Existe una mentira que el mundo tecnológico ha repetido tanto que casi parece verdad: la economía digital es ligera, eficiente, casi etérea. Que mover datos cuesta menos que mover átomos. "Apenas es un click", resuena en mi cabeza mientras escribo estas líneas, escuchado recientemente a un directivo del sector. Que la inteligencia artificial, instalada en algún lugar abstracto llamado "la nube", no tiene la vulgar materialidad de una chimenea, un oleoducto o una central de carbón.

Empero, un reciente paper de los economistas Jamal Mamkhezri, Xiaochen Sol y Yuting Yang (Universidad Estatal de Nuevo México) acaba de formalizar lo que es evidente para cualquiera con dos dedos de frente: la nube pesa, y su peso lo nota el sistema eléctrico. Y, a su vez, su peso lo paga alguien que en la mayor parte de los casos no tiene ni idea de que está haciéndolo.

Estos académicos han estudiado lo ocurrido en Virginia entre 2015 y 2024, la región donde se concentra la mayor densidad de centros de datos del planeta, y concluye que la entrada masiva de esta infraestructura eleva los precios mayoristas locales de la electricidad de forma clara. No por arte de magia ni por simple efecto demanda, sino por dos mecanismos de igual o mayor relevancia: la congestión de red y las pérdidas de transmisión marginal.

El efecto conjunto estimado ronda el 7,3%. Como hubiera dicho Neil Armstrong, una cifra pequeña para un hombre; un gran salto cuando se extrapola a la escala a la que el sector está creciendo.

Pongamos números a esta premisa: la Agencia Internacional de la Energía, no conocida precisamente por sus alarmismos, estimó en 2025 que los centros de datos consumieron 415 TWh en 2024 (el 1,5% de la electricidad mundial) y proyecta que esa cifra superará los 945 TWh en 2030. Esto es más que el consumo eléctrico completo de Japón, la tercera economía industrial del planeta.

Así que lo que hace décadas era una externalidad gestionable se ha convertido en un vector de transformación estructural de los sistemas energéticos. Y Europa -que quiere triplicar su capacidad de procesamiento de datos en siete años, según repite una y otra vez el Parlamento Europeo- está embarcada en esa carrera sin haber resuelto todavía la pregunta más básica: ¿quién paga esta red?

La incomodidad de este tema no radica en las ecuaciones subyacentes, sino en lo que estas implican políticamente. Porque si la llegada de centros de datos genera congestión y pérdidas marginales que encarecen el precio mayorista de la electricidad en su entorno, lo que los investigadores están describiendo es un mecanismo de socialización de costes privados.

Hablando en plata: las grandes tecnológicas capturan los beneficios del procesamiento masivo de datos. El sistema eléctrico, y eventualmente el consumidor residencial, absorbe las fricciones. Es el esquema más viejo del capitalismo industrial aplicado a la infraestructura del siglo XXI.

En Virginia ya han empezado a sacar consecuencias. En 2026, la legislatura estatal debatió una normativa para trasladar más costes de red y capacidad a los grandes consumidores -léase: centros de datos-, con el argumento explícito de reducir entre cuatro y cinco dólares mensuales la factura de los hogares. En PJM, el mayor mercado eléctrico de Norteamérica, el precio de la última subasta de capacidad alcanzó los 329,17 dólares por megavatio-día, y el supervisor independiente del mercado estimó que la demanda de centros de datos representó en torno al 40% de su coste total. Cuarenta por ciento. No es una partida menor: es la viga maestra del edificio tarifario.

El argumento habitual de la industria tecnológica ante estas críticas tiene una elegancia y un halo verde que hay que reconocerle: "Compramos energía renovable, somos neutrales en carbono, la IA nos hará más eficientes a todos". Buen triunvirato de argumentos difíciles de rebatir, en apariencia. Sin embargo, en la humilde opinión de este escribano, es un esquema que falla en dos puntos fundamentales a la vez.

El primero, técnico: el paper demuestra que el daño al mercado eléctrico no procede solo del volumen de demanda, sino de su concentración geográfica y de la incapacidad de la red de transmisión de absorberla sin fricciones. Un contrato de energía verde no elimina la congestión en un nodo saturado, como pueden imaginarse.

El segundo punto es más político o de sesgo comunicativo: que una empresa declare neutralidad de carbono en su balance no resuelve la pregunta sobre quién financia la infraestructura de red necesaria para que esa neutralidad sea física y no meramente contable.

Europa tiene aquí una oportunidad que probablemente desperdiciará, como suele sucedernos. En el Viejo Continente llevamos años construyendo una identidad regulatoria diferencial en el espacio digital (privacidad, soberanía de datos, competencia...) y ahora tiene ante sí la ocasión de establecer un marco claro sobre cómo se distribuyen los costes energéticos del despliegue de inteligencia artificial.

La IEA ha sido explícita al respecto: la respuesta no es solo generar más electricidad, sino invertir en redes, ubicar infraestructura donde haya capacidad real disponible y exigir flexibilidad operativa a los grandes consumidores. Eso requiere regulación, queramos o no queramos. Eso requiere voluntad política, siempre que haya políticos con la suficiente altura de miras. Pero eso requiere, antes que nada, que el debate público abandone la narrativa del progreso inevitable y se haga la pregunta sin respuesta que está detrás de todo lo anterior: ¿a quién beneficia exactamente esta revolución y a quién le llega la factura?

España debería escuchar con más atención de la que muestra en estos momentos, con un ministerio a la deriva y una estrategia de cal y arena respecto a los centros de datos. Nuestro país ha visto en los últimos años cómo emergían ingentes proyectos de centros de datos apoyados en argumentos de modernización industrial, soberanía tecnológica europea y creación de empleo cualificado. Son argumentos reales, pero incompletos a todas luces. Porque lo que Virginia nos enseña es que atraer esta infraestructura sin resolver primero la capacidad de transmisión, el reparto de costes de red y los efectos sobre los precios locales es, sencillamente, posponer el problema hasta que sea más caro y más políticamente delicado afrontarlo.