Miles de empresas con propósito en España, desde cooperativas y fundaciones hasta sociedades mercantiles, chocan con un mismo obstáculo: su negocio es viable, pero adolecen de una falta de financiación a su medida.
Para muestra, una cooperativa de iniciativa social que necesitaba maquinaria para una nueva planta de reciclaje textil. A pesar de operar desde 2018, y haber integrado en el mercado laboral a más de 1.600 personas en situación de vulnerabilidad, los modelos de riesgo de la banca lo califican como un proyecto difícil de encajar, mientras que su modelo cooperativo la deja fuera del radar del capital riesgo. De ahí surge la deuda de impacto: una pieza que faltaba para resolver este problema.
El fenómeno no es marginal. La economía de impacto abarca a las entidades de la economía social y también a empresas mercantiles con objetivos sociales o medioambientales medibles. En 2023, la inversión y financiación de impacto superó en España los 3.300 millones de euros, mientras que, por sí sola, la economía social genera en España el 4% del valor añadido y cerca de 1,3 millones de empleos directos, casi el 6% del total. Sin embargo, nuestro tejido productivo sigue dependiendo en gran medida del crédito bancario.
Cuando un proyecto necesita soluciones a medida, con estructuras flexibles, el crédito estandarizado encuentra sus límites naturales. La nueva Ley integral de impulso de la economía social, en vigor desde abril, moderniza cooperativas y empresas de inserción, pero no aborda de forma específica su financiación.
Las subvenciones y ayudas públicas son un respaldo institucional indispensable, pero la naturaleza de los proyectos exige complementarlas con capital paciente que aporte estabilidad a la tesorería. Por su parte, el capital riesgo (private equity) aporta recursos valiosos a proyectos de alto crecimiento, aunque la entrada de terceros en el accionariado choca con la gobernanza de una fundación, donde la misión social es prioritaria. En cooperativas y empresas sociales existen fórmulas intermedias, como los préstamos participativos o el cuasi-capital, pero no siempre resuelven el dilema de fondo: cómo escalar sin diluir la propiedad ni alterar los órganos de decisión.
En este contexto, la deuda de impacto encaja como una pieza complementaria. A diferencia del private equity, la deuda permite financiar el crecimiento sin alterar la estructura de propiedad ni ceder el control. Allí donde el crédito bancario no llega, la deuda de impacto lo complementa con flexibilidad en plazos, periodos de carencia, calendarios de amortización y estructura de garantías, ajustados a la realidad de cada prestatario. Además, el inversor comparte y apoya los objetivos sociales y medioambientales del proyecto, lo que convierte la relación financiera en una alianza a largo plazo.
La deuda de impacto, sobre el terreno
La práctica demuestra el potencial de este instrumento. La cooperativa mencionada inicialmente consiguió financiar la maquinaria gracias a préstamos de impacto adaptados a sus flujos de caja, y puso en marcha una planta que procesa 20 millones de kilos de ropa al año. Muchos préstamos de impacto además incluyen covenants de impacto social, cláusulas que vinculan las condiciones financieras a metas medibles de integración: como la certificación de accesibilidad universal de sus activos y que un porcentaje alto de las plantillas sean personas con discapacidad. Ambos casos demuestran que la deuda de impacto puede actuar como catalizador del cambio con el mismo rigor que exige cualquier operación de crédito.
El modelo ya funciona. El mayor fondo de deuda de impacto en España supera los 147 millones de euros en compromisos, con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones, del ICO y el FIS de COFIDES, entre otros.
Para escalar la economía de impacto en España, el reto ahora es multiplicar estos vehículos. Los inversores institucionales, como fondos de pensiones y aseguradoras, deberían aumentar sus asignaciones de capital hacia fondos de impacto. Las administraciones pueden extender los programas de garantía pública a esta financiación. Y la banca convencional puede impulsar la coinversión en proyectos de impacto como socio. Solo así las empresas con propósito contarán con la arquitectura financiera que necesitan. Financiar el impacto no debería obligar a nadie a renunciar a su propósito.
*** Maria Samoilova es Managing Partner & Head of Impact Bridge Deuda España.