisión

Desde el sector del emprendimiento español también se ha visto con buenos ojos el movimiento de Bruselas. "Muy positivo este paso. Parece que, por fin, en Europa empezamos a entender que la regulación no puede convertirse en un freno a la innovación si realmente queremos seguir siendo competitivos a nivel internacional", ha afirmado a este medio Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups.

El representante de las startups defiende que "la IA no es solo una tecnología más: es una nueva revolución. Y, como cualquier gran cambio de era, solo hay dos opciones: surfear la ola o dejar que nos pase por encima".

"Si aspiramos a liderar esta transformación, necesitamos un marco regulatorio que proteja, sí, pero que también impulse, acompañe y permita a nuestras startups y empresas innovar con agilidad", ha continuado.

El presidente de la Asociación Española de Startups ha mostrado su deseo de que la decisión de Europa sea "el comienzo de una Europa más ambiciosa, más abierta y más alineada con la velocidad real de la innovación", ha concluido.

Análisis político de la situación

Marc Isern, analista de Penteo, estima que el aplazamiento se fundamenta en una necesidad técnica evidente: “Antes de imponer obligaciones estrictas, es imprescindible disponer de estándares, guías y mecanismos de evaluación maduros”. Sin esto, prosigue, “la aplicación inmediata del marco de IA habría derivado en un cumplimiento deficiente y en un riesgo real de frenar la innovación”.

Sin embargo, el experto va más allá en su examen y también estudia las medidas desde el punto de vista geopolítico. “El retraso llega en un contexto de presiones de grandes tecnológicas y actores internacionales que consideran que Europa es demasiado restrictiva. La flexibilización de ciertos principios, como permitir entrenamientos de IA basados en interés legítimo, en lugar de exigir siempre el consentimiento explícito, implica una protección más laxa en el fondo”.

Asimismo, dice, el impacto competitivo también es desigual. Si startups y pymes tienen un “valioso” margen de maniobra para prepararse, las grandes tecnológicas también pero con la ventaja de que “les permite operar más tiempo sin supervisión estricta y consolidar posiciones en el mercado”.

Por último, concluye Isern: “El resultado final es una propuesta útil en el corto plazo pero estratégicamente ambigua. Bruselas evita un choque entre regulación y capacidad técnica, pero lo hace a costa de posponer decisiones que podrían determinar su peso digital en la próxima década”.