La convergencia entre seguridad física y digital, la creciente sofisticación de los ciberataques y la dependencia tecnológica de empresas y administraciones públicas han centrado una de las mesas del Digital Regions Connection 2026 – VI Foro de Innovación Autonómica de DISRUPTORES.
Joaquín Gómez, director general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia; José Martínez Valenzuela, Cybersecurity Consulting Manager en Innovasur; y Roberto Lara, director de la unidad de negocio de ciberseguridad de Vodafone, han debatido sobre cómo reforzar la protección de las organizaciones, mejorar su capacidad de respuesta y avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica.
Todos ellos han coincidido en que la seguridad ha dejado de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en un factor estratégico de la actividad económica. "Las siguientes guerras se pueden librar en nuestras fábricas, en nuestras organizaciones, en nuestros puertos o en nuestras infraestructuras digitales", ha advertido Gómez, quien ha defendido una visión integral ante unas amenazas que difuminan las fronteras entre seguridad civil, militar y económica.
El responsable del Instituto de Fomento de la Región de Murcia ha subrayado que la disponibilidad de energía, materias primas, logística e información resulta esencial para mantener la actividad y garantizar la capacidad de respuesta. De ahí que la seguridad se haya convertido en una "infraestructura crítica invisible".
Por su parte, Valenzuela ha coincidido en que el objetivo ya no es únicamente proteger los datos, sino garantizar la continuidad de los servicios y los suministros. "Ya no se protege información, se protegen servicios, se protegen suministros, se protege la parte operativa", ha resumido. Un planteamiento que obliga a integrar la seguridad física y digital, puesto que una interrupción puede producirse tanto por un ataque informático como por la rotura de una infraestructura de comunicaciones.
El experto de Innovasur ha situado una de las principales debilidades de las organizaciones en la falta de conocimiento sobre sus propios sistemas. "Si no sabes cuál es tu inventario de activos, controlar las vulnerabilidades y priorizar los riesgos te va a costar", ha señalado.
En su intervención, Lara ha distinguido entre los ataques dirigidos al robo de información, los que cifran los datos para extorsionar a las víctimas mediante ransomware y aquellos que pueden provocar daños físicos. Como ejemplo de la convergencia entre ambos ámbitos, ha presentado un proyecto de Vodafone con la Unidad Militar de Emergencias (UME): un camión equipado con un mástil de unos 20 metros que proporciona cobertura 5G en zonas afectadas por incendios forestales y permite restablecer las comunicaciones para ciudadanos y equipos de emergencia.
Colaboración y soberanía tecnológica
La cooperación entre empresas y administraciones ha centrado parte de la conversación. En este sentido, Martínez Valenzuela ha destacado el intercambio de información sobre amenazas a través de redes de colaboración en ciberseguridad.
Entre los datos aportados, ha destacado que "la Red Nacional de SOC ha pasado de compartir unos 700 eventos mensuales en 2021-2022 a alrededor de 22.000 en el último mes". También ha mencionado la red Escudo, que conecta a España con países iberoamericanos para compartir información sobre incidentes y amenazas.
Gómez ha defendido igualmente la colaboración público-privada y el apoyo a las empresas para mejorar su seguridad.
Entre las iniciativas de la Región de Murcia ha destacado la financiación de diagnósticos de madurez, la implantación de planes de mejora, la formación y el impulso de proyectos de I+D. También ha mencionado el papel de los hackers éticos para identificar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas.
El debate ha abordado además la soberanía tecnológica y las dificultades para consolidar empresas españolas de ciberseguridad.
Los ponentes han advertido de que algunas compañías con productos innovadores terminan siendo adquiridas por grupos extranjeros, lo que puede desplazar fuera del país parte del conocimiento desarrollado; y han reclamado mejores condiciones para que las soluciones nacionales puedan competir en la contratación pública, "siempre con las garantías de seguridad exigibles".
La mesa ha concluido con una reflexión sobre la inteligencia artificial, cuya rápida evolución plantea nuevos retos tanto para quienes desarrollan herramientas de protección como para quienes deben defender sus sistemas.
Para terminar, todos ellos han coincidido en la necesidad de anticiparse a las amenazas, conocer las infraestructuras y reforzar la colaboración para garantizar la continuidad de los servicios.
Una sexta edición de récord
La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.
Cabe recordar que este año las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.
Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips, y la atracción de inversiones de grandes empresas también recibe foco durante el evento.
Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves, cuentan con la colaboración de Mapfre, Vodafone, GTT, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.