El viernes 9 de octubre, a punto de cumplirse un mes de la petición de información al Centro Nacional de Inteligencia por parte de la juez María Tardón, una letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Nacional se presentó en la sede del servicio secreto con un oficio de la magistrada que investiga la entrada masiva en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Se trataba de un requerimiento dirigido personalmente a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. En su ausencia, fue recogido por el secretario general, Luis García Terán.
En el oficio se hacía notar el tiempo transcurrido desde que, el 11 de septiembre, la instructora solicitó información al CNI sobre los datos de los que disponía antes de la violación de la integridad territorial de España con una avalancha de más de 90.000 personas, en su práctica totalidad marroquíes.
Tardón requería a la responsable del CNI la remisión del informe "a la mayor urgencia" y, en todo caso, en el plazo improrrogable de tres días.
La juez advertía de que la no atención del requerimiento tendría las consecuencias procedentes en Derecho.
El pasado miércoles, último día del plazo, Casteleiro remitió a la Audiencia Nacional un informe "decepcionante", valoran fuentes del órgano, especialmente si se tiene en cuenta que desde el CNI se había dado a entender pocas fechas antes que se iba a aportar información relevante y novedosa.
Ese mismo día se supo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la que depende el CNI, había aceptado ser número dos en la lista encabezada por Pedro Sánchez para las elecciones del 29-N, tras la negativa de la vicepresidenta Sara Aagesen a figurar en la candidatura.
Los 22 folios del informe son "una repetición de lo ya conocido", hasta el punto de que, aunque el documento del CNI contiene la prevención de que "la presente información deberá ser protegida", e inicialmente se había incorporado a una pieza separada secreta (accesible solo al fiscal), la instructora decidió trasladarlo a las partes personadas al no ver dato alguno que no se supiera y fuera merecedor de reserva, dada su "escasa entidad".
El documento se limita a reiterar que el CNI identificó el 29 de julio en redes sociales llamamientos para un "asalto masivo por tierra y mar a Ceuta", llamamientos que superaban la "dinámica usual" de ese tipo de convocatorias.
Todo esto ya constaba en el procedimiento judicial gracias al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Comisaría de Extranjería (CENIF), adelantado por el EL ESPAÑOL, que fue determinante para que la juez Tardón iniciara la investigación.
El CNI añade que alertó del "alto riesgo de asaltos inminentes a la frontera" al jefe de gabinete del entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, a través de mensajes de Whatsapp.
Esto también era conocido, no solo por la información que el presidente del Gobierno acordó desclasificar, sino también a través del exjefe de gabinete, Gonzalo Sanz, que ha aportado al Juzgado datos "muy esclarecedores" durante y después de la declaración que prestó el 1 de octubre como testigo.
El informe del servicio secreto de inteligencia ratifica -también esta información ha trascendido- la "actitud muy pasiva" de los gendarmes marroquíes en la frontera con Ceuta, pese tener conocimiento de un "incremento real y tangible" en la afluencia de migrantes hacia la zona colindante con la ciudad española "en los días previos a la entrada forzada".
En cambio, el CNI no hace ninguna alusión a un dato de especial trascendencia que si figuraba en el informe del CENIF: cómo gendarmes y "agentes marroquíes no uniformados" dieron indicaciones a los migrantes para acceder a Ceuta y se encargaron de gestionar el flujo de los miles de personas llegadas a Castillejos para que se dirigieran a zonas predeterminadas para alcanzar territorio español.
De este modo, sobre lo que el CENIF llama el "guiado activo" de la masa hacia los lugares de paso por parte de esas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el CNI guarda silencio. Lo mismo que sobre los "agentes no uniformados" cuyas fotografías en la zona de Castillejos adjuntó el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional.
Al igual que el CENIF, el servicio secreto da cuenta de una segunda convocatoria para otra entrada en Ceuta desde Castillejos el 15 de agosto. Esta convocatoria fue absolutamente controlada por la estructura de seguridad marroquí, la cual, por contraste, estuvo inoperante en un proceso que duró más de 48 horas, durante los días 30 y 31 de julio.
En cambio, el CNI no hace alusión -ni para confirmarla ni para desmentirla- a la afirmación del CENIF en el sentido de que la finalidad migratoria de la entrada masiva de julio fue solo una "cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta".
Hay otras dos omisiones relevantes, consideran fuentes de la investigación.
La primera es que, aunque el CNI alude a que el 29 de julio remitió una "alerta urgente" a los servicios de inteligencia marroquíes sobre las convocatorias de "asalto a Ceuta" que se anunciaban para el día siguiente, proporcionándoles información de los grupos de WhatsApp y Facebook más activos, no refleja en el informe cuál fue la respuesta de Marruecos.
Tampoco indica si a ese aviso siguieron otras comunicaciones, como parecería lógico ante la entidad de los acontecimientos que se desencadenaron desde primera hora del 30 de julio.
La segunda es que la instructora preguntó al CNI si ha realizado "alguna investigación con posterioridad y emitido algún otro informe".
El centro responde que "ha continuado realizando investigaciones destinadas a determinar con mayor detalle lo sucedido tras la fase más aguda de la crisis" y dice que buena parte de las informaciones y análisis recogidos en este informe sobre ello se basan en investigaciones posteriores a la crisis del 30 y 31 de julio de 2026". Sin embargo, no adjunta los documentos que recogieron las investigaciones que se dicen realizadas, pese a que la instructora preguntó si podía remitir al Juzgado el documento elaborado.