El sector público, ese oscuro objeto del deseo tecnológico. Y en año electoral, complicación añadida. Para unas compañías de base tech hemos entrado en otra fase de inmovilismo ("con tanta inestabilidad institucional vivimos en la parálisis permanente"), para otras el interés de las administraciones es inabarcable. "Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera", dice el célebre texto de Tolstoi. Momento éste, con las Elecciones en Andalucía recientes, para analizar el impacto del sector público en la innovación y su pertinaz tendencia a politizar y hacer políticas erróneas.

Tenemos el llamativo caso de Pilar Tigeras, vicepresidenta del CSIC, el centro de investigación por excelencia de nuestro país. Pilar accedió en 1989 a la vicepresidencia y, tras iniciar en 1992 una década de experiencias por el sector público (como el Ministerio de Sanidad del PSOE), se reincorporó al Área de Cultura Científica en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces ha sido la única dirigente del CSIC que no ha perdido el puesto. Lo cual podría ser indicativo de una insustituible valía profesional o de manifiesta politización. Venimos diciendo, en fin, que la sombra de Jaime Lissavetzky y Alfredo Pérez Rubalcaba en el CSIC es alargada. 

Otra cosa es hacer política equivocada en innovación en una era en la que compiten los territorios y no sólo las empresas. En los albores del proyecto Madrid Central, la alcaldesa Manuela Carmena recibió junto a varios concejales a una multinacional que había diseñado un proyecto para monitorizar la entrada de coches a la almendra de la ciudad, un modelo similar al que se aplica en otros países y que abría la puerta, por ejemplo, a los peajes virtuales. Sin embargo, la pregunta fue: "¿Se puede distinguir si el coche lo conduce un hombre o una mujer?"

Iniciativas de peatonalización o contención de las aperturas comerciales en festivo están concebidas para favorecer al pequeño comercio en la era analógica. Pero no tienen sentido en la era digital (por razones medioambientales, quizás). Y lo mismo con la decisión del Gobierno de tumbar el anteproyecto de ley que pretendía obligar a cualquier negocio a aceptar pagos electrónicos a partir de 30 euros. ¿Están haciendo un favor a autónomos y retail o les están dando la puntilla al frenar su reconversión (por no hablar de la lucha contra el blanqueo de dinero)?

Política equivocada es no publicar en 2018 las líneas estatales de ayuda a empresas para que hagan I+D con los centros tecnológicos, o la última ocurrencia: que los trabajadores fichen para controlar sus horarios. Otra idea analógica que suena a vieja en la era digital.