Las claves

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El primer día del año marca el inicio de una nueva etapa regulatoria en varios estados de Estados Unidos y, entre ellos, destaca el perfil de California. En 2026, “DROP” se consolida como una de las normativas más relevantes que entran en vigor con el comienzo del nuevo ciclo legislativo, situando al estado a la vanguardia de la protección de la privacidad digital.

Se trata de la ley más avanzada a nivel mundial, al permitir que los residentes del estado obtengan mayor control sobre sus datos personales que circulan en internet y que, hasta ahora, han estado disponibles para empresas dispuestas a pagar por ellos, con escaso conocimiento o consentimiento por parte de los ciudadanos afectados.

DROP corresponde a las siglas de “Delete Request and Opt-Out Platform”, traducidas al español como “Solicitud de eliminación y plataforma de exclusión”.

En términos prácticos, la ley se articula a través de una web oficial, con el mismo nombre, desde la cual los californianos pueden solicitar, en cualquier momento, que las grandes compañías dedicadas a la explotación y venta de datos eliminen su información de las bases de datos.

Las empresas de comercialización de datos suelen rastrear y recopilar la información digital disponible de los ciudadanos para posteriormente venderla a anunciantes, agencias gubernamentales e incluso a estafadores online, quienes pueden emplear esos datos para engañar a los usuarios.

Esta información, además, puede utilizarse para la suplantación de identidad, ya que en muchos casos incluye el número de seguridad social de las personas, un identificador de máxima relevancia en Estados Unidos por su vínculo directo con el historial crediticio de cada individuo.

En 2023, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la denominada “Ley de Eliminación” (Delete Act, en inglés), mediante la cual se encomendaba a la Agencia de Protección de Datos de California la creación de una sola plataforma digital que permitiera a los residentes gestionar, desde un único punto, la eliminación de su rastro digital.

Finalmente, la plataforma se puso en funcionamiento a partir del 1 de enero, aunque las empresas dedicadas a la venta y explotación de datos personales disponen de plazo hasta el 1 de agosto de este mismo año para comenzar a procesar las solicitudes de los ciudadanos.

Una vez recibida cada solicitud, las compañías afectadas tendrán 90 días para eliminar los perfiles correspondientes o se enfrentarán a multas diarias por incumplimiento.

El estado no comenzará a supervisar formalmente el cumplimiento de la normativa hasta 2028, momento en el cual iniciará auditorías aleatorias con el objetivo de verificar si las empresas de datos están cumpliendo efectivamente con la nueva ley.

Normalmente, los datos expuestos en estas bases de información incluyen el correo electrónico del ciudadano, su número de seguridad social, detalles sobre ingresos y situación laboral, estado civil y preferencias políticas.

Hasta ahora, la única forma de eliminar este tipo de información consistía en investigar manualmente qué empresas podían estar comercializando dichos datos y solicitar la eliminación del perfil de manera individual. Sin embargo, esta tarea resultaba compleja y prácticamente inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, ya que existen más de 500 compañías de este tipo registradas únicamente en California.

Para proceder a la eliminación de sus datos personales, los residentes del estado solo necesitan demostrar su residencia californiana, crear un perfil en la web de DROP y completar un formulario.

A partir de ese momento, las empresas de datos están obligadas a eliminar toda la información recolectada mediante rastreos online y a través de las aplicaciones y servicios digitales que los usuarios utilizan en su vida cotidiana.

De esta manera, California se sitúa a la cabeza con la legislación más ambiciosa de protección de datos personales en el mundo, un movimiento histórico que abre la puerta a que otros estados del país comiencen a impulsar marcos legales similares para proteger la privacidad de sus ciudadanos en la era digital.

No obstante, por ahora no se prevé que el gobierno federal adopte una postura equivalente. La administración Trump ha manifestado reiteradamente su preferencia por políticas menos restrictivas y una regulación más laxa en este tipo de actividades.