La tecnología cambia en cuestión de semanas y las leyes tardan años en redactarse y aprobarse. Esa distancia, que en cualquier ámbito supone un reto para el legislador, en la inteligencia artificial se convierte en el factor que decide si un país atrae inversión y talento o se queda atrás en la carrera de la competitividad.

Europa ha empezado a asumirlo. El informe Draghi cifró en hasta 800.000 millones de euros anuales la inversión adicional que necesita la Unión para seguir siendo competitiva frente a Estados Unidos y China, y es difícil que ese dinero llegue si la burocracia sigue lastrando a quienes deben movilizarlo. El paquete Ómnibus Digital nace de esa constatación.

El reajuste de los calendarios de la norma y la simplificación de trámites administrativos para las empresas, especialmente las pymes, no significan rebajar los estándares éticos ni la seguridad de los ciudadanos; significan adaptar la norma a la realidad del mercado para poder aplicarla.

En este nuevo escenario europeo, España llega con buenas cartas. El sector digital facturó en 2025 la cifra récord de 146.660 millones de euros, un 6,4% más que el año anterior. Ya equivale al 27% del PIB, da empleo directo a más de 842.000 profesionales y concentra el 20,1% de toda la I+D+i privada del país. Con ese peso, cualquier decisión regulatoria sobre IA tiene efectos que van mucho más allá del propio sector.

Por eso, el desarrollo de nuestro marco nacional de IA es una auténtica encrucijada. Podemos sumarnos a la corriente simplificadora de Bruselas o nadar en sentido contrario. Añadir capas de complejidad burocrática, multiplicar los requisitos documentales o generar duplicidades administrativas solo conseguirá encarecer la innovación y desincentivar a las pymes, que son el núcleo de nuestro ecosistema empresarial.

Una regulación bien diseñada no frena la innovación; la hace viable, la fortalece y la ayuda a escalar. La certeza jurídica es el mejor incentivo para la inversión. Sin embargo, para que las reglas del juego funcionen, deben ser claras, predecibles y proporcionales. Regular de forma inteligente no es hiperregular, sino construir un marco ágil que proteja los derechos de las personas mientras facilita que nuestras empresas prueben, desarrollen y comercialicen soluciones de IA con total confianza.

Para capitalizar el enorme flujo de inversión que la economía digital está generando, necesitamos afianzar un modelo basado en la colaboración público-privada 2.0: un diálogo fluido e institucional entre las administraciones públicas y la industria para que cada decisión normativa se diseñe escuchando las necesidades reales de los sectores productivos.

El compromiso de la industria digital no es el de señalar trabas, sino el de ofrecer soluciones. Acompañar a las instituciones a construir un ecosistema ágil y predecible forma parte de nuestra vocación de país. La regulación no debe concebirse como un freno ni como un mero instrumento de fiscalización, sino como una palanca de competitividad capaz de aportar seguridad jurídica y confianza tanto al inversor como al usuario final.

Aprovechemos el viento a favor que llega de Bruselas. Si logramos articular un marco regulatorio nacional ágil, transparente y alineado con el impulso simplificador europeo, España no solo garantizará su soberanía tecnológica, sino que se consolidará como uno de los entornos más atractivos y competitivos de Europa para crear, escalar y aplicar la inteligencia artificial.



*** Francisco Hortigüela es presidente de Ametic.