Para mejorar esta posición, 11 organizaciones vinculadas estrechamente con el desarrollo e impulso de la I+D+I de nuestro país -Asebio, Sernauto, Fedit, CTA, Cotec, Afid, CRUE, Ametic, Federación Nacional de Clústers y AEIs, Foro de Empresas Innovadoras (FEI) e IND+I-, han llegado a un consenso para defender la innovación “como actividad transversal por excelencia” en un documento presentado ayer en Madrid.

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En el manifiesto Nuevas Políticas de Innovación en España 2024-2027 se recogen 26 propuestas que han presentado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que, consideran, ayudarán a cumplir su propósito durante los próximos cuatro años, y siempre teniendo en consideración que, aunque sea esta cartera quien se erija en su interlocutor, se requiere la “actuación coordinada con el resto de los ministerios implicados, como el de Economía o Trabajo”, ha manifestado Paco Marín, vicepresidente del FEI.

“Nuestra visión es, al mismo tiempo, propositiva y positiva” y ha añadido que en la reunión que mantuvieron hace unos días con el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, hubo “buen entendimiento” e intención de fomentar una “actuación coordinada y dirigida” con el ministerio citado.

Regulación y gobernanza

Las propuestas se han estructurado en cinco bloques: Regulación, Gobernanza, Cooperación, Fiscalidad e Instrumentos. Y en ellas se contemplan a los diversos actores involucrados en la innovación, destacando la diversidad de este ecosistema, no solo en relación con la I+D+I, sino también en las empresas, los territorios y la sociedad.

En el ámbito de la regulación, se enmarcan tres de las propuestas. La primera busca reformar las leyes de subvenciones para adaptarlas a la I+D+I, eliminando barreras y creando normativas específicas; la segunda apunta a ajustarse a normativas europeas, corrigiendo definiciones y facilitando el acceso a ayudas públicas; y, por último, la tercera se centra en simplificar la Compra Pública de Innovación (CPI), buscando hacerla más accesible y eficiente para empresas e instituciones.

En el ámbito de la gobernanza, se han presentado cinco ideas para impulsar la innovación y competitividad en España. Una de ellas sugiere la creación de un Consejo Nacional de Innovación, como órgano asesor que garantice la eficiencia y seguridad jurídica en las políticas públicas de innovación.

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Además, se propone que la futura Ley de Industria tenga en cuenta el papel crucial de la innovación, orientándose hacia la competitividad de las actividades productivas del país y adaptándose a los cambios tecnológicos y normativos, como la transición energética y digital.

También se plantea la elaboración de un Sistema de Indicadores para medir el impacto en la sociedad de las inversiones, así como la implantación de metodologías de evaluación continua para el ecosistema tecnológico español, financiadas en sectores público y privado. Esta metodología, basada en informes de vigilancia tecnológica, busca conocer el contexto tecnológico para enfocar los proyectos de I+D.

Por último, se busca impulsar la generación y protección de tecnología propia, con acciones en programas públicos de I+D+I y los PERTE, cumpliendo normativas europeas y fomentando patentes "internacionales" en sectores y tecnologías estratégicas.

Más cooperación y cambios en la fiscalidad

En el contexto de la cooperación, la primera iniciativa plantea un programa enfocado en el desarrollo y la utilización de infraestructuras tecnológicas, tanto físicas como digitales, buscando hacerlas más accesibles para las empresas y así estimular la innovación. También se propone potenciar la cooperación entre los centros tecnológicos y el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), con el objetivo de fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología.

Además, se sugiere la transformación de las Oficinas de Transferencia en centros de innovación, enfocados en crear nuevas empresas basadas en tecnología y promover la comercialización de resultados de investigación. Y, por último, se plantea un programa de proyectos para brindar estabilidad a los equipos de gestión en clústeres, especialmente aquellos que involucran a pequeñas y medianas empresas junto con entidades de generación de conocimiento.

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En el bloque de la fiscalidad, son ocho las propuestas destinadas a fomentar la inversión en I+D+I en las empresas españolas. Entre ellas, se destaca la necesidad de reformar la limitación del Impuesto Mínimo de Sociedades en las deducciones por actividades de I+D+I, así como incrementar las deducciones por innovación tecnológica.

Además, se propone revisar los límites de estas deducciones para hacerlas más accesibles a las pymes, aplicar bonificaciones sin restricciones en la cuota de la Seguridad Social para los equipos de I+D+I, mejorar el tratamiento fiscal del desarrollo de software, diseñar incentivos para la inversión privada recuperar exenciones fiscales para la subcontratación de organismos de investigación y consolidar el Informe Motivado Vinculante (IMV) como un instrumento eficaz para la ejecución de las deducciones.

Qué instrumentos se necesitan

Todas estas propuestas requieren de instrumentos específicos para su implementación. A ellos también se dedica un bloque en el documento presentado ayer. El primero de ellos es completar el actual diseño de financiación basal para todos los agentes de I+D+I. En segundo lugar, se sugiere reforzar los actuales PERTES para apoyar de manera efectiva las actividades de I+D+I más prometedoras.

La tercera propuesta plantea la elaboración de un régimen especial para proyectos de gran envergadura con potenciales proyectos de continuación; a lo que también se propone la creación de un fondo público-privado para financiar empresas emergentes respaldadas por empresas maduras con experiencia innovadora, lo que necesitaría un marco legal y operativo específico para su gestión eficiente y transparente.

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Por otro lado, fomentar instrumentos que faciliten la identificación y comercialización de tecnologías atractivas para el mercado requiere políticas y programas de apoyo que promuevan la transferencia de tecnología y la colaboración entre sectores público y privado. Finalmente, la incorporación de criterios de evaluación específicos en las ayudas, como el desarrollo de tecnología propia y la valorización de patentes y derechos de propiedad industrial, exige instrumentos de medición y seguimiento que aseguren la efectividad y el impacto de estas inversiones en la economía y la sociedad.

Estas 26 propuestas se presentan “desde un espíritu de colaboración, mirando hacia el futuro y declarando el compromiso de las organizaciones firmantes para cooperar con el Gobierno en el éxito de las políticas que se deben formular en los primeros meses de la presente legislatura y con las que impulsar la innovación y el progreso empresarial de nuestro país”.