El Gobierno exigirá que el 80% del consumo energético de los centros de datos en España provenga de fuentes renovables, con controles horarios.
Los centros de datos de más de 1MW que no cumplan las nuevas normas podrán perder el acceso a la red eléctrica y no obtendrán derechos de conexión.
Solo podrán operar centros de datos cuyo operador esté radicado en la UE y cuyos datos permanezcan en territorio comunitario, estableciéndose controles para países terceros.
España ya ha concedido más de 12GW en derechos de acceso a la red eléctrica para centros de datos desde 2021, consolidándose como enclave estratégico en el sector.
El Gobierno busca asegurar la resiliencia y la soberanía tecnológica de los centros de datos afincados en España, así como impulsar la eficiencia energética de los mismos. Así lo recoge el nuevo proyecto de Real Decreto, que será lanzado a audiencia pública por vía urgente en los próximos días, y que, entre otras medidas, exige que el 80% de su consumo sea procedente de fuentes renovables.
El objetivo es situar a las infraestructuras dentro de los estándares europeos y conseguir que en un futuro a medio plazo la generación renovable se sitúe en cotas superiores al 90% del mix eléctrico. Según expone el borrador, elaborado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y para la Transformación Digital y de la Función Pública, este abastecimiento se acreditará a cada hora de funcionamiento.
Además, el incumplimiento de estas normas, que afectan a los data centers con más de 1MW de potencia, podrá acarrear sanciones que en última instancia llevarían a la pérdida del propio acceso a la red eléctrica. Asimismo, los proyectos de nuevo cuño deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos para obtener los derechos de acceso y conexión.
Datos del propio Ejecutivo, adaptados a las exigencias de la nueva era de la inteligencia artificial, estiman en unos 2,5GW la necesidad de potencia de computación para 2030, lo que tiraría de 3,5GW a 4GW de potencia eléctrica.
Sin embargo, desde la Administración ven en el país un enclave estratégico para la construcción de centros de datos debido a su ubicación geográfica, el clima y su “liderazgo” en renovables. De hecho, las peticiones y permisos concedidos ya han superado más de 12GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021.
Por otra parte, el último barómetro de la patronal nacional de centros de datos SpainDC cifra en 439MW las capacidades de la geografía. Más de la mitad corresponden a la Comunidad de Madrid. A cierre de 2025, España contaba con unos 100 data centers comerciales con una capacidad de al menos 50kW. De estos, los centros de colocation representan el 85% de las instalaciones.
Soberanía estratégica y resiliencia operativa
En este intento por ordenar y regular el tablero de uno de los sectores digitales de mayor crecimiento y demanda en España, y de armonizarlo con los estándares europeos, el real decreto también contempla dos aspectos clave para el avance del conjunto de la economía digital del Viejo Continente: resiliencia y soberanía.
De este modo, exige que el operador de la infraestructura esté establecido en la Unión Europea (UE) y que los datos, metadatos y registros que se generen permanezcan dentro del territorio comunitario. También, establecerá controles para el acceso de países terceros.
El cumplimiento de estos requisitos estará velado por el propio Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, que también podrá establecer sanciones que lleven, en última instancia, a la pérdida de los derechos de acceso y conexión.