El Gobierno admite que es difícil aprobar la nueva Ley de Industria antes de las elecciones, debido a la falta de apoyos parlamentarios.
La industria española representa solo el 16% del PIB, por debajo de la media europea, lo que muestra margen para aumentar su peso.
La futura ley busca impulsar la competitividad, digitalización e innovación, y contempla la creación de instrumentos para declarar proyectos industriales estratégicos y proteger la producción nacional.
El Gobierno también apuesta por la transformación digital, invirtiendo en espacios de datos sectoriales y modernización tecnológica en sectores como la justicia.
La industria española vive entre dos aguas o, mejor dicho, entre dos tiempos, entre dos gravedades distintas. Por un lado, es un sector muy relevante de nuestra economía, que representa el 16% del PIB; pero es una cifra muy por debajo del 18,1% de la eurozona. A su vez, la industria manufacturera pesa un 11,6%, también muy por debajo del 14,7% europeo. En empleo se repite la dualidad y así sucesivamente en todas las métricas que contemplemos. La conclusión es evidente: España tiene todavía recorrido para ganar peso industrial.
No es de extrañar que gran parte de los fondos europeos de recuperación NextGeneration hayan ido destinados a estos menesteres, recuperando una política industrial que se vio azotada por la deslocalización hacia fuera (y dentro) de la Unión Europea. Pero, ahora que dicho 'dopaje' llega a su fin, y conforme la distancia relativa a nuestros socios no ha mejorado sustancialmente mientras se suceden los problemas y tensiones de las cadenas de suministro, lo que resulta a renglón seguido es la falta de un marco legal que impulse a la industria patria.
Esa es la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, presentada por el Gobierno hace ya dos años y que lleva, desde entonces, bloqueada en el Congreso. La debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Parlamento hace prácticamente inviable su aprobación en esta legislatura, pese a la evidente inutilidad de la actual norma, datada en 1992.
Así lo ha reconocido en Santander el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga: "Hay que ponerle una institucionalización a la política industrial. Una cosa es que un gobierno quiera hacerlo y otra cosa es que haya una ley que nos obligue, sea quien sea, a que la política industrial se tome en serio. Luchamos con lo que tengamos para lograr un acuerdo que tiene todo el sentido en el Congreso, que es difícil, pero que hay que seguir intentándolo hasta el final de la legislatura".
La futura norma no se limita a actualizar procedimientos. El proyecto plantea una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica y un Plan Estatal con programas de competitividad, digitalización, innovación, formación y autonomía estratégica. También crea el Consejo Estatal de Política Industrial y nuevos instrumentos para declarar proyectos industriales estratégicos, proteger capacidades nacionales de producción y gestionar procesos de reindustrialización. Entre ellos está la RECAPI, concebida para disponer de una reserva de capacidades productivas nacionales ante posibles crisis de suministro.
¡Qué queda entonces si no hay ley? "Hay que seguir la partida que estamos jugando. Está saliendo bien la transformación del modelo productivo en industria, concretamente con muchas inversiones y hay que terminarla", ha señalado Brustenga, durante su intervención en el 40 Encuentro de la Economía Digital de Ametic. Y ha pedido a empresas y comunidades autónomas que, ante el escenario convulso que se espera para el próximo curso electoral, mantengan el foco en ese proceso, porque, a su juicio, es el camino que dará "de comer y competitividad por las próximas décadas".
En su haber, los PERTE industriales han movilizado más de 9.500 millones de euros de inversión pública y han alcanzado a 1.500 empresas, según el balance presentado por el propio Ministerio.
De la fábrica a la industria de los datos
Si el parón normativo en industria es acuciante para encarar los desafíos del sector, no son menos las incertidumbres y tareas pendientes alrededor de la inteligencia artificial y su devenir inmediato.
En el mismo encuentro, Ana Palacios, directora general del Dato, ha situado los datos en el siguiente escalón de la transformación empresarial: "Durante años hemos hablado de transformar datos en información; hoy el verdadero factor de competitividad consiste en el siguiente paso, que es transformar datos en productividad. Podemos multiplicar nuestra capacidad de cómputo, pero si la información está fragmentada, mal documentada, hay sesgo, es poco representativa o no puede combinarse adecuadamente, esa capacidad tecnológica va a encontrar límites".
Imagen del auditorio del 40 Encuentro de la Economía Digital de Ametic, en Santander.
Según ha explicado, España está intentando construir la infraestructura para resolver ese problema mediante los espacios de datos sectoriales. El Gobierno ha movilizado más de 300 millones de euros y el Kit de Espacio de Datos acumula más de 2.600 solicitudes y 70 millones de euros en subvenciones solicitadas. "Los espacios de datos no generan valor por el hecho de existir, su valor está en lo que permiten hacer", añadió Palacios.
La misma lógica aparece en otros ámbitos de la Administración, como la justicia. Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, también se ha dejado ver por la capital cántabra para sacar pecho del paso de una Justicia "manual" y "orientada al documento" a otra dirigida "al dato", con procesos automatizados y herramientas de inteligencia artificial que trabajan sobre los expedientes.
Siempre de acuerdo a su explicación, el Gobierno destina unos 150 millones de euros al año a esta transformación y ha sumado otros 410 millones de fondos europeos y de las comunidades autónomas. Olmedo reconoce que el cambio se enfrenta a una resistencia "mayúscula", pero también señala que en Justicia la tecnología tiene que ir acompañada de cambios organizativos y normativos porque están en juego derechos fundamentales.