La Justicia española ha pasado de la gestión en papel a un sistema digital, orientado al dato y la interoperabilidad entre actores, gracias al plan Justicia 2030.
La plataforma Carpeta Justicia permite a los ciudadanos consultar sus procesos judiciales y facilita el acceso a información antes reservada a abogados y procuradores.
La inteligencia artificial y la automatización han acelerado la transformación judicial, permitiendo desde resúmenes automáticos hasta la integración de atestados y trámites online.
El Ministerio de Justicia ha sido reconocido con el Premio al Impulso de la Digitalización 2026 por sus avances en digitalización de procedimientos y el uso de IA.
La imagen de la justicia asociada al papel sigue estando muy presente. Expedientes que viajan durante horas en camiones, cajas que se trasladan de una provincia a otra y abogados que, incluso cuando el expediente ya era electrónico, tenían que acudir en persona al juzgado para consultarlo.
Ese es el punto de partida con el que se encontró Aitor Cubo, director general de Transformación Digital en el Ministerio de Justicia, cuando en 2020 aterrizó en su actual cargo. Seis años después, recorre junto a DISRUPTORES-EL ESPAÑOL el proceso de cambio de esta Administración. Es una conversación plagada de asuntos teóricos, pero también de hechos prácticos.
Antes de entrar en detalles, este ingeniero en Informática y licenciado en Psicología hace uso de su experiencia como docente para resumir en una frase aquel escenario que ayuda a entender la magnitud del reto: "Nos encontramos con una justicia absolutamente fragmentada”.
En las comunidades autónomas que tenían las competencias transferidas, la mayoría del sistema funcionaba en papel; mientras que en los territorios que en materia judicial dependen del Estado (Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla), el expediente electrónico ya estaba implantado y cubría todas las jurisdicciones, incluida la penal.
La pandemia, los fondos europeos y la irrupción de la inteligencia artificial han acelerado desde entonces una transformación que estaba planteada para una década. Los objetivos digitales recogidos en el plan Justicia 2030 se han alcanzado, en su mayoría, antes de lo previsto. Incluso algunas capacidades vinculadas con los usos de la IA, que no estaban contempladas inicialmente, ya están en desarrollo.
Del papel al expediente electrónico
Echando la vista atrás, y con los resultados sobre la mesa, la transformación no ha sido fácil. Todo lo contrario. El responsable de la gestión tecnológica de la justicia identifica algunas particularidades que la hacen "especialmente compleja frente a otros ámbitos de la Administración", por el modo en el que se estructura y se consulta la información.
“El expediente judicial no es simplemente un conjunto de documentos, puede incluir vídeos completos de juicios”. Para entender la dimensión, aclara que "un vídeo de dos horas puede ocupar más que 80.000 documentos en papel".
"La gestión tecnológica de la justicia tiene unas particularidades que la hacen especialmente compleja"
Cuando habla de complejidad, también se refiere a la logística para manejar todo ese volumen de escritos en formato físico. Cubo recuerda cómo expedientes de Canarias se metían en "miles" de cajas, se trasladaban hasta el puerto y viajaban a Cádiz para después transportarlos en tráileres. En el Tribunal Supremo, "los camiones llegaban a la plaza de Villa de París, Madrid, para descargar todas esas cajas".
Había situaciones todavía más paradójicas: "En 2020, abogados y procuradores tenían que acudir al órgano judicial con una memoria externa para llevarse documentación que ya estaba digitalizada", cuenta todavía con perplejidad.
Con estos mimbres, se diseñó Justicia 2030, un plan a diez años para modernizar y transformar este sector. Pero tres acontecimientos cambiaron el calendario: la pandemia, los fondos europeos y la llegada de la inteligencia artificial.
Por un lado, la necesidad de teletrabajar obligó a utilizar el expediente digital y, con ello, se consiguió algo que resulta muy difícil: cambiar hábitos. "El ser humano es un animal de costumbres", explica Cobo. “Personas que hasta entonces habían mostrado resistencia a abandonar el papel tuvieron que adoptar la tramitación electrónica y la firma digital porque no podían acudir físicamente a trabajar”.
Aitor Cubo, rsponsable de Transformación Digital de la Administración de Justicia
El segundo impulso llegó con los fondos europeos. Justicia fue declarada proyecto tractor de transformación digital y recibió 410 millones de euros, una inyección de dinero que permitió acelerar una hoja de ruta prevista para diez años.
Por último, el tercer elemento fue el tecnológico. En 2020, la inteligencia artificial y la robotización eran incipientes en este ámbito. Cinco años después, ambas forman parte de proyectos completamente implantados.
Llevar el expediente al ciudadano
Una de esas iniciativas ya está operativa es Carpeta Justicia. La herramienta con la que el ciudadano puede consultar cómo evolucionan sus procesos judiciales, algo que hasta hace pocos años dependía de la información que le proporcionara su abogado o procurador.
"Ahora los ciudadanos pueden acceder directamente a esa información mediante certificado digital, Cl@ve PIN u otros sistemas de identificación. El problema es que la gente no conoce estas cuestiones”, lamenta el director general. “Es un problema de comunicación, no tecnológico”
“La digitalización no puede convertirse en una nueva barrera”
Esta plataforma incorpora, además, inteligencia artificial para anonimizar documentos o generar resúmenes, incluyendo una funcionalidad destinada a traducir el lenguaje jurídico a un lenguaje comprensible para el usuario de a pie.
El objetivo, en cualquier caso, no es que la digitalización sustituya la atención presencial. “La digitalización no puede convertirse en una nueva barrera”, advierte Cubo.
Para ilustrarlo, recurre al caso ficticio de una persona de 80 años en Las Hurdes que no quiere utilizar tecnología. Para este tipo de perfiles se han creado las Oficinas de Justicia en los Municipios, que funcionan como complemento presencial de servicios como Carpeta Justicia.
Pero es con el caso de Formentera donde el responsable de Transformación Digital se muestra especialmente entusiasmado. Detalla que la isla depende jurídicamente de su vecina Ibiza. Antes de esta transformación, para realizar trámites como una ratificación de divorcio de mutuo acuerdo, un ciudadano tenía que desplazarse hasta allí, pasar la noche y dedicar prácticamente un día entero a una gestión que apenas lleva unos minutos.
Con la Oficina de Justicia en el Municipio, la tramitación puede realizarse desde la propia Formentera. También es posible acudir allí para consultar un expediente o imprimir un documento. "La tecnología no elimina necesariamente la atención presencial; la hace posible incluso en lugares donde antes era inviable", reivindica Cubo.
La diferencia es que detrás de ese servicio presencial existe una infraestructura digital que permite acceder a información situada a cientos de kilómetros.
Expediente abierto e interoperabilidad
El siguiente paso ha sido abrir el expediente judicial electrónico. Cubo recuerda que en 2020 ya existía en los territorios que dependen directamente del Ministerio. La transformación posterior ha consistido en hacerlo accesible a abogados y procuradores desde sus despachos, al ciudadano a través de Carpeta Justicia y al resto de actores de la Administración de Justicia.
Al mismo tiempo, las comunidades autónomas que todavía trabajaban en papel han ido incorporándolo. Pero la clave, insiste, no es que todos los actores dispongan de él, sino que "el expediente esté orientado al dato y pueda interoperar”.
"El expediente electrónico debe estar orientado al dato"
Ahí es donde se produce uno de los grandes cambios de paradigma: "Antes la justicia funcionaba a modo de proyecto informático cerrado; ahora tiene que relacionarse con abogados, procuradores, otras administraciones, Policía, hospitales o servicios de medicina legal", explica.
Los 410 millones de fondos europeos han permitido articular 18 proyectos de interoperabilidad. Estos se acuerdan en el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, con participación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas y el Ministerio.
La arquitectura tampoco responde a un único modelo. Justicia combina nube pública, soluciones integradas en sus propios sistemas e infraestructura propia. Para determinados usos de IA vinculados a datos críticos, el Ministerio ha adquirido incluso servidores específicos para mantener el procesamiento dentro de sus propios entornos.
Y es esto, precisamente, lo que permite dejar atrás un sistema cerrado. Por ejemplo, los atestados de la Guardia Civil pueden integrarse automáticamente en los procedimientos judiciales, evitando el traslado físico de documentación. También ha cambiado la relación con las policías locales. Un agente que antes tenía que desplazarse para declarar en un juicio, ahora puede hacerlo desde una oficina habilitada para videoconferencias.
Del documento al dato
El cambio más profundo, sin embargo, no consiste en digitalizar los expedientes, sino en convertir la información que contienen en datos estructurados y explotables. Cuando Cubo llegó a su actual cargo, la Justicia ya tenía expedientes electrónicos, pero seguían reproduciendo el modelo del papel: “Eran fundamentalmente PDFs y documentos que alguien tenía que seguir leyendo”.
El siguiente paso se dio en 2022 con el Manifiesto del Dato, una iniciativa pionera que define el dato de justicia como público y se materializa en el espacio datos.justicia.es. Una fuente de información que “la gente no conoce” -vuelve a lamentarse-, y que permite saber, entre otras cuestiones, el volumen de dinero que mueve la Justicia: 5.600 millones de euros en 2026 hasta el momento de esta entrevista.
"Los datos facilitan la toma de decisiones y una mejora del servicio público absolutamente distinta”
El propio Cubo realiza la búsqueda de esa información durante la conversación con este medio. Del mismo modo, consulta la relacionada con los accidentes de tráfico, con la que es posible analizar las sustancias presentes en los siniestros con víctimas mortales. “Los datos te permiten una toma de decisiones y una mejora del servicio público absolutamente distinta a la que antes se hacía a partir de intuiciones”, sostiene Cobo. Esa es la verdadera transformación.
En los monitorios, el impacto es más que evidente. Representan alrededor del 60% de la jurisdicción civil del Ministerio y son especialmente susceptibles para esta transformación porque la información llega estructurada (demandante, demandado, cuenta bancaria y otros datos). En junio de 2026 se habían procesado 327.000 operaciones asociadas a 661 millones de euros.
La estructura que siguen estas reclamaciones económicas permite automatizar buena parte del procedimiento. Los robots las registran y reparten durante la noche para que al día siguiente estén en tramitación. “Es un cambio radical del modelo de funcionamiento”, asevera.
También se detiene en los trámites que ha de realizar el ciudadano. En el Registro Civil, ahora los datos del nacimiento pueden comunicarse para realizar automáticamente el alta en la Seguridad Social. Se evita, así, que haya que introducirlos de nuevo manualmente.
La IA no puede decidir
La llegada de la inteligencia artificial, sin embargo, plantea una cuestión especialmente sensible: hasta dónde puede llegar una máquina sin intervenir en una decisión judicial. Para Cubo, el límite está en el uso que se haga de estas herramientas.
Para establecer los diferentes niveles de riesgos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía, comunidades autónomas y Ministerio acordaron una política de uso de inteligencia artificial. Entre las aplicaciones más delicadas, recoge aquellos sistemas que realizan sugerencias que pueden influir en una resolución o aquellos que realizan transcripciones automáticas de las vistas.
Además, Cubo hace distinción entre IA generativa e IA extractiva. La primera puede producir alucinaciones e incluso inventar jurisprudencia; la segunda no genera contenido nuevo, sino que identifica las partes más relevantes de un documento. “Puede omitir información, pero no inventarla”.
Es en este punto de la conversación cuando aparece "el elefante en la habitación". La Audiencia Nacional tiene expedientes completamente digitalizados, incluidos los penales, algunos con 80.000 o 125.000 documentos, que las partes pueden descargar para trabajar con ellos. "El que está defendiendo a un narcotraficante internacional o una red de manejo de capitales de miles de millones a escala internacional puede cargar ese expediente en una herramienta de inteligencia artificial y hacerle preguntas”.
El reto de equipar a jueces y fiscales
El problema para Cubo es que los jueces y fiscales todavía no disponen de soluciones equivalentes. "La inteligencia artificial puede gustar o no, pero está aquí, funciona y la otra parte [la abogacía] ya la está usando", manifiesta.
La respuesta pasa por desarrollar soluciones propias y someterlas a un proceso de validación. Algunas ya están disponibles, como los sistemas de resumen de documentos; mientras que otras, especialmente las de mayor riesgo, están pendientes de los filtros del Poder Judicial y la Fiscalía.
"La inteligencia artificial puede gustar o no, pero está aquí, funciona y la abogacía ya la está usando"
Las aplicaciones actuales ya permiten reducir un documento al 10% o al 50% de su extensión. También abordar tareas más complejas: en el Tribunal Supremo se trabaja en la clasificación de información y en sistemas que puedan identificar expedientes similares. “La tecnología puede agrupar reclamaciones masivas derivadas de la cancelación de un vuelo y facilitar su tratamiento conjunto”, ilustra.
Para Cobo, esa es precisamente la diferencia entre digitalizar la Justicia y transformarla. "No se trata de sustituir el papel por un PDF, se trata de conseguir que los datos circulen".
Una premisa imprescindible para que las máquinas ejecuten aquello que puede automatizarse, que los ciudadanos tengan acceso a sus expedientes, y que jueces y fiscales dispongan de sistemas de IA fiables y seguros.
Una transformación reconocida
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes recibió el pasado 1 de septiembre el Premio al Impulso de la Digitalización 2026 de Ametic. Un reconocimiento que pone en valor la digitalización de procedimientos, la consolidación del expediente judicial electrónico y la incorporación de soluciones de automatización e inteligencia artificial.
El galardón lo recogió en Santander el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, durante el 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de Ametic.