El alcalde de Nueva York, Abram Stevens Hewitt, conocido empresario y filántropo de finales del siglo XIX y principios del XX, acuñó una frase que mantiene hoy toda su vigencia: “El impuesto innecesario es un impuesto injusto”. A veces, esa injusticia se cronifica y ciertos gravámenes se adhieren como el lodo a las estructuras sociales, imposibilitando su correcto desarrollo y, lo que es peor, mermando el bienestar de los ciudadanos.

En ese sentido, hay impuestos que nacen para tapar un determinado agujero, pero que, sin que nadie se explique muy bien ni cómo ni por qué, se quedan perennes por pura inercia. Un ejemplo claro lo tenemos en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), ese 7 % que España aplicaba a sus generadores desde 2013 y que se creó para sostener un déficit tarifario que hoy apenas existe. Sin embargo, hasta hace unos meses, ha seguido vigente.

La frase de Abram Stevens Hewitt explica perfectamente lo que ha sucedido en la Península Ibérica: Portugal eliminó su mecanismo equivalente el pasado 1 de enero de 2026; España, por su parte, ha iniciado su eliminación casi un año después. Ambos países comparten mercado eléctrico mayorista desde hace dos décadas a través del MIBEL, comparten interconexiones, viento y sol, y cada vez comparten más inversiones: los fondos que hoy financian una planta solar en Extremadura son, con frecuencia, los mismos que financian una en el Alentejo.

Hablar de “España versus Portugal” en fiscalidad energética es aplicar una lógica nacional a un mercado que ya piensa en términos ibéricos. Por tanto, no se trata de analizar la competencia entre ambos países, sino de analizar el caso común que le da su geografía compartida y que nos lleva a una cuestión esencial: ¿Por qué la Península Ibérica mantenía hacia dentro una asimetría fiscal que no beneficiaba a nadie mientras hacia fuera tenía que competir con Alemania y Francia?

Este asunto no es ni mucho menos baladí, ya que, cuando dentro de un mismo espacio eléctrico un lado cobra lo que el otro ya ha retirado, no hay dos economías compitiendo con más o menos eficiencia, sino una sola Península compitiendo peor de lo que podría contra el resto de Europa. Cada punto de ese 7 % se traducía en menos inversión en renovables, en más curtailment —esa forma silenciosa de tirar energía limpia que ya hemos generado— y en un almacenamiento que nunca acababa de despegar porque el impuesto penalizaba justo lo que la Península entera necesitaba incentivar.

Menos palos en las ruedas del desarrollo

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de junio la retirada progresiva del IVPEE: del 7 % actual al 5 % en 2026, al 3,5 % en 2027 y al 0 % en 2028. No es una promesa a largo plazo ni un titular sin calendario: es una senda concreta, con fechas, que ya se está aplicando.

El ahorro estimado para este primer año es de 315 millones de euros. Las proyecciones del sector apuntan a algo más ambicioso: hasta 7.500 GWh adicionales de exportación, una caída del 17 % en los vertidos de renovables y un precio del pool un 6 % más bajo, con un ahorro para el consumidor que podría rondar los 840 millones de euros anuales una vez completada la retirada.

Este cálculo no importa solo a las eléctricas. Importa, sobre todo, al capital que decide dónde apostar. Ese capital ya no distingue entre Madrid y Lisboa: mira a Iberia como un todo.

Los últimos datos de Cleantech for Iberia —que mide la inversión en tecnologías limpias como lo que realmente es, un fenómeno peninsular y no dos series nacionales— lo confirman: la Península cerró el primer trimestre de 2026 con una inversión récord de 486 millones de euros en tecnologías limpias, tras un 2025 que ya había alcanzado los 768,8 millones.

Es una tendencia tan real como insuficiente: el propio informe calcula que Iberia, como conjunto, necesita movilizar hasta 250.000 millones de euros adicionales entre 2025 y 2030, unos 50.000 millones al año, para cumplir sus objetivos de transición.

Y ahí duele la comparación: en 2024, toda la Península captó 426 millones de euros en capital riesgo cleantech; Alemania, sola, 2.460 millones. Necesitamos, como mínimo, 4.000 millones adicionales de capital riesgo hasta 2030 solo para cerrar esa distancia… y no vamos a cerrarla pensando en mercados separados.

Señales de estímulo para un desarrollo conjunto

El capital privado no invierte donde detecta fricción regulatoria ni donde tiene que descifrar dos regímenes fiscales distintos para un mismo mercado eléctrico; invierte donde detecta previsibilidad y escala. Eliminar el IVPEE no moviliza por sí solo esos 250.000 millones, pero es exactamente el tipo de señal que Cleantech for Iberia lleva meses pidiendo: menos fricción fiscal, más financiación combinada y un marco regulatorio predecible y coordinado entre España y Portugal que haga de la Península un destino tan competitivo para el capital como ya lo es para el viento y el sol.

La buena noticia es que España ha empezado a corregirlo y lo ha hecho sin esperar a que el déficit de tarifa reapareciera como excusa para mantenerlo. No lo estamos eliminando porque nos obligara Bruselas ni porque lo pidiera a gritos el mercado desde hacía más de una década; lo estamos eliminando porque hemos hecho la cuenta completa: lo que cuesta mantenerlo es mayor que lo que aporta recaudarlo.

Y esa cuenta es replicable… y lo será más si dejamos de hacerla en solitario: cada euro que dejamos de cobrar por generar electricidad limpia es un euro que puede convertirse en más almacenamiento, más electrificación industrial, más capital dispuesto a financiar la próxima planta o ronda que hoy elige Múnich antes que cualquier punto de la Península.

Portugal nos enseñó el camino en enero; España lo empezó a recorrer en junio. Lo interesante no es quién llegó primero, sino que ambos llegan al mismo sitio: una Península sin esa fricción autoimpuesta. Quedan tres años de rebaja escalonada por delante y, en ese tiempo, se decidirá si esta retirada se queda en un ajuste técnico más o se convierte en la primera pieza de una política industrial pensada en clave ibérica —la que entiende que los 250.000 millones que necesita la Península para ser hub europeo de las tecnología limpias, no van a aparecer si España y Portugal siguen compitiendo entre sí en vez de competir, juntos, con otros mercados. Ya hemos demostrado que sabemos quitar un peaje cuando dejamos de necesitarlo. Ahora toca hacerlo con el resto, uno a uno, sin esperar otros 13 años.

Cada barrera que la Península se quita de encima es, literalmente, una fábrica, una batería o un parque solar que ya no tiene que esperar. Vamos por el buen camino y, esta vez, lo recorreremos juntos… así llegaremos antes y, sobre todo, mejor al encuentro con la gran revolución industrial de nuestro tiempo, una revolución que, por recursos y ubicación, nos debe tener como referencia y protagonistas. Mientras tanto, una clave esencial para poder conseguirlo: dejemos de ponerle palos a nuestras propias ruedas.