El intenso conflicto entre las VTC y el sector del taxi de los últimos meses refleja un problema estructural en cómo nuestro país afronta los cambios tecnológicos. Con la buena intención de proteger a los sectores perjudicados, se frenan los avances tecnológicos reduciendo el bienestar del conjunto de la sociedad. La clave es impulsar soluciones que ayuden a los perjudicados y a su vez faciliten la innovación.

Los avances tecnológicos suelen generar beneficios para la sociedad gracias al desarrollo de nuevos procesos, productos o servicios que traen una mejora de eficiencia. El balance es positivo a nivel agregado, pero hay segmentos que salen perjudicados. Por ejemplo, la popularización de la iluminación eléctrica mejoró radicalmente la calidad de vida de la población, al alargar las horas productivas y reducir el número de incendios domésticos. Sin embargo, los fabricantes de velas o lámparas de queroseno se vieron seriamente perjudicados, perdiendo sus empleos y negocios.

En el caso del taxi, la industria había sido regulada con un sistema de licencias como único método para garantizar la calidad del servicio y balancear la oferta y la demanda. Las innovaciones de aplicaciones como Uber y Cabify han posibilitado que todo esto pueda realizarse de manera mucho más eficiente a través de la tecnología: la puntuación de estrellas mantiene una alta calidad de servicio, y los precios dinámicos permiten balancear la oferta y la demanda en tiempo real, respondiendo a picos como conciertos o eventos deportivos. Sin embargo, los taxistas se ven perjudicados con el cambio de escenario.

Es legítimo que tanto empresas como trabajadores perjudicados por un avance tecnológico intenten presionar para evitar el cambio en sus industrias, ya que su bienestar depende de ello. La solución más rápida y fácil para el Gobierno es proteger el status quo. La propuesta de una hora de pre-contratación de las VTC en Cataluña es un claro ejemplo de ello. Pero este tipo de parches perjudica seriamente el bienestar social a largo plazo porque frena la innovación y la creación de valor que se deriva de ella para la sociedad. Sabemos que la calidad de vida sería mucho peor si hubiéramos prohibido la transición de velas a iluminación eléctrica. También se habría perdido la creación de empleo y riqueza de las industrias que aparecieron como consecuencia de la electricidad.

La dicotomía aparente entre innovar y proteger a los perjudicados es falsa. Se puede facilitar el cambio tecnológico y a la vez defender el bienestar de los que pierden con ese cambio. En lugar de orientar acciones a mantener el status quo, deben orientarse a ayudar a que las empresas y trabajadores perjudicados se adapten a la nueva realidad marcada por la innovación.

Existen dos fórmulas posibles para asegurar la transición. La primera es fomentar la reconversión profesional. Con un plan de formación y recolocación es posible reconvertir a trabajadores de un sector a las nuevas oportunidades que brinda el avance tecnológico, ya sea en su propio sector o en otros sectores que crecen. Esta solución proporciona ocupación a los afectados y permite orientar el mercado a los sectores con potencial de crecimiento. La segunda es rescatar a los afectados. A veces la reconversión profesional no es posible debido a factores como la edad, la diferencia de habilidades necesarias en otro oficio o la vulnerabilidad social. Para estos casos entran en juego instrumentos como los incentivos fiscales, las transferencias de renta u otras políticas sociales.

La elección del mix de fórmulas es compleja y la implementación final dependerá de las características de cada sector, la demografía de la fuerza laboral afectada y la distribución de sectores en la economía local. Para el caso de los taxistas afectados por las VTC, el “fondo de transición” propuesto por Cabify en el que se cobraría cinco céntimos por kilómetro recorrido en VTC para compensar a los taxistas sobre endeudados es un buen paso en la dirección adecuada.

El avance tecnológico genera beneficios muy tangibles para la sociedad, pero a la vez suele existir un segmento que sale perjudicado. El Gobierno puede (y seguramente debe) ayudar a estos afectados. Sin embargo, debe evitar hacerlo a través de perpetuar el statu quo, que destruye valor frenando la innovación. Una solución mejor es ayudar a los afectados a adaptarse a través de la reconversión a nuevas oportunidades laborales y fomentando rescates sin prohibir el cambio. Sólo así conseguiremos convertirnos en un país que fomenta el avance tecnológico a la vez que proporciona dignidad y bienestar a todos los miembros de nuestra sociedad.

Xavier de Gracia, director de Operaciones en Handy.com