Las claves

Generado con IA

El nuevo decreto del Gobierno impone requisitos muy estrictos para los centros de datos, como la certificación horaria del uso de energía renovable y la obligación de generar 1 MW renovable por cada uno consumido.

SpainDC y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, consideran que la norma es un veto a la industria, ya que ninguna empresa del sector puede cumplir con esos requisitos.

Se estima que España podría perder hasta el 90% de la inversión prevista en centros de datos, valorada en 67.000 millones de euros hasta 2030, por la aplicación de este decreto.

El sector critica que el Gobierno no haya consultado ni negociado con las empresas afectadas antes de aprobar la norma, lo que pone en riesgo la competitividad y el desarrollo tecnológico del país.

El Gobierno sorprendió a propios y extraños con el ya infamemente famoso ‘decretazo’ a los centros de datos. En pleno agosto, sin haberse reunido ni consultado al sector para su redacción, el gabinete de Óscar López daba rienda suelta a una norma que impone draconianos requisitos a estas infraestructuras vitales de la economía digital. Incluyendo, como excentricidades máximas, la imposición de una correlación horaria imposible de cumplir e inaudita en el mundo, así como la obligación de generar un 1 MW de energía renovable.

Como era de esperar, las críticas no tardaron en llegar, desde prácticamente todos los polos, desde Comunidades Autónomas temerosas de perder multimillonarias inversiones y empleos de calidad hasta las patronales de la industria y los propios operadores afectados por esta arbitraria norma. El ministro trató de escudarse, ya en el inicio de curso en Santander, en un diálogo inexistente con el sector y descartó cualquier moratoria o rebaja sustancial bajo el pretexto de “adelantarnos a los problemas” que tienen latitudes con contextos muy diferentes al español.

Las críticas han alcanzado tonos pocas veces vistos en el sector tecnológico, y no es para menos. SpainDC, la principal asociación del ramo, habla abiertamente de un “veto” a los centros de datos en España.

Así lo dejaron patente sus representantes la pasada semana, cuando hicieron repaso a las alegaciones presentadas por este ente al ‘decretazo’. Y así lo repite, una y otra vez, su directora ejecutiva Begoña Villacís, cuando atiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL para tratar a fondo este momento crítico que se ha impuesto en la agenda, justo cuando mejores y más boyantes eran todas las previsiones para el despertar digital de nuestro país.

PREGUNTA: El principal punto de confrontación del borrador del Real Decreto es la exigencia de que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo eléctrico con fuentes renovables, con una certificación hora a hora, y generando un megavatio renovable por cada uno consumido.

Begoña Villacís: Estamos hablando de un decreto que nace basado en la urgencia y para atender una cuestión coyuntural, como puede ser la crisis de Irán. No olvidemos que es la madre de todo esto, donde se ancla esta norma. A raíz de aquí, aprovechan para cambiar el modelo energético de un país y regular un sector para siempre.

La suma de estas restricciones equivale a la prohibición. Es un veto a los centros de datos porque ninguna de las compañías, los 308 socios de SpainDC, ha asumido poder cumplir estos requisitos. No los cumpliría ni la gigafactoría de IA del Gobierno.

El Ejecutivo tiene todo el derecho a pensar cómo quiere su futuro energético y qué tipo de centros de datos le gustaría que proliferasen. Pero ha de tener en cuenta que no son los Estados los que eligen los centros de datos, sino que son las empresas las que eligen los Estados donde los construyen.

España se va a convertir en el peor Estado de Europa en cuanto a normativa. No hay ningún otro que ofrezca peores condiciones que nosotros. Nos estamos permitiendo el lujo de descartar esta industria, que es la más importante que hay ahora mismo en el mundo, como la del ferrocarril hace tres siglos.

P: El Gobierno ha justificado parte de este real decreto en evitar o prevenir las situaciones que están pasando en Irlanda. Desde vuestro sector habéis señalado que la realidad española está muy distante del escenario que se plantea allí. ¿Cuál puede ser la razón a este argumento?

B. V.: Los centros de datos en Irlanda están cerca de alcanzar el 30% del consumo energético total del país y nosotros estamos en un 0,8%. Es decir, nada. Somos un país que está batiendo récords históricos de tirar energía a la basura porque no somos capaces de consumirla. Un país donde las industrias fotovoltaica, eólica y cualquier otro generador, están pidiendo a gritos que les llegue el consumo porque no van a ser rentables.

También dicen que tienen solicitudes de acceso por valor de entre 12 y 14GW para 2030. Nosotros hemos hecho un informe, preguntando a la industria real, y los datos son totalmente distintos: como mucho habrá 3GW en los próximos cinco años.

Para empezar, con este decreto se ataca a la industria: a los que tienen inversiones, los que ya tienen concedido un permiso de acceso y los que han hecho un plan de negocio en base a un contexto normativo determinado. Si quieres combatir a los especuladores, lo que no puedes hacer es empezar a dañar el tejido productivo real.

¿Por qué no regulamos cuando estemos cercar de alcanzar ese problema del que hablan? Estamos muy lejos de ello, démonos un tiempo y midamos. Nosotros nos abrimos a esa posibilidad.

P: El ministro Óscar López ha rechazado categóricamente una moratoria.

B. V: Quiero pensar que si se nos ofrece la posibilidad de hacer alegaciones es porque van a ser atendidas y escuchadas. Y no solo las del sector. También tendrán que escuchar a la CNMC y al Consejo de Estado. El texto está lleno de errores de bulto. En cualquier caso, si entras a regular te tienes que asegurar de que se pueda cumplir lo que propones. Que no sea algo que has trazado en el laboratorio y se lo pases a gente que no es de la industria, porque es la propia industria la que está diciendo que esto es inviable.

Irlanda sí está en riesgo: lo reconoce el sector y su gobierno. Pero la normativa que tiene ahora mismo vino precedida de tres años de negociaciones. Y, para empezar, no tiene correlación horaria y tiene una adicionalidad muy lejana a la que se plantea aquí, con seis años, además, de periodo transitorio para cumplir. Esa es la diferencia.

Ni en Irlanda ni en ningún sitio hay una suma de limitaciones que conduzca a una prohibición real. Esto es un veto a los centros de datos. Por otra parte, ya se ha hecho mucho daño: hay multinacionales que han dejado de mirar a España.

P: ¿Se puede cuantificar ya el daño pocas semanas después desde que se realizó el anuncio?

B. V: Son datos que nosotros no podemos revelar, pero evidentemente sabemos que ya hay inversiones que se han ido. Lo que estamos sumando ahora mismo es el coste de oportunidad que va a significar la entrada en vigor del Real Decreto.

Es una pena que el coste de oportunidad no sea algo que se pueda ver. Nadie sabrá cómo hubiese sido España si no hubiese entrado en vigor una normativa que es absolutamente letal para el sector más importante que tenemos.

Ahora que por fin tenemos una industria que está llamando a la puerta, con una tecnología que le da sentido a la vida y que aporta soluciones bastante importantes, vamos a cerrar la entrada a decenas de millones de euros y a miles de puestos de trabajo cualificados.

"El Gobierno se está permitiendo el lujo de descartar a la industria más importante del mundo en estos momentos"

P: Este Gobierno ha hecho mucha gala de la importancia de la soberanía digital y la autonomía estratégica. ¿Tiene sentido este discurso cuando estamos ante una regulación que puede expulsar a los centros de datos del país?

B. V: Soberanía va a haber, pero estará en Francia, Portugal o Italia. Nos vamos a quedar fuera y es terrible porque no somos conscientes de que estábamos consiguiendo entrar en la competición.

En los últimos años, España ha sido el país más atractivo por muchos motivos: hiperconectividad, talento, energía renovable... Pero con estas condiciones nadie va a querer venir a España.

P: De hecho, la propia SpainDC estima que se puede perder hasta el 90% de la inversión prevista, por valor de 67.000 millones de euros, para 2030.

B.V: Sí, aproximadamente. Si queremos autonomía y soberanía, tenemos que empezar por tener los centros de datos dentro de las fronteras de España. Además, Europa va en la línea de la desburocratización. Nosotros hemos decidido hacer exactamente lo contrario: deslocalizarnos e imposibilitar.

Es imposible que un centro de datos pueda cumplir con la correlación horaria si este precepto no está presente en ningún país. Me parece una discriminación injustificable desde el punto de vista de la libertad de empresa y de la competitividad. Y solo es hacia nuestra industria, que representa el 0,8% del consumo energético total. Hay muchos otros sectores más intensivos en este gasto.

En los centros de datos se desarrolla la inteligencia artificial. Es decir, si no tienes centros de datos, olvídate de competir en inteligencia artificial. Olvídate de formar talento. O fórmalo, pero se va a ir a trabajar fuera, lo cual es absurdo.

P: ¿Desde la patronal veis que pueda estar alineado este veto a los centros de datos con un discurso ciertamente populista del Gobierno contra las grandes tecnológicas?

B.V: El discurso populista se explica siempre infinitamente mejor que uno basado en realidades, pero es un absurdo. Para empezar, los centros de datos de España ya son muy sostenibles; son muy distintos a los que hay en Estados Unidos y a los de primera generación de Europa.

Son centros que están adaptados a la situación actual, con prácticamente nulo consumo hídrico, nada más que cuando empiezan a funcionar, porque prácticamente son todos de circuito cerrado.

Creo que detrás de todo esto hay alguien que piensa que nos podemos permitir el lujo de elegir quién viene aquí, pero el mundo y la competitividad son globales. Y esta es probablemente la norma que agrede más a la competitividad de España en Europa. No hay otra que vaya a comprometer más nuestra viabilidad como país, como futuro tecnológico. Otra cosa muy peligrosa es que están jugando con las inversiones. El dinero es muy miedoso: si le cambias las normas, se marcha.

"Si queremos autonomía y soberanía, los centros de datos se tienen que quedar dentro de las fronteras españolas"

P: Llama la atención que el Gobierno no haya contado con el sector para consensuar la norma

Es cierto, no han colaborado con nosotros, no nos han escuchado para hacer esta ley y ha sido una sorpresa para todo el sector. Para regular tienes que escuchar a la industria porque el Gobierno no es un operador de centros de datos. Afortunadamente hemos podido presentar alegaciones. Y no solo los operadores: nosotros tenemos 308 socios, de los cuales solo 15 son operadores.

El resto son fabricantes de suelo técnico para centros de datos, fabricantes de puertas para centros de datos, estudios de arquitectura, ingenierías, empresas de ciberseguridad… La cadena de valor que arrastra un sector que mueve tanto dinero es gigantesca. Y eso solo para poner los cimientos de lo que tiene que ser una España digital.

P: ¿Qué puntos tendrían que cambiar sí o sí, según las alegaciones?

"Los requisitos propuestos no los cumpliría ni la gigafactoría de IA del Gobierno"

La correlación horaria, simplemente, no se puede cumplir. Pero no tenemos un texto alternativo; no podemos decir: “Lo haríamos así” porque esto, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, es imposible. Y la adicionalidad es un gravísimo error.

P: ¿Y qué otros serían negociables?

B.V: Yo creo que se podrían negociar muchas cosas. Por ejemplo, en lo relativo a la eficiencia energética podemos fijarnos objetivos muy ambiciosos, pero siempre con lo que dice Europa como marco. Nosotros somos un Estado más y yo creo en la potencia de una Europa unida. Esa tiene que ser la referencia.

P: Aunque la negociación sea fructífera, ¿el daño que se ha hecho estas últimas semanas es irreversible?

B. V.: La tendencia se puede cambiar, mucha gente ha apostado ya mucho dinero en este país a estas alturas. Y las empresas están haciendo un esfuerzo muy grande por participar, las veo muy involucradas en su apoyo. Todo esto no lo haces para dar por perdido a un país, sino todo lo contrario. El sector ha expresado su unanimidad, por fin, pero tiene que haber una buena voluntad por parte del Gobierno.

P: Además de la industria privada, Comunidades Autónomas como Madrid o Andalucía se han opuesto al decreto y han presentado alegaciones. ¿Estáis hablando también con la Administración Pública para hacer un frente común contra el Gobierno?

B.V: No quiero hablar de frentismo, sería algo muy malo a largo plazo. Tenemos que ser capaces de convencer, de llegar a un consenso. No podemos estar dispuestos a que cambien la normativa cada cuatro años porque las inversiones que se están haciendo en el sector son a muy largo plazo.

La diferencia de los centros de datos con cualquier otra industria es que si tú eliges un sitio para colocarte, vas a estar ahí mínimo 20 años. Entonces, toda la normativa tiene que hacerse desde el consenso en la medida de lo posible, porque es lo único que va a garantizar la inversión.

En el fondo, lo que tenemos que exportar como Gobierno es tranquilidad. Sobre todo en un entorno tan convulso como este que nos ha tocado vivir.

P: En conclusión, ¿confiáis en que el decreto se revierta? ¿Al menos los puntos sensibles que habéis señalado?

B.V.: Yo creo que sí, soy optimista porque tenemos que ser capaces de conseguirlo. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo porque, de lo contrario, cerramos el sector y nos vamos.