"Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas (...)".
Con este precepto -artículo 50.2 de la ley electoral- el ordenamiento jurídico dispone que "está absolutamente prohibido el uso partidista, en beneficio de una determinada facción política, de los recursos institucionales que las autoridades tienen asignados", ha declarado la Junta Electoral Central.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conoce esta norma y la doctrina de la JEC porque ha sido sancionado varias veces por incumplir el deber de neutralidad que las reglas electorales le imponen en el ámbito institucional.
Sánchez, el jefe de Gobierno de la democracia más sancionado por vulnerar el fair play electoral, fue multado con 2.200 euros por la Junta Electoral Central el 12 de julio de 2023 porque, a siete días del comienzo de la campaña del 23J, aprovechó su asistencia a un Consejo de la UE en Bruselas para alardear de su gestión y atacar al PP.
"La realización de alusiones y apreciaciones valorativas con connotación electoralista podría resultar legítima en el curso de un acto de campaña o en el ordinario ejercicio de la libertad de expresión, pero no en el desempeño de la actividad institucional propia de una autoridad pública", le dijo el Tribunal Supremo cuando en enero de 2025 desestimó su recurso y confirmó la sanción que le impuso la Junta Electoral.
"La utilización arbitraria de recursos públicos en beneficio de una formación política determinada perjudica a todas las demás y, consiguientemente, quebranta las condiciones de igualdad" entre las fuerzas políticas que concurren a la contienda electoral, indicó también el alto tribunal.
Pese a ello, llega ahora el siguiente período de comicios generales y Sánchez, reincidente, ha vuelto a aprovechar su presencia ayer en Bruselas, esta vez convocado a un Consejo Europeo, para hacer lo mismo por lo que ya fue sancionado en 2023.
"El plan de PP y Vox es mentir"
El presidente del Gobierno se detuvo a hablar más de 20 minutos con los medios de comunicación para presumir de que "desde España hemos estado durante estos últimos ocho años haciendo una transformación energética (...). Esto ha hecho que el precio de la electricidad en nuestro país sea mucho menor a la media europea (...). España ha sido el país que más recursos ha movilizado para crear ese escudo social y económico y proteger a nuestras empresas, nuestros hogares y también a los sectores directamente afectados por el precio, por ejemplo, del gasoil".
También se jactó de que "España va camino, gracias al éxito económico que estamos teniendo, de tener un crecimiento económico por encima de 2%, de ser una de las principales economías del mundo que más está creciendo".
En abierta clave electoral, manifestó que "el PSOE no aspira solo a ganar el Congreso y a tener una mayoría más amplia y progresista en el próximo Parlamento, sino que también queremos ganar el Senado".
"Nuestra intención es que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que acabe el año", dijo.
Y añadió: "Me va a permitir que traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas claramente afines al PP o a la ultraderecha o bien portavoces del PP y de la ultraderecha que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto está a punto de colapsar o bien piden que se callen hasta después de las elecciones".
"El plan de la derecha y la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación", ha dicho.
"El sistema es sostenible, por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y, además, vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. En 2018, cuando gobernaba el PP, eran 5.000 millones de euros lo que había", ha manifestado, repitiendo el mismo mensaje que ha expresado en los primeros mítines de pre-campaña.
Según Sánchez, "las políticas que estamos poniendo en marcha durante todos estos años, vinculadas con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, con una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido reducir al 12% la precariedad, la temporalidad en los contratos y, por tanto, abrir las puertas a la contratación indefinida son buenas medidas también que garantizar la sostenibilidad presente y futura de nuestros jubilados. Porque de lo que estamos hablando es de contratos más dignos, de sueldos más dignos. Y el debate debería estar ahí, no en recortar a los pensionistas como quieren PP y Vox".
A la misma hora que Sánchez se expresaba en la capital europea en esos términos, la Junta Electoral estaba acordando, por unanimidad, abrirle un nuevo expediente por las manifestaciones electoralistas que vertió en una comparecencia institucional en Moncloa el pasado 6 de octubre para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en materia de vivienda.
Muchos de esos mensajes coinciden con lo dicho en Bruselas (lo de la "mayoría más rotunda", los logros económicos, la hucha de las pensiones en 2018 y ahora), por lo que ayer podría haberse hecho acreedor de otro expediente sancionador, el sexto. De hecho, sus manifestaciones en la sede de la Comisión Europea fueron más beligerantes contra sus adversarios electorales que las del 6 de octubre.
Advertencia
Además de incoar el expediente, el acuerdo de la JEC "insta" al presidente del Gobierno a que, "durante el período electoral, observe el deber de neutralidad política exigible a los poderes públicos y se abstenga de realizar manifestaciones contrarias al artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en actos institucionales".
La Junta Electoral le advierte de que "la reiteración de tales conductas podrá dar lugar a las correspondientes responsabilidades sancionadoras, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse del incumplimiento de los requerimientos expresos de esta JEC".