SpainDC alerta de que el nuevo Real Decreto sobre sostenibilidad puede suponer un veto de facto al sector de los centros de datos en España.
La asociación advierte que hasta el 90% de la inversión futura en centros de datos podría peligrar si se mantienen los requisitos actuales del proyecto.
El decreto prevé recargos de hasta el 500% sobre peajes y cargos, algo que SpainDC considera sancionador y desproporcionado.
SpainDC cuestiona la legalidad de algunas obligaciones y el reparto de competencias, y exige revisar el texto junto al Gobierno y la CNMC.
SpainDC ha presentado sus alegaciones contra el proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. La asociación considera que la acumulación de obligaciones, los plazos de adaptación y el régimen de consecuencias previsto pueden convertir la norma en una “prohibición de facto” para el sector.
La organización ha trasladado su posición este viernes durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la CEOE, en Madrid, en la que han intervenido Emilio Díaz, presidente de SpainDC, y Begoña Villacís, directora ejecutiva. Cristina Riestra, directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la patronal empresarial, también ha participado en el encuentro para respaldar la relevancia industrial del debate.
“No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable”, ha señalado Díaz.
La asociación sostiene que el proyecto plantea dudas que van más allá de su impacto económico. SpainDC cuestiona también la cobertura legal de algunas de las obligaciones, el reparto de competencias entre el Gobierno y los organismos reguladores y la naturaleza jurídica de las consecuencias previstas para las empresas que no cumplan con las nuevas exigencias.
“Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y se sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida”, ha explicado Villacís.
La regulación amenaza hasta el 90% de la inversión futura
El sector de los centros de datos considera que el proyecto puede deteriorar la posición competitiva de España frente a otros países europeos. Según el informe anual citado por SpainDC, la inversión directa e indirecta acumulada en el sector podría alcanzar los 66.900 millones de euros hasta 2030.
Sin embargo, la asociación estima que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino estaría en riesgo si se mantiene el planteamiento actual del Real Decreto.
“Las inversiones buscan seguridad jurídica y las compañías comparan energía, disponibilidad de red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria. España no compite consigo misma; si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país”, ha advertido el presidente de SpainDC.
La preocupación afecta tanto a los proyectos futuros como a iniciativas que ya se encuentran en distintas fases de desarrollo. El texto contempla que determinados proyectos con permisos de acceso y conexión concedidos dispongan de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos.
A juicio de SpainDC, esa obligación tendría un impacto directo sobre compañías que ya han comprometido suelo, licencias, obras, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes. La adaptación podría obligarlas, según la asociación, a replantear proyectos que llevan años desarrollándose bajo el marco regulatorio vigente.
La asociación cuestiona los recargos de hasta el 500%
Otro de los aspectos que SpainDC considera especialmente problemáticos es el régimen económico previsto en el proyecto. La norma contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, con un incremento asociado a la reiteración de los incumplimientos.
Villacís ha puesto en duda que estas cantidades puedan considerarse simples recargos, especialmente cuando su aplicación puede llegar acompañada de consecuencias como la pérdida del permiso.
“Si lo llamamos recargo, pero puede llegar al 500% sobre determinados peajes y cargos, aumenta con la reiteración y puede acabar acompañado de consecuencias tan graves como la pérdida del permiso, la pregunta es evidente: ¿estamos ante un recargo o ante una sanción?”, ha planteado la directora ejecutiva.
La asociación también considera desproporcionada la combinación de exigencias vinculadas a la generación renovable. El proyecto plantea que los centros de datos cubran el 80% de su consumo mediante nueva generación renovable y que produzcan una cantidad de energía equivalente a la que consumen.
A estas condiciones se suma la correlación temporal, que obligaría a garantizar que la energía consumida en una hora concreta haya sido producida durante esa misma hora. SpainDC sostiene que este requisito introduce una dificultad técnica y económica que haría inviables muchos proyectos actuales.
“No tiene sentido exigir nueva generación renovable cuando ya hay horas en las que estamos vertiendo energía renovable porque el sistema no puede absorberla. Antes de obligar a construir más, deberíamos aprovechar mejor la que ya tenemos”, ha defendido Díaz.
SpainDC reclama revisar el reparto de competencias
Las alegaciones presentadas por la asociación también cuestionan que el Ministerio asuma determinadas competencias relacionadas con el acceso, la conexión y la regulación energética. SpainDC considera que algunas de estas funciones corresponden legalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su condición de regulador independiente.
La organización reclama una reconsideración profunda del texto y advierte de que el problema no se limita a una obligación concreta, sino al efecto acumulativo de los requisitos, los plazos y las penalizaciones incluidos en el proyecto.
Pese a su rechazo frontal a la redacción actual, SpainDC ha reiterado su disposición a participar en mesas técnicas y a trabajar con el Ejecutivo y los ministerios implicados para revisar la norma.
La asociación agrupa a más de 300 compañías, entre operadores de centros de datos y empresas de toda la cadena de valor del sector. La intervención de Begoña Villacís en esta rueda de prensa se podrá ampliar en la entrevista que DISRUPTORES - EL ESPAÑOL publicará el próximo martes.