Las claves

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Los tiempos evolucionan, las necesidades también; y, entrelazando el tiempo y la necesidad, emerge la tecnología y la ciencia, que avanzan de manera imparable.

Por eso no es tan descabellado que muchas comunidades autónomas procedan a reajustar leyes que concibieron hace años y que ahora, al calor de esos avances, no están adaptadas a la realidad del tejido investigador y empresarial.

Una de las últimas autonomías en dar este paso ha sido Andalucía. Hace unos días, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, defendió en el pleno del Parlamento el proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa), que podría ser aprobado la próxima primavera.

Este cuerpo legislativo actualiza el de 2007 y en dinero se traduce en que la Junta se compromete a dar continuidad a una política inversora en este ámbito que en esta legislatura ha supuesto dedicar más de 370 millones de euros.

El consejero ha puesto el acento en la apuesta que hace la norma por la excelencia científica. De acuerdo con el documento, se creará el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (SAIEX), con una doble estructura que se asienta, por un lado, sobre el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), que reconocerá y atraerá talento investigador de prestigio, "siguiendo modelos de éxito como ICREA en Cataluña o Ikerbasque en el País Vasco", y, por el otro, sobre las denominadas Unidades de Excelencia de Andalucía, que distinguirán a los grupos y centros de investigación más competitivos y con mayor impacto.

Además, la Ley ACTIVA reconoce la figura del personal tecnólogo, "fundamental para trasladar los resultados de la investigación al tejido productivo", según ha afirmado Gómez Villamandos, quien ha aclarado que "se pasa de un sistema que retiene como puede, a un sistema que reconoce, atrae y cuida el talento, sin dejar a nadie atrás y garantizando la igualdad de oportunidades".

Por otro lado, el consejero de Universidad ha destacado que la ley supone un salto cualitativo al avanzar hacia "una gobernanza clara, compartida y liderada políticamente, capaz de alinear toda la acción pública en materia de ciencia, tecnología e innovación".

Para hacerlo posible, ha desgranado los diferentes instrumentos que se configuran, entre los que se encuentra la Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación, que estará presidida por el presidente de la Junta de Andalucía y que coordinará todas las políticas de ciencia y tecnología del Ejecutivo autonómico.

También ha hecho alusión al Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación, órgano consultivo de reflexión y asesoramiento, donde estarán representados los principales agentes del sistema, y al Comité para la Integridad Científica de Andalucía, que velará por las buenas prácticas y la ética en la investigación.

Por otra parte y por primera vez, la ley andaluza de ciencia incorpora de manera expresa el Sistema de Investigación e Innovación en Salud del sistema sanitario público de Andalucía, con lo que se reconoce la labor de las fundaciones de investigación biomédica, los institutos de investigación sanitaria y los centros temáticos como GENYO, "claro ejemplo de éxito en la colaboración público-privada, que han sido esenciales en los últimos años, especialmente durante la pandemia", ha matizado el consejero.

Asimismo, el documento crea una figura pionera en España: la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Parlamento de Andalucía, cuyo objetivo es que la evidencia científica esté presente en la toma de decisiones legislativas. Esta oficina servirá para asesorar, elaborar informes y poner el conocimiento científico al servicio de las políticas públicas, y será "un paso decisivo hacia una política basada en la evidencia, en línea con las democracias más avanzadas", tal y como ha puntualizado.

La nueva normativa persigue converger hacia los niveles de inversión en I+D+I de la zona euro e introduce instrumentos para atraer inversión privada, regulando el patrocinio y el mecenazgo científico.

Con esa finalidad se configura el Consejo del Mecenazgo en I+D+I, que fomentará la colaboración entre el sector público y las empresas para financiar proyectos estratégicos, "teniendo en cuenta que una ciencia fuerte necesita un compromiso público sólido, pero también un ecosistema capaz de movilizar a la sociedad y al sector privado en torno al conocimiento", ha señalado Gómez Villamandos.

Transferencia de conocimiento

De igual modo, la Ley ACTIVA dedica un título completo a la transferencia del conocimiento, para que el que se genere en las universidades y centros de investigación se convierta en innovación útil para las empresas y la sociedad.

El nuevo marco impulsa, igualmente, la Compra Pública de Innovación (CPI), la ciencia abierta y la divulgación científica, y refuerza los instrumentos de conexión entre ciencia y empresa: los centros tecnológicos, los clústeres de innovación, los parques científicos y tecnológicos y las alianzas público-privadas. Además, incorpora, por primera vez, las unidades de innovación conjunta entre empresas y agentes del conocimiento como estructuras para el fomento de la innovación abierta.

En su exposición, el consejero también ha señalado que la promoción de la internacionalización de la ciencia andaluza constituye uno de los ejes que sustentan esta nueva norma, donde se fomenta la participación en proyectos europeos y la conexión con el Espacio Europeo de Investigación.

Asimismo, establece programas para atraer talento internacional y facilitar el retorno de los andaluces que desarrollan su labor en el exterior. A ello se suma la puesta en marcha de una estructura en Bruselas desde la que se trabaja ya para facilitar el acceso de universidades y centros de investigación andaluces a fondos europeos y potenciar su internacionalización en I+D+I.