Si quieres aplicar el mismo criterio editorial que venimos utilizando, marcaría frases o ideas completas, evitando convertir conceptos sueltos o cifras en negrita. Por ejemplo:

Si no hubiera existido igualdad de oportunidades, yo hoy no estaría aquí. No estaría terminando un doctorado. No estaría dirigiendo una empresa. Y seguramente tampoco estaría escribiendo estas líneas.

Lo digo sin dramatismo y sin épica impostada, lo digo porque es así.


Mi primer año de universidad iba a ser el 2008. Probablemente, al escuchar esa fecha, lo primero que nos viene a la cabeza son palabras como: “crisis galopante”, “burbuja inmobiliaria”, “subprime”, y el telediario mostrando la realidad de familias intentando sostenerse mientras el suelo se movía bajo sus pies. En mi casa se notó de lleno, nuestra principal fuente de ingresos prácticamente se esfumó de la noche a la mañana.

Recuerdo bien el momento en que mis padres me dijeron que no podían asumir el coste de la matrícula universitaria, tampoco el dentista de mi hermano menor, pero que mi tía Elena nos iba a ayudar. Con ese primer empujón, hice lo que hacen tantas personas que solo necesitan la oportunidad: combinar horas doblando camisetas en una tienda y clases particulares a estudiantes de secundaria con noches de biblioteca, mientras solicitaba una beca al Estado para las sucesivas matrículas. Me la concedieron, y pude continuar.

A día de hoy, todavía me sigue pareciendo un milagro que un sistema público, sumado al esfuerzo de una familia, pueda sostener situaciones así. Una ayuda a tiempo no solo cambia un curso académico, sino una vida entera. Porque el acceso a la universidad, igual que el acceso a un puesto de trabajo, no es un trámite administrativo, es una puerta. Y, a veces, también una línea divisoria entre perpetuar una precariedad o romperla.

Por eso me inquieta tanto la ligereza con la que estamos entregando decisiones profundamente humanas a tecnologías que todavía no entendemos del todo. Decisiones que afectan a quién estudia, quién trabaja, quién avanza y quién se queda fuera.

La inteligencia artificial ya está asumiendo parte de ese papel, y no siempre de forma transparente. No hablamos de un temor abstracto, ya hemos visto sistemas que reproducen sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados, como ocurrió con una herramienta experimental de selección de personal de una conocida empresa, que penalizaba candidaturas femeninas porque aprendía de un histórico dominado por candidaturas masculinas.

También en concesiones de crédito e hipotecas, distintos estudios y actuaciones regulatorias ya han mostrado que decisiones automatizadas o semiautomatizadas pueden traducirse en peores condiciones o en menor acceso para determinados grupos sociodemográficos.

En ninguno de estos casos se inventó la discriminación; se hizo algo más peligroso, automatizarla con apariencia de neutralidad.

Quizás ese es, en el fondo, uno de los grandes problemas, confundir eficiencia con justicia. Como “una máquina” procesa miles de currículums en segundos, tendemos a asumir que también decide mejor. Pero decidir más rápido no equivale a decidir mejor, y mucho menos a decidir de forma ética.

Entender en mi propia historia la importancia crucial de la igualdad de oportunidades me llevó a centrar mi tesis doctoral precisamente en eso: cómo toman decisiones estos sistemas y qué les influye cuando las toman. Sabemos ya que los modelos de IA arrastran sesgos. Sabemos también que muchos de esos sesgos no son evidentes a simple vista. Y sabemos, sobre todo, que sus efectos no se quedan en el laboratorio ni en los debates de expertos. Se traducen en personas sistemáticamente descartadas de procesos de selección, en perfiles que no llegan a ser vistos y en trayectorias vitales condicionadas por filtros que nadie sabe explicar del todo.

Europa, al menos, ha entendido que la innovación puede poner en juego los derechos humanos. Por eso el Reglamento europeo de IA clasifica como de alto riesgo los sistemas utilizados en empleo, incluida la selección y contratación de personas. Y desde el 2 de agosto de 2026 pasa a ser plenamente aplicable con exigencias de gestión de riesgos, documentación, trazabilidad y supervisión humana.

Es una señal importante porque obliga a asumir algo que a veces olvidamos en medio del entusiasmo tecnológico: cuando una decisión condiciona directamente la vida de alguien, no basta con que funcione. Tiene que poder explicarse. Tiene que poder auditarse. Tiene que poder cuestionarse.

La IA ha venido para quedarse, y discutir eso ya no tiene demasiado sentido. La cuestión no es si vamos a usarla, sino cómo. Si la vamos a utilizar para ampliar oportunidades o para consolidar desigualdades con un barniz de innovación y objetividad. Si va a servir para corregir inercias injustas o para escalarlas a una velocidad inédita.

Ninguna inteligencia artificial será tan humana como lo fue (y es) mi familia. Pero si puede ser tan decisiva como aquella beca concedida a tiempo. Precisamente por eso no deberíamos permitir que herramientas opacas administren, sin control real, aquello que más impacto tiene sobre la vida de las personas.

Porque hay decisiones que pueden apoyarse en tecnología, pero nunca deberían esconderse detrás de ella.

*** Marta Rodríguez es fundadora de Blindstairs.