Corría el año 2011 cuando el entonces ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla, instauró la necesidad de que los distintos organismos públicos de nuestro país se subieran al carro de la digitalización. Lo hizo con una ley de voluntario cumplimiento, que solo caló entre las entidades vinculadas a la recaudación de impuestos, como la Agencia Tributaria.

Años más tarde, ya en 2015 y con fracasos sonados como el del DNI-e por el camino, el Gobierno lanzaba dos nuevas normas -la 39 y 40/2015- que imponían la obligación de ofrecer una cartera de servicios digitales a los ciudadanos por parte de todos los entes públicos. Entre otras tareas, encomendaba a las AAPP a garantizar la existencia de una página web con procesos de participación ciudadana, una sede electrónica funcional, la incorporación de la firma electrónica, la representación o el registro electrónico, la asistencia al ciudadano en estas cuestiones y la mejora de las notificaciones a los usuarios por canales digitales.

La norma establecía, además, una fecha límite para adoptar todos estos principios: el 2 de octubre del pasado 2018. Obviamente, un plazo de tiempo imposible para la lentitud con que se producen los cambios procedimentales y tecnológicos en el sector público, máxime si le unimos el factor de una crisis económica que ha lastrado los presupuestos de la AAPP en el último lustro. Pero, como suele suceder en estos casos, la solución fue muy sencilla por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez: establecer una moratoria que prolonga hasta octubre de 2020 las posibles sanciones por incumplir con estos requisitos básicos de e-Administración.

De nuevo, un plazo muy corto de tiempo y, a la vista del panorama actual, prácticamente imposible. Y es que, de acuerdo a un estudio de la consultora EY, ninguna Administración Pública del orden autonómico, provincial o municipal cumple con los 112 requisitos básicos establecidos por estas dos leyes.

De hecho, en algunos ámbitos -como el de la representación y registro electrónico, solo hay una entidad -la Diputación de Almería- que ofrece estas capacidades mediante un registro de empleados públicos habilitados. Al mismo tiempo, vemos alarmantes curiosidades como que el gobierno de Cantabria no dé respuesta ni tan siquiera a todos los requisitos más elementales sobre su página web oficial, algo que se supone superado desde hace una década.

Por niveles de la AAPP, comprobamos cómo las Comunidades Autónomas son las más maduras en su proceso de transformación digital, cumpliendo de media el 77% de los requerimientos. Incluso algunas regiones, como el País Vasco, rozan el pleno absoluto (94,7% de cumplimiento), al igual que Galicia, que alcanza el 94,2%. Sin embargo, no olvidemos que hay otras CCAA en las antípodas de estos logros: Extremadura apenas da respuesta al 47,9% de las exigencias de las leyes de 2015, mientras que Aragón (51,2%) o Navarra (66,5%) tienen todavía la mitad del camino por recorrer... en apenas un año y medio.

En el ámbito de las Diputaciones Provinciales, más de lo mismo. De media, estos entes cumplen con el 64% de los requerimientos básicos identificados por los analistas de EY, pero existen dos velocidades claras en esta adopción: mientras que las Diputaciones de Guipúzcoa, Sevilla, Almería, Vizcaya o Gran Canaria superan el 80 o el 90% de cumplimiento, otras como el Cabildo de La Gomera o las diputaciones de Guadalajara, Cuenca, Toledo o Soria oscilan entre un paupérrimo 0,9% de cumplimiento y un igualmente escandaloso 37,2%.

Algo mejor es la situación en los principales ayuntamientos de España. En general, el cumplimiento de los valores básicos de la Administración electrónica se queda en el 64,5%, con algunos municipios muy avanzados en este proceso (como Valencia -87%- u Hospitalet -82,8%-) y otros que apenas saben lo que es una página web, como es el caso del Ayuntamiento de Mérida, que solo da respuesta al 0,5% de las obligaciones esenciales de las leyes 39 y 40/2015.

"El horizonte de 2020 es muy cercano y muy exigente, no sobra tiempo precisamente", ha reconocido Manuel Márquez, socio y responsable de consultoría de sector público de EY. "Hay una brecha digital clara, dos velocidades en la adopción de estas tecnologías. Además, el regulador está yendo claramente por delante del hecho social en sí". Una diferencia entre los líderes y los rezagados que, en su opinión, puede acrecentarse todavía más con la adopción de la inteligencia artificial.