Una inversión de 3.062 millones de euros, alrededor de 3.000 empleos previstos entre las fases de construcción y explotación y la posibilidad de convertir Cantabria en un enclave de referencia para la inteligencia artificial y la supercomputación. Son las grandes cifras del Campus Tecnológico Altamira, un proyecto que el Gobierno autonómico considera estratégico para transformar su estructura económica, pero cuyo desarrollo todavía depende de una decisión administrativa sobre el acceso a la red eléctrica.

Y es precisamente en ese punto donde Eduardo Arasti, consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, ha expresado sus mayores reservas sobre la política del Ejecutivo central durante su intervención en el Digital Regions Connection 2026 - VI Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES.

El responsable regional ha defendido la necesidad de aprovechar la actual expansión de las infraestructuras digitales, que considera comparable, por sus consecuencias económicas, a la revolución industrial del siglo XVIII. Arasti sostiene que la prosperidad de los países durante los últimos tres siglos ha estado estrechamente vinculada a su capacidad para incorporar los avances tecnológicos y teme que España desaproveche una oportunidad semejante si dificulta las inversiones necesarias para desarrollar la economía digital.

"Sin centros de datos no hay inteligencia artificial", ha afirmado el consejero, quien ha vinculado directamente la disponibilidad de estas instalaciones con la capacidad de desarrollar nuevas actividades científicas y tecnológicas. En su opinión, Cantabria reúne condiciones suficientes para participar en esa transformación y atraer proyectos de una dimensión económica extraordinaria para una comunidad autónoma de su tamaño.

La principal apuesta es el Campus Tecnológico Altamira, impulsado por un promotor privado y estructurado alrededor de tres grandes infraestructuras: un centro de datos, un hub científico y tecnológico destinado a atraer empresas internacionales y un centro de supercomputación. La iniciativa también pretende preparar a la región para los avances de la computación cuántica, una tecnología a la que Arasti atribuye un papel destacado en la siguiente etapa del desarrollo informático.

La inversión anunciada asciende a 3.062 millones de euros, una cantidad que el consejero ha situado ligeramente por debajo de la cuarta parte del PIB regional y en una magnitud cercana al presupuesto anual del propio Gobierno de Cantabria. Durante la construcción se prevé la participación de 1.500 trabajadores, mientras que la fase operativa generaría, según las estimaciones trasladadas durante el encuentro, 1.450 empleos, de los cuales 350 serían directos y 1.100 indirectos.

Arasti ha explicado que la declaración de Altamira como primer proyecto estratégico de Cantabria responde tanto a su dimensión como a las ventajas competitivas que presenta frente a otras localizaciones. La primera de ellas es la conectividad internacional, gracias a las infraestructuras de cables submarinos que llegan a Santander y enlazan Europa con Estados Unidos. El consejero ha destacado especialmente el cable que desemboca en la playa de La Maruca y los planes de Google para establecer otra conexión transatlántica a través de la capital cántabra.

Esta proximidad a las redes internacionales de comunicaciones adquiere una importancia creciente para aplicaciones tecnológicas que necesitan transmitir grandes volúmenes de información con latencias mínimas. A ello se añade el clima de la costa de Cantabria, donde, según los datos expuestos por el responsable autonómico, la temperatura permanece por debajo de los 18 grados durante el 73% de las horas del año. Una circunstancia que permitiría reducir las necesidades de refrigeración de los centros de datos, instalaciones caracterizadas por un elevado consumo energético.

El tercer argumento es la disponibilidad de infraestructura eléctrica. Arasti ha señalado que el complejo podría abastecerse desde una subestación existente, integrada en un nodo robusto de la red, sin necesidad de acometer una nueva instalación de estas características. Además, ha asegurado que la inversión necesaria para la conexión sería sufragada por el promotor, sin trasladar ese coste a los ciudadanos.

La regulación eléctrica amenaza con complicar las inversiones

Pese a estas ventajas, el Campus Altamira debe superar todavía un obstáculo decisivo: conseguir la autorización administrativa que permita conectar sus instalaciones al sistema eléctrico. Una competencia del Gobierno central que, para Arasti, se ha convertido en el principal factor de incertidumbre del proyecto, especialmente ante las condiciones previstas en el real decreto con el que el Ejecutivo pretende ordenar el acceso de los centros de datos a la red.

El consejero ha comparado la situación con la de un estudiante que ha preparado bien un examen, pero que todavía tiene que demostrar sus conocimientos ante quien decide la calificación. Cantabria considera que Altamira reúne los requisitos técnicos y económicos para competir por la capacidad disponible, aunque desconoce cuándo se aprobará definitivamente la regulación y qué consecuencias tendrá su aplicación.

Arasti ha defendido que el acceso a los recursos eléctricos disponibles debe concederse a las iniciativas más competitivas y eficientes. Sin embargo, considera que las exigencias planteadas por el Gobierno pueden dificultar extraordinariamente el desarrollo de estos proyectos. Durante su intervención ha cuestionado especialmente la obligación de acreditar el suministro renovable mediante infraestructuras construidas con una antelación determinada y con correspondencia horaria entre producción y consumo.

El problema, según ha explicado, aparece cuando las instalaciones necesitan mantener su actividad durante periodos sin suficiente producción renovable. El consejero ha puesto como ejemplo las horas nocturnas en las que tampoco existe generación eólica, una situación que obligaría a recurrir al almacenamiento energético para satisfacer las condiciones descritas. Aunque acepta que deben establecerse criterios de eficiencia y sostenibilidad, considera excesiva la acumulación de obligaciones.

"Las condiciones individualmente consideradas son muy restrictivas", ha señalado Arasti, quien ha insistido en que su aplicación conjunta incrementa todavía más las dificultades para los promotores.

Su principal discrepancia tiene que ver con el reparto de responsabilidades entre la Administración y las empresas privadas. A juicio del consejero, las cuestiones relacionadas con la composición del suministro eléctrico y la gestión del sistema deben seguir correspondiendo al Estado, mientras que los promotores tendrían que acreditar el cumplimiento de parámetros objetivos relacionados con el funcionamiento de sus instalaciones.

En este sentido, ha reclamado un procedimiento más sencillo, basado en condiciones verificables como la eficiencia energética y la utilización del agua, que permita seleccionar los proyectos con mayores garantías sin incorporar obligaciones que considera desproporcionadas. El Gobierno cántabro teme que la complejidad regulatoria perjudique a España frente a otros mercados europeos que también compiten por atraer las inversiones de esta industria.

Arasti ha advertido de que las propias organizaciones empresariales del sector están alertando de la posibilidad de que miles de millones de euros terminen desplazándose hacia otros destinos, especialmente Portugal y Francia. "La competencia en el sur de Europa es brutal", ha afirmado, para defender que España debería poder concurrir a esa carrera inversora en igualdad de condiciones con los países de su entorno.

La Pasiega amplía las oportunidades industriales de Cantabria

La apuesta del Ejecutivo cántabro por atraer nuevas inversiones también tiene otra expresión en el centro logístico de La Pasiega, una actuación que Arasti ha presentado durante el encuentro como una de las principales oportunidades de desarrollo industrial de la comunidad. El proyecto, concebido inicialmente como un polígono industrial de unos dos millones de metros cuadrados brutos, ha adquirido una nueva dimensión tras los avances administrativos para incorporar una terminal intermodal y reforzar su vinculación con el puerto de Santander.

El consejero ha explicado que el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes permite plantear La Pasiega como una extensión logística del propio puerto, gracias a sus conexiones con las instalaciones portuarias y con el ferrocarril. Esta integración facilitaría la actividad de empresas que necesitan importar materias primas o exportar mercancías, al tiempo que ampliaría la capacidad del entorno de Santander para atraer nuevas actividades industriales.

Otro de los elementos determinantes es la disponibilidad energética. Arasti ha destacado el refuerzo de la subestación eléctrica existente y la incorporación de nuevas infraestructuras de suministro, unas actuaciones que considera esenciales para atraer compañías con necesidades intensivas de electricidad. El objetivo del Gobierno regional es aprovechar simultáneamente la proximidad al puerto, la conectividad ferroviaria y la potencia eléctrica para configurar un área especialmente atractiva para la implantación empresarial.

Preguntado por la posibilidad de incorporar a La Pasiega espacios de experimentación tecnológica o un entorno de pruebas para la innovación, el consejero ha situado las prioridades del proyecto en las actividades logísticas, industriales y electrointensivas. Su planteamiento pasa por atraer compañías que puedan beneficiarse directamente de la capacidad de importación y exportación, así como aquellas cuyos procesos productivos requieran importantes cantidades de energía.

Arasti ha insistido en que la vinculación con el puerto constituye una de las principales diferencias respecto a otros desarrollos industriales y ha recurrido a una comparación inmobiliaria para explicar su atractivo. En su opinión, una empresa que adquiere una parcela en La Pasiega obtiene, en términos funcionales, una ubicación integrada en el sistema logístico portuario de Santander, una ventaja que considera especialmente valiosa para las actividades manufactureras y comerciales que pretende captar el Gobierno de Cantabria.

Una sexta edición de récord

La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.

Cabe recordar, que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos- y la atracción de inversiones de grandes empresas también reciben foco durante el evento.

Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuentan con la colaboración de Mapfre, Vodafone, GTT, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.