El Parlamento Europeo ha “dado oxígeno” a Chat Control 1.0: una regulación europea temporal que permite escanear mensajes, sin control judicial, para detectar contenido de abuso infantil (CSAM), en vigor desde 2021, ya había expirado el 3 de abril. Esta prórroga llega tras dos rechazos anteriores y supera el trámite con más votos en contra (314) que a favor (276) gracias a la artimaña del voto de urgencia que requiere mayoría absoluta para el rechazo: el reglamento sigue no porque ganara el sí, sino porque no se alcanzaron suficientes noes.
La polémica es intensa no solo por el contenido de la medida (en contra de disposiciones la directiva de e-privacidad), sino por cómo funciona (o deja de funcionar) el desacuerdo democrático: además, cuando hay negociaciones entre representantes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión para Chat Control 2, más intrusivo y obligatorio frente a la voluntariedad actual para proveedores. Sin embargo, algún grupo político mayoritario español ha votado incluso en contra de la recomendación de su propio representante en las negociaciones.
La promesa es combatir el abuso sexual infantil en la red. Nadie serio discute el objetivo sino el método. Chat Control traslada la lucha al terreno más frágil y caro de la democracia digital: la confianza en la privacidad y la proporcionalidad. El reglamento habilita el escaneo masivo voluntario sin sospecha previa, aunque con un “modelo” limitado/temporal: no permite análisis sistemático ni almacenar datos innecesarios (aunque podrían permanecer 12 meses) y no prohíbe o debilita el cifrado de extremo a extremo.
Sin embargo, podría escanearse contenido previamente al cifrado en, por ejemplo, WhatsApp y otros proveedores: los que ofrecen una arquitectura técnica de privacidad podrían retirarse de Europa en su caso.
El panorama político y profesional está agitado, aunque los medios de comunicación han silenciado Chat Control casi completamente. Iniciativas como Fight Chat Control son muy activas presentando datos de sobrecarga policial por falsos positivos, mínima incidencia en la lucha contra CSAM desde abril, opiniones desfavorables de víctimas, etc.
Dada la tendencia actual en gobiernos contra la separación de poderes y las oscuras tentaciones de control de los grandes proveedores (principalmente norteamericanos, frente a la soberanía digital europea), tener un reglamento sin gran consenso es un riesgo inaceptable de control masivo de la población.
Desde CEPIS promovemos la prudencia frente al riesgo de otorgar poderes de control tan sensibles sin un apoyo masivo y sin explorar alternativas eficaces contra el CSAM. Todos deberemos estar atentos en septiembre: nos jugamos mucho.
*** Luis Fernández Sanz es presidente de CEPIS (Consejo de Sociedades Profesionales Europeas de Informática) y catedrático de universidad, Depto Ciencias de la Computación, Universidad de Alcalá.
