Las claves

nuevo Generado con IA

Un año después de su presentación oficial en HispanIA 2040 y tras meses de despliegue institucional, los datos de uso real de los modelos ALIA (la inteligencia artificial 'made in Spain' impulsada por el Gobierno) arrojan ya un fracaso evidente. Así lo reflejan las cifras del kit disponible en el repositorio Hugging Face, donde el modelo insignia de la familia, el ALIA-40b-instruct-2512, registró apenas 174 descargas durante el último mes.

Esta cifra convierte a la piedra angular de la estrategia digital española -cuya partida presupuestaria específica para la creación del modelo fue de 10,2 millones de euros- en una alternativa prácticamente testimonial. Y es que mientras el Gobierno defiende ALIA como una infraestructura crítica de soberanía, la comunidad de desarrolladores ha dictado sentencia con su indiferencia, tal y como ha constatado DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

De hecho, si cruzamos este dato financiero con la tracción real en el mercado (174 descargas mensuales, a fecha de viernes 23 de enero), el retorno de la inversión pública es nulo en términos de ecosistema. La factura del desinterés asciende a 58.620 euros de dinero público por descarga mensual.

El coste de oportunidad se dispara si consideramos que esta cifra no incluye los costes operativos del superordenador MareNostrum 5 (cuya actualización costó más de 150 millones, parte de los cuales dan soporte a este desarrollo).

Por si fuera poco, las descargas no muestran un crecimiento orgánico, sino un encefalograma plano interrumpido únicamente por picos artificiales coincidentes con anuncios sectoriales o eventos de territorialización, sin que exista una retención real de usuarios técnicos o empresas que integren la tecnología en sus procesos productivos de manera natural.

De hecho, el mismo viernes en que recopilábamos estos datos, el Gobierno abría una convocatoria al ecosistema de cara al MWC con la que salvar a golpe de concurso la imagen de este proyecto o, cuanto menos, ganar tiempo para justificar su escasa acogida.

Vaya por delante que la razón del fracaso no es ideológica, sino puramente técnica. Al comparar las especificaciones de ALIA con los estándares de la industria (Meta y Mistral), la propuesta española resulta inviable para el 99% del tejido empresarial (pymes) y se muestra claramente por debajo de los estándares de los grandes LLM estadounidenses e incluso europeos o de código abierto.

ALIA ha llegado al mercado cometiendo el error de priorizar el tamaño sobre la eficiencia, lanzando un modelo de 40.000 millones de parámetros (40B) en un momento en que la industria global viraba hacia la optimización. Para una pyme española, desplegar ALIA supone un coste de infraestructura prohibitivo, ya que requiere servidores con tarjetas gráficas de gama industrial tipo A100 para funcionar con fluidez.

En contraposición, competidores directos como Llama 3 de Meta (8B) o Mixtral (8x7B) ofrecen un rendimiento similar o superior en capacidad de razonamiento y español, pero con la posibilidad de ejecutarse en hardware de consumo o servidores modestos. El Gobierno ha financiado un camión de gran tonelaje caro y lento, cuando el tejido empresarial demandaba furgonetas de reparto ágiles y eficientes.

Sin sentido real

Esta desconexión con la realidad operativa de las empresas desmonta el principal argumento de venta del proyecto: la soberanía del dato y la autonomía estratégica, más allá de la capacidad de entender mejor los distintos idiomas cooficiales del país.

La promesa de utilizar ALIA pasaba por garantizar la privacidad de los datos y evitar las "cajas negras" estadounidenses, pero esta premisa se diluye cuando los modelos de código abierto privados (como los de la francesa Mistral o la propia Meta) permiten la misma ejecución local y privada, pero con unos costes de inferencia drásticamente menores y un soporte comunitario del que la opción española carece.

La crónica de un fracaso anunciado

La génesis del proyecto ALIA se remonta a la necesidad estratégica de articular una respuesta de Estado frente a la hegemonía anglosajona en la inteligencia artificial generativa, cristalizada inicialmente en proyectos precursores como MarIA y LEIA, centrados en arquitecturas RoBERTa de clasificación que pronto quedaron obsoletas ante la irrupción de los modelos transformadores generativos (GPT).

Bajo el paraguas financiero del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua y con una inyección directa de 10,2 millones de euros adjudicada a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) para su desarrollo, el Gobierno diseñó ALIA no como un producto comercial, sino como una "infraestructura pública" cimentada sobre la capacidad de cálculo del superordenador MareNostrum 5 en el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

Esta ambición se formalizó públicamente el 20 de enero de 2025 con el lanzamiento de la familia y el "ALIA Kit", una promesa de soberanía digital que aspiraba a proporcionar a la administración, la academia y el tejido empresarial una suite de recursos abiertos -modelos de lenguaje, datasets limpios y herramientas de traducción como SalamandraTA- entrenados nativamente en castellano y lenguas cooficiales para garantizar el cumplimiento normativo europeo y la privacidad del dato.

A pesar de todo, el hito clave de ALIA no llegó hasta el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que se liberó el modelo insignia ALIA-40b-instruct-2512 que enfrenta su actual fracaso.