En un mundo atravesado por crisis simultáneas —conflictos armados, emergencia climática, inestabilidad económica y desplazamientos masivos— la acción humanitaria ya no puede limitarse a reaccionar ante lo urgente.

La magnitud y la velocidad de estas crisis exigen una transformación en la forma en que gestionamos la ayuda y evaluamos su relevancia. En organizaciones como la nuestra, donde ayudamos a 26,5 millones de personas cada año, esa escala obliga a garantizar que cada intervención genera un cambio real, sostenible y medible. Y que ese cambio importa no solo a quienes apoyamos, sino también a una agenda global que condiciona el futuro común.

Durante décadas, el éxito se midió en volumen: cuántas toneladas de alimentos se repartían, cuántos pozos se construían o cuántos fondos se ejecutaban. Ese enfoque permitió ordenar el trabajo y rendir cuentas, pero hoy se queda corto. La innovación humanitaria del siglo XXI no reside solo en la rapidez del despliegue técnico, sino en la capacidad de demostrar qué cambia en la vida de las personas y en sus comunidades gracias a cada euro invertido.

Medir el impacto es, también, una responsabilidad hacia las instituciones y la ciudadanía que sostienen la ayuda en un contexto de recursos decrecientes: cada recurso que se destina a acción humanitaria debe generar un retorno social tangible.

En 2025 consolidamos un modelo de impacto social que supera la acumulación de datos dispersos. No nos basta con afirmar que asistimos a 1,4 millones de personas en Gaza o que respondimos a la DANA en Valencia en menos de 48 horas. Evaluamos también cómo el despliegue técnico —el uso de 19 bombas de achique o la entrega de 700.000 euros en tarjetas de ayuda solidaria— mitigó riesgos sanitarios, mejoró la resiliencia de los hogares o impulsó la recuperación económica local.

Impacto social alineado con la agenda global

Este enfoque conecta, además, con el debate estratégico que hoy domina la agenda internacional. Buena parte del discurso —especialmente en Europa— gira en torno a defensa, seguridad y competitividad. En ese marco, lo social corre el riesgo de quedar relegado a un plano secundario, como un gesto ético, pero no como un pilar estratégico.

Nuestra experiencia demuestra que el impacto social puede medirse y monetizarse. En nuestros programas de acción social, por ejemplo, cada euro invertido con financiación del Fondo Social Europeo genera un retorno estimado de 3,7 euros en empleo, reducción de prestaciones, aumento de ingresos y dinamización económica local. No hablamos de "gasto", sino de inversión con un efecto multiplicador claro.

Por otro lado, existe un retorno menos visible, pero esencial para la estabilidad y la seguridad. Invertir en cohesión social reduce desigualdades, fortalece los vínculos comunitarios y disminuye la probabilidad de estallidos de violencia, discursos extremistas o migraciones forzadas.

Sociedades más cohesionadas son sociedades más seguras, más estables y también más competitivas. Relegar lo social a una "tercera división" tiene un coste que se paga en forma de polarización, conflictividad y pérdida de dinamismo económico.

De la filantropía a la política pública inteligente

Cuando se observa desde esta perspectiva, el trabajo humanitario y de desarrollo deja de ser una actividad caritativa para convertirse en una política pública inteligente. No es filantropía que se agota en la foto final de un proyecto, sino una inversión estratégica en personas y territorios que forman parte de sistemas globales interdependientes. Lo que ocurre en un barrio periférico de una ciudad europea, en un corredor migratorio centroamericano o en el Sahel, acaba teniendo consecuencias directas para nuestras propias sociedades.

La medición del impacto es, en última instancia, un contrato de confianza con la sociedad. Un contrato que será aún más exigente en los próximos años, ante la previsible reducción de la financiación humanitaria y de desarrollo. En ese escenario no bastará con demostrar que se han salvado vidas hoy; habrá que demostrar que se han fortalecido las capacidades necesarias para que esas comunidades resistan, se adapten y prosperen mañana.

La pregunta clave ya no es si debemos adoptar nuevas métricas, sino con qué rapidez podemos integrarlas en nuestra cultura organizativa. Porque el futuro de los niños y niñas que hoy dependen de la ayuda no debería estar definido por esa ayuda, sino por las oportunidades que desarrollen sus propias sociedades.

***Luis González Muñoz, director de Ingeniería Técnica y Acción Social de Acción contra el Hambre.