Europa ha dedicado los últimos veinte años a perfeccionar una idea tan ambiciosa como revolucionaria: hacer que contaminar tenga un coste. No fue una idea evidente. Tampoco popular. Pero sí, necesaria.
Hoy el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS) es probablemente el mercado de carbono más sofisticado del mundo. Ha demostrado que es posible reducir emisiones utilizando la fuerza de los incentivos económicos en lugar de la prohibición. Y, sobre todo, ha enviado una señal que los mercados entienden muy bien: el carbono tiene un precio.
El verdadero propósito del ETS nunca fue recaudar dinero. Fue transformar la economía. No es solo un mecanismo climático. Es, o debería ser, una herramienta de política industrial. La gran pregunta es: ¿ha aprendido Europa a convertir el precio del carbono en inversión para las industrias del futuro?
El ETS funciona como un motor. Como cualquier motor, necesita dos piezas para funcionar: tracción y combustible. La tracción es el precio del carbono: una señal suficientemente fuerte y predecible para convertir la descarbonización en una decisión de inversión. El combustible son los ingresos que ese precio genera y que deben canalizarse para impulsar la propia transición de la industria europea. Es un diseño con lógica propia: quien paga por sus emisiones financia, con ese mismo pago, su transformación verde. Cuando ambas piezas funcionan a la vez, el motor avanza. Cuando solo una lo hace, el sistema pierde fuerza y también respaldo político.
Durante años hemos debatido casi exclusivamente sobre la primera pieza. Ha llegado el momento de prestar la misma atención a la segunda.
La revisión presentada por la Comisión Europea la semana pasada avanza en ambas direcciones. Mantener un factor de reducción lineal de emisiones del 3,7 % entre 2031 y 2035 preserva una señal robusta para quienes hoy están tomando decisiones de inversión con horizontes de varias décadas. Además, la senda se suaviza con un 1,7 % anual y la posibilidad de recurrir a proyectos del Artículo 6 hasta 2040. Es una aproximación razonable, aunque todavía existe margen para reforzar la previsibilidad del sistema y mantener la confianza de quienes ya están liderando la descarbonización.
También supone un avance relevante exigir planes de descarbonización para acceder a la asignación gratuita de derechos y comprometer a los Estados miembros a destinar el 50% de los ingresos nacionales del ETS a transformar precisamente los sectores que los generan.
Es un principio sencillo, pero poderoso: quien paga por emitir debe contribuir a financiar el camino para dejar de hacerlo.
El reciente Plan de Acción para la Electrificación sigue la misma lógica. La electrificación deja de ser únicamente un objetivo climático para convertirse en una estrategia de competitividad. Que Europa aspire a electrificar el 46 % de su economía en 2040 - e incluso pueda elevar esa cifra hasta el 50 % - significa reconocer que la energía limpia ya no es solo una cuestión ambiental: es la materia prima de la industria del siglo XXI.
Sin embargo, el mayor potencial de la reforma sigue estando donde menos titulares genera: en la velocidad.
El Innovation Fund representa una de las mejores ideas que ha tenido la política climática europea: utilizar los ingresos del carbono para financiar los primeros despliegues comerciales de tecnologías limpias. Su problema nunca ha sido la falta de recursos. Ha sido la velocidad.
Mientras Europa perfecciona procedimientos, otras economías despliegan fábricas. Mientras evaluamos convocatorias, otros construyen cadenas de suministro. Mientras resolvemos expedientes, otros conquistan mercados.
La buena noticia es que la Comisión parece haber identificado correctamente este cuello de botella. El nuevo Investment Booster, primera fase del Industrial Decarbonisation Bank, aspira a movilizar cerca de 30.000 millones de euros entre 2028 y 2030 mediante procedimientos mucho más ágiles y automáticos que los actuales. Es la dirección correcta, porque hoy la principal ventaja competitiva no siempre pertenece a quien dispone de más recursos, sino a quien es capaz de movilizarlos antes.
La misma reflexión vale para los Estados miembros.
Pero ahora debemos preguntarnos cómo conseguir que cada euro genere el mayor retorno posible para Europa. En España, estos recursos financian programas esenciales para acelerar la transición energética, desde la rehabilitación de edificios hasta la movilidad eléctrica o las bombas de calor. Son políticas necesarias y socialmente valiosas.
Tenemos ahora la oportunidad de hacer algo más. Podemos diseñar esos instrumentos para que, además de reducir emisiones, fortalezcan las tecnologías del futuro, las cadenas de valor estratégicas y la capacidad industrial que queremos conservar y desarrollar en Europa.
Durante mucho tiempo hemos entendido el ETS como una herramienta para corregir los errores del pasado. Ha llegado el momento de verlo como una gran herramienta para financiar el futuro.
Europa no necesita elegir entre descarbonización e industria. Ambas son exactamente el mismo proyecto. Porque el éxito del ETS no se medirá por el precio que alcance el carbono. Se medirá por las fábricas que ayude a construir, por las tecnologías que permita escalar y por el liderazgo industrial que Europa sea capaz de recuperar.
En la próxima década, cada tonelada de carbono debería acercarnos un poco más a una nueva fábrica de tecnologías limpias.