Estados Unidos mantiene la ambición de liderar la revolución de la inteligencia artificial mediante la creación de la mayor infraestructura tecnológica del planeta.
El gobierno de Donald Trump, desde su regreso al poder el año pasado, ha reforzado esta estrategia apostando por alianzas estratégicas clave con el sector privado, facilitando inversión, permisos y un entorno regulatorio favorable para acelerar su desarrollo.
Sin embargo, los efectos de esta expansión acelerada ya comienzan a hacerse visibles en diversas comunidades del país.
En estados como Virginia, Carolina del Sur y Georgia, diversos estudios indican que los centros de datos llegan a consumir una proporción significativa de la electricidad disponible.
El principal problema asociado a la llegada masiva de centros de datos a estas comunidades es el impacto directo sobre el precio de la electricidad para los residentes. En estados como Virginia, se estima que los costes eléctricos podrían duplicarse en la próxima década.
Stargate, un proyecto anunciado por Trump en 2025 junto con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, añade más presión al sistema. La iniciativa, que contempla inversiones de hasta 500.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos, fue presentada inicialmente sin detallar con precisión los efectos colaterales que este despliegue tendría sobre las comunidades locales.
En julio de 2025, la administración Trump emitió una orden ejecutiva destinada a agilizar la tramitación de permisos para la construcción de nuevos centros de datos.
Esta decisión permitió que empresas como xAI, fundada por Elon Musk, se establecieran en ciudades como Memphis, donde comenzaron proyectos energéticos basados en turbinas de gas con controles medioambientales limitados y escasa supervisión a nivel local.
Este escenario se ha convertido en un desafío político y empieza a percibirse como una amenaza electoral para el Partido Republicano. A medida que se acercan las elecciones de noviembre, el descontento ciudadano por el encarecimiento de la electricidad podría poner en riesgo la mayoría absoluta con la que el partido cuenta en la actualidad.
La campaña presidencial de Trump en 2024 giró en torno a la promesa de reducir el coste de vida para los ciudadanos estadounidenses. Un año después, esa promesa se ha visto erosionada por el aumento generalizado de los precios por el impacto de los aranceles impuestos a otros países.
La situación podría resultar más manejable con un impulso hacia las energías renovables. No obstante, la administración Trump ha priorizado políticas favorables a los sectores tradicionales del gas natural y el petróleo. Estos recursos no serán suficientes para satisfacer la creciente sed energética de la inteligencia artificial, lo que ha reabierto el debate sobre la energía nuclear como alternativa viable.
Ante este contexto, la administración trabaja en un plan destinado a mitigar el impacto sobre los consumidores. De nuevo, lo hace en coordinación con las grandes firmas tecnológicas del país.
El pasado 13 de enero, Microsoft anunció, junto con Trump, su compromiso de pagar más impuestos por la operación de sus centros de datos y de renunciar a deducciones relacionadas con el coste energético o fiscal en las ciudades donde estén ubicadas estas instalaciones.
Días más tarde, el gobierno federal y un grupo de gobernadores estatales presentaron una nueva medida que obligaría a las empresas tecnológicas a asumir mayores costes cuando sus proyectos requieran la construcción de nuevas plantas energéticas para abastecer los centros de datos.
Más recientemente, OpenAI difundió un comunicado en el que se comprometió a financiar su propio consumo eléctrico, garantizando que el consumidor final no se vea afectado por el gasto derivado de sus operaciones.
La Casa Blanca dispone ahora de poco más de ocho meses para cambiar la realidad o la percepción pública.