Jarro de agua fría para el sector tecnológico vinculado a los pagos electrónicos: el Gobierno permitirá seguir cobrando sólo en efectivo compras de más de 30 euros. Se desmarca así del Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago que el Gobierno de Mariano Rajoy envió al Consejo de Estado y que establecía la obligación para comerciantes y profesionales de ofrecer a los consumidores la elección de cualquier medio de pago, incluidos  tarjetas y móviles, siempre que la transacción excediese la cantidad de 30 euros.

Comerciantes y profesionales iban a tener, además, la obligación de indicar en un lugar visible el instrumento de pago aceptado. Para ello, el anteproyecto de ley incluía una disposición final que modificaba la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por la fórmula del Real Decreto-Ley para la transposición de varias directivas europeas, entre las que se encuentra la PSD2. El Ejecutivo justifica la "extraordinaria y urgente necesidad" inherente a los Reales Decretos-Leyes en el retraso en la transposición de dichas directivas.

De hecho, el retraso de nuestro país en la transposición de esta directiva ya ha despertado las alarmas de la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción a España y otros 15 Estados miembros por no haber aplicado la norma a tiempo.

Entre otras novedades, la PSD2 obligará a los bancos a permitir a otras empresas registradas acceder en tiempo real a los datos bancarios de un particular o una empresa que lo autorice.